El otro informe

A pesar de la importancia de los asuntos por la que son creadas estas comisiones, su poder no es trascendental ni vinculatorio al ámbito de responsabilidad jurídica por lo que, la mayoría de veces, sólo sirven de foro mediático para fines políticos.

Pese a este señalamiento y el argumento de los líderes parlamentarios respecto a la necesidad de ahorro de recursos económicos en la Cámara de Diputados, es indispensable mantener, tanto las comisiones especiales como las de investigación, porque son una herramienta de control al ejercicio del público no sólo del Poder Ejecutivo en sus tres niveles, sino del propio Legislativo y Judicial. De esa forma, la actual comisión que se conformará sobre el caso Iguala tiene que revisar, con mucho cuidado, el informe que ha entregado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con base a ello, establecer una ruta crítica de trabajo puntual con cada institución responsable de la investigación.

Esto viene a lugar porque, si bien es cierto, la anterior comisión recibió información privilegiada, no existía un referente como el que ahora han construido los expertos de la CIDH. Por una parte, hay que reconocer que han hecho una reconstrucción de los hechos con la participación de los actores fundamentales en esta investigación: los jóvenes normalistas que acompañaban a sus compañeros desaparecidos. Es una versión que aún no se conocía en los términos que ahora describen, quizá, porque estos expertos les generaron mayor confianza. Pero, por otra parte, hay que escuchar a quienes realizaron la investigación desde las instituciones mexicanas y los expertos que se involucraron dando su versión respecto al lugar de los hechos.

Cabe mencionar que la anterior comisión legislativa no tuvo oportunidad de reunirse con los jóvenes estudiantes y sus familiares y tampoco pudo visitar la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sería muy bueno saber qué opinan ellos respecto a esta nueva línea de investigación que, aparentemente, no se conoció en las primeras diligencias de la Procuraduría estatal y que involucra a un nuevo camión.

Por último, aun cuando no es parte del objetivo de la investigación de la comisión, es importante que esa soberanía conozca no sólo los programas de desarrollo social, que son ampliamente difundidos, sino de las acciones que están realizando en esa entidad para combatir la impunidad y la inseguridad. En este momento hay muchas áreas del Poder Ejecutivo federal actuando para construir un nuevo paradigma que restablezca y fortalezca el Estado de derecho, pero requiere presupuestos sensibles a esa necesidad y es, precisamente, la Cámara de Diputados la que tiene que construirlo con el consenso de todas las fracciones parlamentarias.

Guerrero ha sido siempre un lugar emblemático, desde la Guerra de la Independencia, cuando don José María Morelos y Pavón convocó al Congreso de Chilpancingo hasta las luchas sociales de los sesenta y setenta, encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, recordemos, incluso, que etapas como la de la guerra sucia y casos como el de las investigaciones de Rosendo Radilla, motivaron a los legisladores para poner mayor énfasis en garantizar los derechos humanos no sólo de la Carta Magna sino los de los protocolos internacionales; entonces, esta amarga y dolorosa coyuntura tiene que servir para unir esfuerzos no sólo por Guerrero sino por toda la región sur en materia de prevención del delito, de cultura de la legalidad, de combate a la pobreza y de generación de empleos, para que los ciudadanos puedan vivir y desarrollarse en paz.