Policía digna

A decir del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, al día de hoy, existen 440 mil efectivos en total, de los cuales, 40, 615 se hacen cargo de combatir los delitos del fuero federal.

Cada uno de estos policías obtienen un ingreso que oscila entre tres mil 500 y 20 mil pesos mensuales, dependiendo del estado o municipio donde laboren. El artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que “La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos…” A diferencia de otros servidores públicos, si éstos fueron suspendidos, no podrían acreditar su permanencia y quedarían sin empleo.

De acuerdo con documentos de la Policía Federal, entre el año 2000 y el mes de abril de 2014, 920 servidores públicos fallecieron realizando labores de seguridad. 2010 registró el mayor número de decesos, con 170 y 2009, con 115; mientras que en el 2013 fueron 87 y en el 2014, 25. En los 14 años, de los 441 homicidios, 149 se concentraron en el D.F., seguido por los estados de México y Michoacán, con 93.

No obstante los datos duros, la información mediática de los últimos años, respecto a las agresiones contra la Policía Federal, se concentra en aquellos estados en donde hay enfrentamientos con el crimen organizado, como en Jalisco, en donde la semana pasada fueron masacrados 15 policías y heridos 5, pero también, en lugares donde hay grupos de lucha social radical como  Oaxaca y Guerrero, en donde los testimonios públicos dan cuenta de policías atropellados o agredidos con machetes.

Lamentablemente, la confianza en la policía, al igual que sucede con los políticos, está muy deteriorada, con la diferencia de que, en el primer caso, ellos suelen representar el último eslabón de la cadena de ingresos económicos por su arriesgado trabajo.

A este lamentable hecho se suman los  acontecimientos criminales de Iguala, en donde estuvo involucrada la Policía municipal. Con ello se incrementó la pérdida de credibilidad y confianza que se tradujo, en mayor medida, en la respuesta de las redes sociales, en donde los policías son agredidos con calificativos ofensivos y totalmente discriminatorios.

El artículo primero constitucional garantiza a todos los mexicanos “los derechos humanos reconocidos”. En los últimos años, la figura de los policías o cuerpos de seguridad pública se ha visto mermada y violentada. En algunos casos, sus propios actos los han llevado a perder el respeto de los ciudadanos, pero, en otros, es injusto el trato que se les da.

No obstante los buenos resultados que se tienen en el combate al secuestro y otros delitos, es pobre la respuesta de líderes empresariales, sociales, políticos, o de medios de comunicación, que alcen la voz para clamar justicia para los policías muertos en cumplimiento de su labor. ¿Es adecuado este trato discriminatorio? En un México donde los derechos humanos son exigidos hasta por delincuentes que no respetan la integridad de sus víctimas ¿deben quedar excluidos los policías?

Para recuperar la dignificación del policía se requieren muchas cosas; una de ellas tiene que ver con la capacitación y las condiciones de reclutamiento. Por ejemplo, mientras en México el proceso para ser policía es de poco más de seis meses, en Chile se requiere de un año y medio de instrucción; en Estados Unidos de 2 años y en España de 2 y 3 años y medio; para alcanzar cargos significativos —como en el caso de  Colombia— el proceso es aún más largo y puede llegar hasta 25 años para ser policialmente  “general de la República”. De acuerdo con dichos modelos de policía, lo que buscan es tener a los mejores entre sus filas y para eso se requirió de una profunda capacitación.

No cabe duda de que, en la actualidad, la Secretaría de Gobernación ha trabajado para revertir la situación.

No obstante, ante el resquebrajamiento del tejido social, la reducción del nivel adquisitivo y el reto de enfrentar el crecimiento del crimen organizado en los diferentes rubros, se requiere una modificación conceptual hasta en la forma de mirar al mundo.