Base Cero y pluralismo político
La entrega que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del primer ejercicio sobre un Presupuesto Base Cero a la Cámara de Diputados es, sin lugar a dudas, una noticia interesante de revisar. Ya desde el 2005, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados había hecho un resumen de lo que significaba: “… Es decir, se olvida el pasado para planear el futuro con plena conciencia de que cada partida es indispensable y que su importe está soportado y justificado de manera íntegra”.
Desde el año 2000, cuando inició la alternancia política del Ejecutivo Federal, se planteó hacer eficiente la operación y el gasto de las dependencias y órganos federales, pero, al no haber acuerdos para cambiar las normas, sólo se creó el Programa de Mejoramiento de la Gestión —a través de la Secretaría de la Función Pública—, planteándose un conjunto de indicadores sobre el que se basaría el Sistema de Evaluación del Desempeño.
No obstante, el escepticismo fundamentado de analistas, como Sunny Arely Villa Juárez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., que dice que un Presupuesto Base Cero tiene obstáculos importantes como las Leyes y etiquetas de presupuestos a determinados rubros e instituciones, en este sexenio, en la LXII Legislatura, se realizaron cambios significativos que pueden incentivar la posibilidad de transformar el método de asignar los presupuestos y, con ello, fomentar una mayor transparencia, así como el combate a la corrupción. Este es el caso de la modificación constitucional al artículo 26 —en junio de 2013— que le dio al Plan Nacional de Desarrollo (PND) un carácter más sólido para ser el eje articulador de los esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno. Esta reforma tiene como eje principal que el Poder Ejecutivo establezca los procedimientos de participación y consulta popular —dentro del Sistema Nacional de Planeación— y los criterios para “la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”, además de coordinar con las entidades federativas y con los particulares los esfuerzos para su realización. De hecho, en febrero de 2014, el mismo artículo fue reformado para sujetar obligatoriamente a la Administración Pública al PND y darle al Congreso de la Unión la facultad para intervenir en la elaboración, control y seguimiento de éste.
Pero hay otros elementos que nos hacen pensar que la reingeniería para asignar presupuestos puede ser posible. Por un lado, la conformación de los congresos locales es muy plural (en muchos casos, sin mayorías para el gobernador en turno) por lo tanto, el Poder Legislativo tendrá mayor independencia del gobernador y, sin lugar a dudas, servirá para que haya un real equilibrio de poder y, con ello, un verdadero control del ejercicio del Gasto Público. Por otra parte, la conformación de los municipios (plurales y con un gran número de presidentes y cabildos sin afinidad al partido que gobierna la entidad), seguramente generará una mayor presión para que los recursos públicos sean destinados a las obras que los ciudadanos necesitan. Revisemos, grosso modo, algunos datos (considerando que aún falta resolver impugnaciones) en las entidades más emblemáticas. Por ejemplo, en el Distrito Federal la elección de jefes delegacionales: PRD, 6; Morena, 5; PRI, 3; PAN, 2; Asamblea Legislativa: Morena, 22; PRD y Aliados 21, PAN 10 y PRI-Verde, 7; otros, 4. En Michoacán la conformación del Congreso local: PRD, 13; PRI-Verde, 18; PAN, 6; otros, 3. En cuanto a Municipios: PRI-Verde, 39; PRD con diversas alianzas, 60; PAN, 9; otros, 17. En Guerrero el Congreso local quedó conformado por: PRI-Verde, 24; PRD, 15; otros, 7. Municipios: PRI-Verde, 39; PRD y aliados, 24; PAN, 6; MC, 5 y otros, 9. Finalmente, Nuevo León tendrá un Congreso local conformado por: PRI-Verde 18; PAN, 19; otros, 5. Municipios: PRI y diversas alianzas 22; PAN, 18; PRD-PT, 7 y otros, 5.
No obstante que todas las entidades tienen sus peculiaridades y, seguramente, diseñarán peticiones de recursos más apegadas a las necesidades de sus comunidades, el Presupuesto Base Cero no está confrontado con la posibilidad de seguir atendiendo una estrategia nacional para garantizar políticas públicas eficientes en rubros como la educación, la seguridad pública, el combate a la impunidad y, por supuesto, la disminución de la desigualdad social y económica (en el país, 46.5% de la población vive en pobreza, mientras 1% de los mexicanos acumula 21% de la riqueza del país, según datos de Gerardo Esquivel, economista de El Colegio de México).