Centralización ante el endeudamiento de los estados
El domingo 1 de febrero comenzarán las actividades del Congreso de la Unión. A diferencia de otros tiempos que, en el último periodo ordinario de sesiones y en el preámbulo de las elecciones, ya no se aprobaban temas importantes, estos meses de trabajo prometen ser ...
El domingo 1 de febrero comenzarán las actividades del Congreso de la Unión. A diferencia de otros tiempos que, en el último periodo ordinario de sesiones y en el preámbulo de las elecciones, ya no se aprobaban temas importantes, estos meses de trabajo prometen ser un cierre con broche de oro de la LXII Legislatura.
La agenda estará compuesta por materias como la de anticorrupción, transparencia, disciplina financiera, reforma política del Distrito Federal y, muy especialmente, la de seguridad y justicia con la creación del mando único policial en los estados de la República. Cabe observar que el miércoles de esta semana se aprobó, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa sobre disciplina financiera (control de endeudamiento de los estados y municipios). En realidad, es la minuta que aprobó el Senado como Cámara revisora, y que tuvo que transformarse en iniciativa por cuestiones de técnica jurídica.
Es de conocimiento público la necesidad de normar y controlar el endeudamiento de estados y municipios. La falta de transparencia, o el uso negligente de estos recursos, han obligado al Poder Legislativo a debatir reformas constitucionales para frenar el incremento de las deudas que no son para inversión y no están apegadas a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, además de que compromete el futuro sustentable, no sólo del municipio o el estado sino de toda la región. Tan sólo, entre septiembre de 2013 y 2014, las deudas de estados como Morelos, Oaxaca, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Durango se incrementaron porcentualmente más que la deuda del gobierno Federal (13.9%); por ejemplo; Morelos tuvo una variación de 122.2%, mientras que en Oaxaca fue de 50.3%. (SHCP).
En términos generales, se reformarán o adicionarán los artículos 79, 108, 116, 117, 25 y 73. De hecho, desde julio de 2013, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones constitucionales que dieron inicio a la construcción del sistema de disciplina financiera para los estados y municipios. No obstante, el Senado debatió, modificó y aprobó la minuta hasta diciembre del 2014. El principal punto de desacuerdo fue la intervención del Senado en asuntos que están clasificados en la propia Constitución, como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados (materia de endeudamiento). Al parecer, esto va a quedar superado con la integración de una comisión bicameral que tiene la función de “…analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados… y en su caso emitirá las observaciones que estime pertinentes…” Más allá de lo controversial que pueda resultar la solución, en detrimento de la disminución de facultades de la Cámara baja, lo más delicado, desde mi punto de vista, es la intervención que, desde el centro, se tiene que realizar hacia los estados, bajo los argumentos legítimos de ausencia de transparencia en el control de la deuda y de señalar la responsabilidad de Congresos locales subordinados al gobernador en turno que le aprueban niveles estratosféricos de endeudamiento sin vigilar de forma escrupulosa su destino.
Sin embargo, el punto central sigue siendo la falta de combate a la corrupción y la impunidad. No necesitaríamos tantas reformas si los funcionarios fueran honestos y de no serlo, se les aplicaran castigos ejemplares. Los cambios constitucionales que se pretenden aprobar por el Constituyente permanente, frenarán el abuso que se hace del endeudamiento y quizás logren generar riqueza y combatan la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, hace falta algo más que cambiar la Constitución. Cuando Amartya Sen escribió su teoría sobre la justicia afirmó que la democracia no consiste únicamente en disponer de una perfecta estructura institucional, sino también de los patrones reales de conducta y del funcionamiento de las interacciones políticas y sociales. Además, concluía, afirmando que el desempeño económico, la oportunidad social, la voz política y el razonamiento público están profundamente relacionados entre sí. Si traducimos este pensamiento a la realidad de esta coyuntura, podríamos decir que, más que reformas centralizadoras para frenar la corrupción, necesitamos hombres y mujeres actuando con ética en el quehacer público. Por eso en estas elecciones los partidos tienen que seleccionar bien a sus candidatos y evaluarlos no sólo por su eficiencia y eficacia, sino por sus valores.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM