Coneval y política económica

El informe dado a conocer la semana pasada por el Coneval ha generado cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la política de desarrollo social implementada en este sexenio, el argumento principal es el incremento, de 45.5 a un 46.2%, de la población en pobreza. Incluso el PRD anticipa la comparecencia de la secretaria Rosario Robles para que explique este supuesto fracaso. Sin embargo, tendría que diferenciarse el resultado del programa de combate a la pobreza extrema, aplicado al sector de la población que se está atendiendo, contra aquellos que se han incluido en las nuevas estadísticas; incluso, tendría  que considerarse una serie de variables alrededor de este tema.

En primer lugar,  se tiene que aplaudir que contemos con este tipo de informes y reconocer que, a partir de las reformas al artículo 26 constitucional, el “nuevo” Coneval, de febrero del 2014 a la fecha, es una institución  con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio para quedar “… a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones…” Es decir que, jurídicamente, se presume independiente de los vaivenes políticos, por lo que su trabajo es indispensable para evaluar si la política de desarrollo social es la que requerimos o es preciso modificarla.

En segundo lugar, se tiene que considerar que se pueden instrumentar programas y acciones para combatir la pobreza y la desigualdad social pero,  si el crecimiento económico es reducido o hay serios vientos de crisis económica mundial, los resultados no serán óptimos. Al respecto, el día miércoles, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena, advirtió que, de acuerdo con la proyección de la Institución, México crecerá este año un 2.4%, más que el promedio de la región (0.5%)… que, frente al escenario internacional, ha mantenido un control de la inflación adecuado, pese a la depreciación y a la caída del precio internacional del petróleo que produjo “una reducción muy importante de los ingresos tributarios…del orden del 44%...”. Como resultado de este escenario, nuestro país no ha podido librar los efectos negativos de un factor esencial, que influye de manera inmediata y concreta en la economía y desarrollo de las personas: el costo de la canasta básica. De acuerdo con datos que son publicados en la misma página del Coneval, los precios de la canasta básica se incrementaron entre los años 2000 y 2012. En diciembre de 2000, el costo de la canasta básica urbana fue de 584.86 pesos al mes; en el mismo mes de 2006 de 805.34 y en 2012 fue de mil 158.60. En tanto, el precio de la canasta básica rural, durante el mismo mes, fue, en 2000, de 409.33; en 2006, 570.81 y en 2012 de 823.95.

Estos constantes incrementos han generado un menor poder adquisitivo y el desplazamiento de un sector importante de la población hacia los déciles de mayor pobreza pero, si se analiza aquel que se atiende por la política de combate a la pobreza extrema, nos encontraremos que, incluso, hay una  disminución en el número de personas que se encontraban en esas condiciones: de 11.5 millones a 11.4, lo que significa que 100 mil personas ya pueden satisfacer necesidades básicas como el alimento y, además, ya cuentan con los cuidados para la salud esenciales (a decir del Banco Mundial, tienen ingresos mayores a 1.25 dólares al día).

Las cifras no son para ponernos felices y satisfechos, pero tiene que considerarse que, para revertir el crecimiento de la pobreza en todas sus modalidades, la política de desarrollo social no puede estar divorciada de la política económica; incluso, depende de la generación y de la forma de distribuir la riqueza y, en ese contexto, la Cámara de Diputados tiene que retomar un papel más activo en el diseño del Presupuesto anual.