Que el PRD se defina ya
En esta coyuntura es interesante el seguimiento puntual de los nuevos actores de poder dentro del Congreso y en el ámbito político. Si bien es cierto que el PRI y el PAN tienen bien definidos sus liderazgos partidarios, parlamentarios y sus objetivos políticos, todavía falta que el PRD haga lo mismo. Para nuestro sistema político, y para la construcción de acuerdos legislativos en particular, es necesario que ese partido salga fortalecido de sus procesos de selección de liderazgos.
No es lo mismo contar con una “ala moderada” de izquierda con la que, a pesar de los debates, se han podido hacer reformas estructurales, que enfrentar una izquierda parlamentaria dividida en varios partidos, y en donde los mal llamados radicales tengan hegemonía e impongan la estrategia de impedir que el Congreso legisle (radical es cambiar de raíz, no descalificar sin ton ni son).
La agenda que quedó pendiente en la LXII Legislatura para complementar las reformas estructurales es muy amplia. Por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción faltarían: la Ley General que Establezca las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, la General de Responsabilidades Administrativas, que armonice a los tres órdenes de gobierno en esa materia, la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del DF.
Del Sistema de Transparencia faltarían, además, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la Ley General en Materia del Sistema Nacional de Archivos Públicos.
También quedaron inconclusas otras reformas, tal como la de Derechos Humanos; en ese sentido, además de la reforma constitucional, harían falta la Ley en Materia de Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías, la Ley en Materia de Expulsión de Extranjeros, la Ley de Desaparición Forzada y la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza.
Si bien es cierto, el Pacto por México fue un gran acuerdo entre los tres principales partidos políticos y el presidente Enrique Peña Nieto, se requiere construir una segunda parte de la agenda, no sólo para complementar lo que falta, sino para rectificar en caso de que alguna reforma no haya generado los resultados esperados. Construir con estos nuevos actores, seguramente, no será una tarea fácil, sobre todo cuando algunos partidos políticos, en su legítima estrategia de remontar sus fracasos electorales, han amagado con un cambio no sólo de discurso sino de actitud en la nueva coyuntura que se avecina.
Tal es el caso, precisamente, del PRD en voz de su presidente, Carlos Navarrete, quien dijo que ahora están en una nueva etapa y pondrán distancia con el Gobierno federal, aunque dudo que Agustín Basave, si logra ser presidente del sol azteca, aspire a representar el papel de rijoso, toda vez que, habiendo sido militante del PRI, de la élite del poder y, en determinado momento cercano a Luis Donaldo Colosio, sabe que es fundamental el diálogo desde la oposición. Más aún, Basave estuvo al frente de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) en el 2007-2008 y sabe el valor de los acuerdos.
Lamentablemente, el descontento social y la desconfianza ciudadana que se alimentan en esta coyuntura de una incertidumbre por la situación económica mundial, el crecimiento de la desigualdad social y la pobreza, la violencia y la inseguridad en algunas regiones y, sobre todo, por el fracaso en el combate a la impunidad, es aprovechado por viejos y nuevos actores políticos para fundamentar su estrategia de descalificación hacia todo lo construido en estos tres años y, con ello, lograr la mayor rentabilidad electoral en la próxima elección intermedia y la Presidencial del 2018.
Ojalá que todos los actores políticos tengan presente que, además de ganar elecciones, tienen que combatir la desconfianza hacia los partidos políticos, toda vez que ésta sigue creciendo. En 2015, según datos de Latinobarómetro, por ejemplo, cuando se le pregunta a los ciudadanos qué tanta confianza tienen en sus partidos, las cifras de “mucha” oscilan entre el uno y dos por ciento, mientras que la de “algo”, fluctúa entre el 11 y el 22% en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y México, entre otros.