Drogas: nuevo paradigma
Aprincipios de semana, el presidente Enrique Peña Nieto, en la reunión de UNGASS, emitió un discurso que marca un nuevo paradigma en política de drogas, toda vez que reconoce que la política prohibicionista ya no es el camino adecuado y que nuestro país ha pagado un alto precio en términos de tranquilidad, sufrimiento y pérdida de vidas de niños, jóvenes, mujeres y adultos.
Entre otras cosas, el titular del Ejecutivo federal manifestó dos asuntos de suma relevancia, el primero tiene que ver con reconocer que la adicción a las drogas debe considerarse un problema de salud pública y, segundo, que las sanciones desproporcionadas generan círculos viciosos de marginación y criminalidad. Al respecto, cabe reflexionar sobre el concepto de adicción de drogas y la criminalización de las personas consumidoras.
Según estudios especializados de salud, la adicción a las drogas se desarrolla por etapas, en la primera, los usuarios utilizan las sustancias para alcanzar la euforia que brindan, pero este consumo de drogas se convierte rápidamente en enfermedad en quienes la utilizan de forma crónica. De acuerdo con el Informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el cerebro empieza a adaptarse a la sustancia y aparecen los primeros signos de dependencia, entre los que se destaca: consumir la droga de manera regular, imposibilidad de dejarla, gastar en droga más de lo que se tiene, extralimitarse para obtener drogas (en algunas ocasiones robar) y sentir que se necesita la droga para funcionar cotidianamente.
Cabe rescatar y enfatizar algunos datos tanto de la JIFE como del Informe Mundial sobre las Drogas 2015: la prevalencia de consumo en 2013 se estimó en 246 millones de personas y de 2014 a 2015 aumentó 55% la producción de nuevas sustancias (de 388 a 602). América del Norte sigue registrando las tasas de mortalidad por consumo de drogas más altas del mundo, y las muertes por sobredosis de heroína se triplicaron de 2010 a 2013.
En México, la Encuesta Nacional de Consumo de drogas 2014, aplicada a los estudiantes de 5° y 6° de primaria, arroja como resultado que han consumido alcohol o alguna droga al menos una vez: 54% y 17%, respectivamente.
No obstante que, a nivel mundial, la tendencia mayor ha sido no criminalizar el consumo de drogas, no todos los países han resuelto cómo hacerlo, México es uno de ellos. Por esta razón el Presidente de la República, el día de ayer, sumó al discurso de Nueva York, las acciones que se van a realizar para garantizar los derechos de las personas a propósito de esta problemática. Sin lugar a dudas, las más importantes de ellas es autorizar el uso de medicamentos que contengan cannabis y el relacionado a cambios al Código Penal Federal y la Ley General de salud, es decir, con respecto al gramaje de mariguana permitido en posesión de una persona.
El reto será mayúsculo, porque este cambio de paradigma impacta en diferentes tiempos y de diferentes formas a las instituciones ya involucradas y otras que tendrán que hacerlo. Además de implementarse una política pública transversal, con presupuestos viables; tiene que considerarse un programa coyuntural inmediato de respuesta a quienes van a ser beneficiados con los cambios jurídicos, es decir, aquellos que en este momento están recluidos por posesión simple y que hayan sido privados de su libertad por un gramaje menor al que mencionó el titular del Ejecutivo federal (28 gramos). Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, hay 11 mil 488 recluidos por narcomenudeo y 13 mil 974 por delitos contra la salud. Además, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia de delitos contra la salud de enero-febrero 2016 fue: producción, 25; transporte, 59; tráfico, tres; comercio, 99; suministro, dos, y posesión, 554. Las entidades con mayores delitos por posesión son Tamaulipas con 120, Sonora con 100 y Jalisco con 86.
Seguramente dentro de ese contexto, vale la pena considerar la experiencia y trabajo de las instituciones y organizaciones civiles que ya implementan programas de atención terciaria, como es el de la reinserción social pero, sobre todo, se requiere impulsar un pacto integral con los diferentes sectores productivos y empresariales del país, porque estas personas que fueron criminalizadas por posesión simple de alguna droga ilícita tienen derecho a desarrollar todas sus capacidades con trabajos dignos, como lo hacen aquellos que consumen drogas licitas, como el alcohol y que, por cierto, representan 58% del universo de consumidores en México y no son estigmatizados como los adictos a mariguana o cocaína u otras sustancias.