Ética y fuga

Durante décadas, se ha señalado comograndes deficiencias del gobierno en turno, a la corrupción y a la impunidad. Diversas tesis sustentaban que estos dos grandes males derivaban de la falta de democracia y, más específicamente, de la falta de alternancia en el Poder. Vino el año 2000 y con él, la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, y ya antes, en 1997, en la Ciudad de México y, mucho antes, en Baja California.

Efectivamente, tanto la alternancia como el pluralismo, han sido  detonantes para hacer más eficiente el quehacer público, incluyendo el combate a la corrupción y a la impunidad. De hecho, a partir de esa remodelación ha sido posible transformar las leyes y los órganos encargados de vigilar y castigar los actos de corrupción. Incluso, recientemente, esas prácticas han transformado sus funciones y han adquirido mayor poder dentro del ejercicio público.

Pese a todo, en este mismo espacio, ya en muchas ocasiones, hemos afirmado que no bastan los cambios a las normas jurídicas si no cambiamos la actitud de quienes tienen en sus manos el ejercicio de la función pública. Ronald Dworkin, nos dice en su libro de Justicia para erizos que: “Los estándares morales prescriben el modo como debemos tratar a los otros; los estándares éticos el modo de cómo debemos vivir nosotros mismos”. Ahora bien, construir equipos dentro de la administración pública no es una tarea sencilla, mucho menos cuando los proyectos de políticas públicas son sexenales. Por ello, muchos funcionarios, que son nombrados por el titular del área responsable, lo son a partir de la confianza.

Pero la confianza es un término vulnerable cuando se dimensiona y se analiza que la responsabilidad que enfrenta dicho funcionario, la asume sólo por tener un empleo. El peor escenario para estas personas es cuando tienen que enfrentar la disyuntiva de cumplir con su función o perder la vida. No sé si es el caso de aquellos que se encuentran involucrados con el caso de la fuga de El Chapo Guzmán. Ignoro si fueron amenazados o simplemente comprados; lo que sí sé es que traicionaron la confianza de la sociedad, pero, sobre todo, de aquel que tiene que dar la cara y dependía de su lealtad y profesionalismo.

Desde mi experiencia personal, y la de muchas otras personas con las que tengo relación en el quehacer público, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong es quizás el  funcionario público más accesible. Nunca hay  dificultades para comunicarse con él. Así sean las 3 o 4 de la mañana, si  un mensaje es relevante para el quehacer público, él contestará. Se trata de un personaje perfeccionista, trabajador y, quizá, obsesivo con su trabajo. Sus resultados saltan a la vista y son comprobables. Se nota, por ejemplo, lo rápido que, al inicio de su administración, llegó el presidente Enrique Peña Nieto a los acuerdos que, durante décadas no se habían logrado. Ahí están las grandes reformas estructurales que han marcado el sexenio y, además, el triunfo del PRI en las urnas de la pasada elección. Todo ello le brinda la oportunidad al titular del ejecutivo de complementar todas las leyes faltantes, para concretar los sistemas de anticorrupción y transparencia y,  por qué no, la gran reforma al sistema judicial y las leyes que hagan falta para combatir la impunidad.

Difiero de aquellos que consideran que el PRI-Verde serán el obstáculo para impulsar los grandes acuerdos para alcanzar este nuevo marco jurídico. Las acciones carentes de ética de algunos funcionarios, no han sido privativas de algún partido en especial por lo que, quizás, este momento sea el propicio para que, el poder Ejecutivo y los partidos políticos logren acuerdos respecto de una política de Estado que nos permita mayor autonomía, y no depender de la lealtad de los funcionarios en cada una de las áreas que brindan procuración de justicia. Mejor sería aplicar un sistema de castigos y recompensas en donde se valoren la eficiencia, el profesionalismo, y se castigue ejemplarmente a aquellos que traicionan el actuar ético de la función pública.

Pero sobre todo, es el momento de revisar la estrategia del combate al narcotráfico, porque ante la lamentable fuga del delincuente, no ha importado que el gobierno actual haya sido muy eficiente, y haya detenido a 93 capos, casi tres veces más que el anterior sexenio. Tampoco importan los esfuerzos y avances realizados en materia de seguridad pública y, mucho menos, importa combatir la impunidad como un mal endémico. Lo que importa para muchos actores internos es la promoción política, a partir de este lamentable hecho, incluso, para algunos actores externos,  la desestimación del trabajo realizado.

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