Alianzas políticas y legitimidad electoral
Ya se ha dicho en muchos lados, pero es de suma importancia tener en mente que el actual proceso electoral está dibujándose, además es muy complejo y atípico, sin antecedente histórico en nuestro país. Se va a elegir al Presidente de la República, pero también a 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gobernadores, un jefe de Gobierno, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías de la Ciudad de México (que, por cierto, no hay ninguna propaganda oficial masiva que explique a los ciudadanos de estos nuevos cambios) y 972 diputados locales.
Se estima que pueden concurrir a las urnas hasta 87 millones de ciudadanas y ciudadanos y a diferencia de otros procesos, el número de boletas se incrementará en algunas entidades por la cantidad de candidatos y por los cambios electorales locales, como es el caso de la Ciudad de México. Ya sólo con esos números, podemos augurar toda clase de reproches e inconformidades contra los órganos responsables de organizar y realizar los comicios tras darse a conocer los resultados.
Podrían ser tan cerradas las elecciones en los diferentes niveles que los partidos políticos nacionales han registrado toda clase de alianzas, no importa si éstas pueden ser vistas antinatura ideológicamente hablando, porque lo que importa es tener el mejor posible resultado electoral. Sin lugar a dudas, la que mayormente destaca es la del PRD con el PAN, la cual le ha costado a este último partido una serie de renuncias de personajes destacados y con varios años de militancia, pero también al PRD le ha ido mal, aunque a nivel nacional la élite partidaria se reagrupó y pareció cerrar filas, a nivel local, son muchos los liderazgos que se han inclinado por apoyar la alianza Juntos haremos historia, cabe destacar que, no sólo distinguidos militantes del PRD están haciendo esto, sino, también, otros personajes como Gabriela Cuevas o Luis Donaldo Colosio, quienes han decidido en esta semana apoyar a Andrés Manuel López Obrador, ya sea por medio de la alianza nacional entre Morena, PT y PES o de forma separada por medio de alguno de los tres.
Es cierto que, según la consideración de muchos analistas, hay más distancia entre el centro y los extremos que entre las llamadas “izquierda” y “derecha”, lo que haría de estas alianzas algo menos que descabellado de lo que podría parecer, pero siguen suscitando muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿el pragmatismo electoral está justificado siempre? ¿Importan las ideologías? Veamos: si los candidatos representan, supuestamente, intereses de electores de distintos espectros, ¿se puede decir que los siguen representando a pesar de que han traicionado toda ideología que alguna vez los conformó? En cierta forma, cuando el votante vota por el candidato de una alianza, éste lo sigue representando, y si considerara que alguna otra opción lo representa mejor, tendría toda la libertad de cambiar su voto.
Sin embargo, también puede decirse que las opciones del electorado quedaron limitadas al establecerse una alianza, que se le forzó a escoger de entre menos opciones la que le parezca menos mala, minándose así, al menos, un poco la legitimidad y efectividad de la representación política. Habría en ese supuesto, un déficit democrático. Por otro lado, no sería constitucional prohibir las alianzas, por supuesto, al atentar dicha medida contra la libertad de asociación, pero también es verdad que implementar una medida como la segunda vuelta podría, en primera instancia, hacerlas innecesarias, dando más legitimidad, fuerza y contundencia al resultado final.
El teórico Charles Tilly habló de ello al explicar que en las sociedades existen procesos de democratización, pero también de desdemocratización. Esta premisa es válida en la medida en que vemos cómo la democracia nacional —expresada en este proceso— es compatible con la desconfianza hacia las instituciones, con la pobreza y la desigualdad.
Sí, el Instituto Nacional Electoral ha ganado su reconocimiento de que es capaz de organizar la jornada electoral, pero, existe un tremendo desconocimiento ciudadano sobre lo que hacen las demás instituciones como, por ejemplo, el Tribunal Electoral o la Fiscalía de Delitos Electorales que, incluso, se llega a confundir con la de anticorrupción. Y ni hablar de la coordinación entre estos órganos a nivel federal y los locales. Por si fuera poco, existe la sospecha sobre la capacidad de regulación de las autoridades por los propios partidos políticos que constantemente han descalificado su actuar cuando alguna determinación no ha sido de su gusto. Es en este contexto que tenemos que preguntarnos: ¿el proceso electoral es libre o está vulnerado? ¿Podrán las instituciones lograr que quienes pierdan la elección reconozcan los resultados? Es decir, ante lo atípico de este proceso, ¿cómo lograr que los diferentes frentes políticos acepten que, si no ganan sus candidatos, la elección fue legítima?
