Independientes, ¿chamaqueados?
Los datos son demoledores. Según el INE, cada aspirante a la candidatura independiente tiene las siguientes firmas “simuladas”: Armando Ríos Piter más de 800 mil; Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, 200 mil; y Margarita Zavala un poco más de 400. ¿Quién chamaqueó a los candidatos? ¿Por qué entregaron firmas de electores simuladas, es decir, que no existían? ¿Los traicionó alguien de su equipo? ¿O alguna persona los engañó y les vendió firmas falsas?
Quienes hemos experimentado la actividad de la competencia política electoral, sabemos que tener un equipo de personas confiables es un factor indispensable para tener éxito, no está por demás recordar la máxima de que “en política la moneda de cambio es la lealtad”. Si los integrantes del equipo son de confianza, trabajarán y velarán por los intereses de su líder.
De acuerdo con los artículos 446 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en caso de que un aspirante infrinja la ley, se le debe negar el registro con independencia de si lograron llegar al umbral de las firmas necesarias. Sin embargo, me niego a señalar a cualquiera de los tres aspirantes independientes de tramposos; nadie en su sano juicio echaría por la borda una carrera política como la construida por cada uno de ellos.
Es decir, no veo a ninguno de los tres contendientes como malévolos líderes del fraude, sino como víctimas de su propia y legítima aspiración de contender por la Presidencia de la República. No sería la primera vez que algún aspirante a alguna candidatura fuera víctima de un demagogo o vividor de estos procesos electorales que les haya prometido ganar no sólo el registro, sino la propia candidatura. El problema no es que eso suceda, es que el aspirante caiga en la trampa. Ya lo había denunciado Pedro Ferriz de Con, que alguien le había ofrecido firmas a cambio de dinero. La ética y quizá la falta de recursos hizo que este aspirante se negara y denunciara la propuesta; la pregunta aquí sería: ¿fue eso lo que pasó con los otros contendientes, ellos si aceptaron? ¿O hay otra explicación? Me gustaría mucho conocer su versión de los hechos porque falsificar firmas es un delito y él o los responsables de haberlo hecho deberían pagar las consecuencias.
Lo que no considero que sea un delito es pagar una estructura que consiga firmas para lograr el registro, de hecho cualquier político que quiere ganar una candidatura de mayoría relativa (de territorio), aun siendo integrante de algún partido político, tiene que “invertir” en trabajo cotidiano con los ciudadanos, eso incluye todo tipo de gastos, desde montar una oficina con estructura, dádivas en el día de reyes, del niño, de la madre y hasta del padre. Incluso, los aspirantes deben tener capacidad de resolver peticiones por medio de lo que se podría denominar “tráfico de influencias” porque, día a día, llegan ciudadanos sin empleo o con peticiones de becas de todo tipo y si el aspirante no tiene capacidad de conseguirle nada, pues simplemente buscan a otro que sí lo haga. De igual forma, cuando comienzan las precampañas, dentro de los partidos las candidaturas de “pie-tierra” son disputadas con todo, y eso incluye grandes cantidades de dinero para contratar consultores, estructura territorial, despensas, regalos, propaganda y hasta entrevistas pagadas en algunos noticiarios o programas de forma disfrazada.
Así que, sin ser justificación de algo mal hecho por los candidatos independientes, lo que ha pasado con ellos es grave y amerita una explicación pública porque ha quedado disminuida su credibilidad ante los ciudadanos y ha generado un impacto en la confianza de una figura de “candidatura ciudadana”. No obstante que considero que tal vez alguien perpetró un fraude contra los aspirantes, creo que sólo debe darse el registro a quien tenga el número de firmas para hacerlo y que esta experiencia tiene que servir para corregir la Norma jurídica, porque, a decir verdad, el diseño de la candidatura independiente tiene que mejorarse. ¿Acaso no bastaría con un sistema electrónico mediante el cual los ciudadanos expresáramos nuestro respaldo a un aspirante a candidato independiente, sin necesidad de grupos promotores? Al fin no reciben financiamiento público en esta etapa. Es decir, que desde un teléfono inteligente o una computadora pudiera expresarse el respaldo a quien pretenda ser candidato ciudadano. Una alternativa de este tipo —con los controles de transparencia y seguridad pertinentes— es técnicamente posible y mediría, no la capacidad de organización y movilización, sino el respaldo popular que, al fin y al cabo, es de lo que se trata una candidatura independiente.
