Alerta de género

Además, antes de 2009, no había en todo el país más de dos mil homicidios al año contra ellas, pero después de 2010, los datos oscilan entre dos mil 400 y dos mil 700, sin embargo, no de forma creciente, sino que 2011 y 2012 fueron los de mayor violencia, con una media de 84 y 86, respectivamente. Durante 2006-2014, 20 entidades están por encima de la media total de homicidios, pero si observamos los datos, 2013 y 2014 iban a la baja.

Estos datos numéricos se pueden observar desde diferentes perspectivas, pero, en este caso, llamaremos la atención sobre algunos aspectos. En primer lugar, el periodo es de 2006 a 2014, es decir, no tenemos los de 2015 y el primer trimestre de 2016. En segundo lugar, en el caso de la ciudad capital  y el Estado de México, los datos son absolutos y la población es mucho mayor que en las otras 30 entidades, por lo que, al traducirse en porcentajes, el comparativo cambia. En tercer lugar se habla de homicidios contra mujeres, pero no puede traducirse si fueron por violencia feminicida, como queda definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Estas observaciones vienen al caso a propósito de manifestaciones en algunas entidades como Guerrero, el Estado de México y Michoacán, por parte de algunas activistas y organizaciones civiles para que se declare la alerta de género, porque se presume un alza de homicidios femeninos. Sin demeritar la posible verdad de que, efectivamente, haya un incremento de la violencia extrema contra ellas, se necesitan datos más concretos y recientes para  declarar la alerta de género. Cabe mencionar que, aun sin llegar, se tienen que implementar acciones para prevenirla.

La alerta de género, según el artículo 21 y 23 de la citada ley, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado. Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

Considerando esta definición y regresando a los datos disponibles, el mismo Inegi, por medio del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales ya determina la población penitenciaria por feminicidios a partir de 2013 y 2014, la cifra es demoledora y nos demuestra, una vez más, que la impunidad es el mal mayor que nos aqueja: durante 2013, la población penitenciaria por este delito tenía un proceso, en primera instancia, de 161; seis en segunda y 72 sentenciados, y en 2014 había 241 en primera instancia, cuatro en segunda y 37 sentenciados. De 2015 no se tienen datos aún.

Ante estas circunstancias, cabe reconocer todo lo construido en el sexenio en materia de norma jurídica e instituciones dentro del contexto del nuevo paradigma de política pública en materia de igualdad de género pero, sobre todo, lo realizado desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), porque ha instalado 26 centros de Justicia para ellas en 19 entidades de la República y, seguramente, si se realizara un cruce de datos, podría demostrarse que las acciones que realizan en la mayoría de ellos, han servido para disminuir los homicidios contra mujeres, tal y como lo muestran los datos del Inegi, pero se requiere un mayor compromiso del Poder Judicial para lograr castigar a quienes cometan este grave delito y, con ello, conseguir que en el futuro inmediato se disminuyan los homicidios de discriminación.