¿Nulificar la figura presidencial?

Desde 1997, en la Cámara de Diputados, el Presidente de la República no ha tenido una mayoría calificada: LVII Legislatura (PRI 1997-2000): PRI: 235; PAN: 24.2; PRD: 25.2%. LVIII Legislatura: (PAN 2000-2003): PRI: 210; PAN: 207; PRD: 52. LIX Legislatura (PAN 2003-2006): PRI: 224; PAN: 151; PRD: 97. LX Legislatura (PAN 2006-2009): PAN: 206; PRD: 127;  PRI: 106. LXI Legislatura (PAN 2009-2012): PRI: 242; PAN: 142; PRD: 63. LXII Legislatura (PRI 2012-2015): PRI: 239; PAN: 121; PRD: 126, y LXIII Legislatura: PRI: 210; PAN: 207; PRD: 52.

Esta nueva realidad del sistema presidencial ha fortalecido al Poder Legislativo, que se ha vuelto más productivo en cuanto a reformas constitucionales y producción de nuevas leyes e instituciones. Con respecto de la relación con el Presidente, hay una separación y equilibrio de poder como no lo había antes del año 2000 pero, lamentablemente, esta división de poder en algunos momentos se ha ido al extremo de convertirse en obstáculo al ejercicio del Poder Ejecutivo y, en algunas coyunturas, ha ocasionado una muy mala relación. Incluso, el Poder Judicial ha tenido que intervenir para dirimir controversias como las que se presentaron entre el presidente Vicente Fox y la Cámara de Diputados por el Presupuesto en el 2005. Por otra parte, los gobernadores empezaron a asumir los poderes “metaconstitucionales” con una muy alta concentración de poder que les permitió, a algunos de ellos, corromperse y actuar con impunidad en el uso de los recursos públicos.

El presidente Enrique Peña Nieto, sin tener mayoría calificada que lo respaldara en el Congreso de la Unión, logró acordar con las tres fuerzas políticas mayoritarias el Pacto por México. La Reforma Política, que estaba incluida, consistió en un nuevo conjunto de reglas para la consolidación democrática de nuestro país. Muchas de ellas se pondrán en práctica hasta después de la elección de 2018. Por ejemplo, los cambios a los artículos constitucionales 74 y 76, que tienen que ver con la ratificación de funcionarios públicos del gabinete por el Senado y la Cámara de Diputados.

Con esta decisión, los secretarios que lleguen a gobernar en el ámbito federal tendrán el visto bueno de los legisladores. Paradójicamente, esta acción, que seguramente traerá como resultado un equipo de gobierno con mayor legitimidad, disminuirá aún más la figura presidencial. Otro cambio que acota aún más la actuación del Presidente es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por la Cámara de Diputados, a partir de 2018, los legisladores podrán participar en la modificación del mismo, de esta forma, habrá un mayor control de las acciones y metas del ejercicio de gobierno.

Finalmente, la figura de reelección de los legisladores permitirá una mayor independencia para votar y cumplirle al electorado. De esta forma, los diputados que aspiren a ser reelectos o quieran transitar a un cargo ejecutivo tendrán que demostrar su nivel de eficiencia legislativa y de cumplimiento de compromisos de campaña.

Todos estos cambios vienen a fortalecer la democracia, pero el titular del Poder Ejecutivo federal se enfrentará a un escenario mucho más complicado que el que está enfrentando el presidente Enrique Peña Nieto. En una hipótesis posible, está presente la lógica de la alternancia del Poder Ejecutivo en el 2018, probablemente, gane un Presidente o Presidenta emanado de otra fuerza política o de una coalición de partidos, la pregunta es: ¿A quién le conviene que se siga disminuyendo la figura del Presidente como institución? Si bien es cierto que en este momento lo más rentable para muchos actores es “pegarle al Presidente” magnificando sus errores,  enterrando sus aciertos y ninguneándolo de cualquier forma, ¿creen que para el futuro será diferente?