Yo quiero ser
Todavía no terminaban de contabilizarse los votos de la pasada elección y, dentro de algunos partidos políticos, ya se señalaba a los responsables de las supuestas derrotas. Pero eso no tiene relación con un análisis objetivo de ellas, sino con las aspiraciones presidenciales tempraneras de los que dicen: “Yo quiero ser”. Estoy de acuerdo en que se haga una evaluación en cada partido en cuanto a sus estrategias, pero la responsabilidadpuede ser difusa porque no se deriva sólo de la coyuntura electoral.
Si, en verdad, se hiciera un balance de lo que logró cada partido, quizás llegaríamos a la conclusión de que obtuvieron mucho más de lo que merecían. Por ejemplo, el PAN no debería olvidar los señalamientos de moches y escándalos mediáticos de algunos de sus líderes, apenas unos meses antes del proceso y, mucho antes, los señalamientos de ciertos exfuncionarios públicos por supuestos actos de corrupción o inexplicables incrementos de sus patrimonios personales.
En el PRD la situación estaba peor; lo sucedido en Iguala, Guerrero, afectó la imagen de ese partido a nivel nacional y su posibilidad de triunfo en aquel estado. Los análisis del mes de Junio que realiza GEA-ISA dan cuenta de un comparativo, de marzo a mayo, sobre la opinión que tienen los ciudadanos respecto a la vinculación de los partidos con rubros como la corrupción, violencia y narcotráfico y, curiosamente, ese partido es el de mayor porcentaje negativo.
Respecto al PRI también hubo costos por algunos señalamientos locales durante los procesos, porque, aun cuando el resultado electoral puede calificarse de muy bueno en cuanto al número de legisladores, de todas formas perdió dos bastiones de desarrollo económico estratégicos: Nuevo León y Querétaro. Además, si bien ganó la gubernatura de Guerrero, no fue así con los dos municipios más importantes de esa entidad.
Ahora bien: Independientemente de la conformación del Congreso de la Unión y la redistribución del poder estatal, existen algunas definiciones importantes sobre las que podemos hacer énfasis. La más importante es la participación de los ciudadanos frente a las tensiones y amenazas de actos violentos el día de la jornada electoral, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Michoacán; sin dejar de mencionar el fracaso del voto nulo. El segundo tiene que ver con la aceptación de la política de reformas que ha impulsado el Presidente de la República y que permitió consolidar la mayoría priista y sus aliados en el Congreso de la Unión en una elección intermedia. El tercer punto nos advierte que las candidaturas independientes pueden convertirse en opción electoral, ante la desconfianza que existe hacia los partidos pero también, para que algunos grupos de intereses logren espacios de poder político.
Ante ese escenario, se hace indispensable, en primer lugar, una reforma interna de los institutos políticos que les permita recuperar credibilidad y, por ende, el voto ciudadano; en segundo lugar, impulsar, de forma inmediata, las leyes secundarias y reglamentarias que hacen falta para complementar el sistema anticorrupción y de transparencia y, tercero, iniciar una estrategia de todo el sistema, de lucha contra la impunidad. Recuperar la confianza ciudadana en el sistema de partidos no será una tarea sencilla ante el culto a la personalidad y los discursos populistas de algunos actores, ya visibles, pero, sobre todo, será mucho más difícil si siguen quedando impunes los señalamientos de corrupción o mal uso de los recursos públicos de los funcionarios emanados de estos mismos partidos. Lamentablemente, esa impunidad se deriva, muchas veces, de la propia complacencia y cobijo entre la élite partidaria.
Quizás los partidos políticos creían que los ciudadanos los premiarían con su voto por las espléndidas reformas estructurales que legislaron y que, seguramente, permitirán el crecimiento económico y la generación de empleos y con ello, se podrá disminuir la desigualdad social y económica, pero eso aún no se percibe en la vida cotidiana de las familias. Todavía no hay una reacción ciudadana en las urnas, que vincule los cambios legislativos con la mejoría de las condiciones de vida de las personas, aunque los costos de la luz y el teléfono ya hayan bajado.
No está por demás enfatizar que, para combatir la impunidad, restablecer el Estado de derecho donde haga falta, y generar una cultura de la legalidad, tiene que impulsarse una segunda generación de reformas que contemplen al sistema judicial, de procuración de justicia y de seguridad pública. Éste es el momento para transformar las bases formales para garantizar plenamente, la justicia para todas las personas y anticiparnos a posibles actitudes autoritarias de personajes que, amparados en el discurso fácil populista y la descalificación a las instituciones, en el futuro no lejano, sorprendan al electorado.