Transparencia y Pronapred

Por esa misma razón, se le quiere prohibir a los estados endeudarse sin el permiso de la federación. Por mi parte, considero que el tema no se resuelve con mayor concentración de facultades de la federación sino con mecanismos que sirvan para que, desde la participación ciudadana, se prevenga el mal manejo de recursos públicos.

Un ejemplo de ello es el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Si deseamos transparencia en el uso de los recursos, tiene que haber claridad en los mecanismos para usar los fondos. En primer lugar, cabe mencionar que el programa se aplica en todas las entidades (mentira que sólo a donde gobierna el PRI) y que la decisión de polígonos prioritarios se emite mediante una fórmula que contempla índices de violencia, deserción escolar y embarazo en adolescentes, entre otras variables. Pero, si bien es cierto que esta forma de asignación  se  construye desde  la Subsecretaría de Prevención y se publica en los lineamientos anuales, la Cámara de Diputados puede formalizarla en el Presupuesto anual  y definir los municipios, tal  y como lo hace con los programas de desarrollo social.

En segundo lugar, el programa define acciones que pueden realizarse en cada uno de esos polígonos; de hecho, existe, incluso, un catálogo de propuestas para realizarlos. Lo que se debe vigilar es que realmente se hagan esas acciones y no otras. En tercer lugar, se tiene que vigilar quién realiza esas  acciones, regularmente se hace por medio de organizaciones civiles que se han especializado en el tema, pero tienen que emitirse bases y reglas transparentes  para que la asignación de los recursos se haga mediante  licitaciones o concursos públicos.

En cuarto lugar, se tiene que vigilar el uso de los recursos directos que ejerce la Subsecretaría y sus cuatro direcciones. Esto es lo más sencillo en una institución que no maneja más del 5% de los recursos totales que se destinan al programa, es decir, de los dos mil millones de pesos del año 2016, la Subsecretaría sólo maneja un porcentaje para operación directa y para proyectos específicos. Un ejemplo de ello son los programas compartidos con la Unión Europea en donde los fondos son al 50% para realizar algunas acciones (en 2016 se pretende fomentar y fortalecer organizaciones no gubernamentales para impulsar la prevención). Otros programas son los especiales, como podría ser el de Rescatar Iguala y zona conurbada, que requiere de una partida especial además de los recursos ordinarios que recibe el estado de Guerrero.

Ahora bien, lograr estas reglas mínimas para prevenir la corrupción no es suficiente. Tiene que haber evaluación. No basta decir que llevamos un cierto número de acciones realizadas sino, en todo caso, en qué medida han resuelto la problemática, es decir: preguntarnos si verdaderamente hemos disminuido la violencia que se traduce en acoso escolar, en violencia contra los jóvenes o contra las mujeres. Eso sólo lo podemos saber si construimos los indicadores adecuados para calificar el éxito o fracaso de un programa. No es difícil si las reglas son claras y son públicas. Además, la gran ventaja para ello es que, actualmente, la Cámara de Diputados tiene mayores herramientas para participar en  el Plan Nacional de Desarrollo y los indicadores a seguirse.

Lo que sí hace falta en el caso de la prevención es construir una institución como el Coneval, que  sea la que califique la eficiencia y efectividad de las acciones que realizan las nueve secretarías involucradas, que sea autónoma y pueda evaluar de forma institucional, confiable y sin manipulación política.

El Pronapred es un programa joven y aún le falta consolidarse. No obstante, con el trabajo coordinado en los tres niveles de gobierno y las organizaciones civiles y empresariales, promete ser un proyecto exitoso para combatir la inseguridad pública y la violencia en sus diferentes expresiones.