La violencia y su prevención
Construir una política pública de Estado requiere, fundamentalmente, de presupuestos, leyes que se lo permitan y voluntad política para poder llevarla a cabo.Por ejemplo, impulsar la política pública que logró laigualdad entre mujeres y hombres comenzó con la ley que lleva el nombre, por allá del 2005, y se promulgó hasta el 2007. La armonización de dicha ley en las entidades federativas se concluyó, apenas, en el 2012.
Si bien es cierto que ya existía un instituto que representaba a la mujer a nivel nacional, sus funciones y recursos eran mínimos. Aquel año, 2008, se tuvo que acordar en el Congreso un presupuesto especial de 7 mil millones de pesos para empezar a impulsar tres objetivos básicos en las más de 20 instituciones de los tres poderes de la nación, para sentar las bases de lo que, hasta hoy, se ha construido.
Los logros de este esfuerzo están a la vista: por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 contempla la política de igualdad de género, se han impulsado programas nacionales para apoyar a las mujeres desde el poder Ejecutivo federal. Además, se ha logrado la homologación e implementación de programas locales. En lo que respecta a los derechos políticos de las mujeres, se ha logrado no sólo la paridad Constitucional, sino que también, en el ámbito local, los partidos han sido obligados por los tribunales locales a impulsar esa misma figura, tanto para el registro de sus candidatos a presidentes como al de regidores.
La política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia también ha requerido voluntad política y tiempo para construirse. La necesidad de combatir la inseguridad ha obligado al Ejecutivo a acelerar los procesos de su construcción. La tarea ha sido difícil debido a que la política de seguridad pública, hasta hace muy poco, sólo se enfrentaba con actos punitivos y muy poca prevención.
Recordemos que la nueva Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia fue expedida el 24 de enero del 2012 (hasta el momento existen 16 constituciones estatales que contemplan la prevención a nivel constitucional, 15 que la contienen en sus leyes secundarias, y sólo Guanajuato y Sinaloa han logrado aterrizarla en un reglamento). Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue decretada en el 2009 y reformada en el 2013. Lo cierto es que todas estas reformas tienen que ver con la prevención.
Por su parte, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia fue expedido en abril del 2014. Su implementación está bajo la coordinación de la Segob, y participan diez secretarías y seis entidades. Además, se mantiene una estrecha colaboración con la ONU, la Agencia de Desarrollo Internacional, International Narcotics and law enforcement Bureau, las embajadas de la Unión Europea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el YouthBuild International, el Banco Interamericano de Desarrollo y algunas embajadas como la de España, entre muchos otros.
Dentro de los objetivos de este programa está el de coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para impulsar diversas acciones en conjunto con los diferentes sectores de la sociedad y, con ello, generar una nueva cultura de la prevención y la seguridad pública, y donde los objetivos más importantes son las personas y sus derechos. De esta forma, son más de mil organizaciones participando a lo largo y ancho de la República y más de 660 organizaciones empresariales que mantienen contacto con el sector educativo en todo el país.
Quizá en estos dos años no se han logrado alcanzar todas las metas y objetivos propuestos, porque, evidentemente, se tienen que mejorar los mecanismos de selección de los municipios y las áreas de ejecución de determinados programas, además de que hay que afinar los indicadores adecuados. No obstante, la labor que realizaron aquellos pioneros que un día lucharon por sentar las bases, sin duda, ha sido muy productiva. Es imposible cerrar los ojos ante la cantidad de acciones que, en tan corto tiempo, se han realizado en casi todos los estados de la República.
Sin lugar a dudas, tendremos que seguir hablando más sobre aquellos programas que vayan a implementarse para prevenir la violencia en la población de niños, jóvenes y mujeres. También tendrá que generarse una mayor difusión para que comience a multiplicarse la participación ciudadana, pese a los 600 millones de pesos que sufrirá el Presupuesto en el próximo año.