Nuevo pacto incluyendo gobernadores y alcaldes
Me sumo a la visión que plantea Pascal Beltrán en la columna del día miércoles pasado, respecto a que se requiere una ciudadanía que cambie y una oposición que se olvide momentáneamente de ganar votos y se concentre en rescatar al país en el preámbulo de la ...
Me sumo a la visión que plantea Pascal Beltrán en la columna del día miércoles pasado, respecto a que se requiere una ciudadanía que cambie y una oposición que se olvide momentáneamente de ganar votos y se concentre en rescatar al país (en el preámbulo de la elección próxima parece imposible porque los que han lucrado políticamente con la coyuntura, avanzan más que los otros en preferencia electoral, ahí están las encuestas de la semana); sin embargo, sumaría otros actores. Fundamentales para transitar al restablecimiento de un Estado de derecho que combata la impunidad y la corrupción: gobernadores y presidentes municipales.
Lamentablemente, durante la actual legislatura, en el Congreso de la Unión se han realizado diversos cambios que han incrementado las facultades de la federación en detrimento de la cláusula residual del artículo 124 constitucional. Los diversos cambios al Artículo 73 de nuestra Carta Magna, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, de los registros públicos inmobiliarios, de transparencia, de telecomunicaciones, de energía, de política y delitos electorales, entre otros, disminuyeron el poder real que ejercían los gobernadores y los congresos locales.
El Pacto por México fue un gran acuerdo que generó las grandes reformas, incluso, desde mi punto de vista, se logró por fin una reforma de Estado pero, en el debate, estuvieron ausentes algunos actores fundamentales. Eso motivó una falta de cohesión y pertenencia al proyecto de nación que se impulsó a partir de esta transformación. Quizá el cambio más lesivo fue el del Instituto Federal Electoral por el del Instituto Nacional Electoral. Bajo el argumento de que los gobernadores manipulaban la elección de los consejeros electorales locales, se le quitó esa facultad a los Congresos locales. Se concentró la decisión en el nuevo INE.
Si nuestra Carta Magna es la suma de los factores reales de poder, como dice Ferdinand Lassalle, en su teoría de qué es la Constitución, entonces, las reformas estructurales tienen que traducirse en la construcción de un nuevo pacto social. Así como en la Reforma a las Telecomunicaciones se incluyó a todos los actores para opinar y aportar los cambios que se requerían (tanto los propietarios de los capitales como los defensores de los derechos de los usuarios de los servicios), los gobernadores, diputados locales y presidentes municipales deben ser tomados en cuenta para restablecer el Estado de derecho a donde haga falta.
Brindarles todo el apoyo desde la federación para que cumplan a cabalidad con sus funciones y se hagan corresponsables del desarrollo regional. Pero también debe haber castigo para aquellos que no lo hagan porque, si bien es cierto, la federación ha concentrado facultades de forma excesiva, esto, muchas veces, ha sido justificado por el fracaso local para enfrentar algunas problemáticas.
Por otra parte, es difícil decir con certeza qué se tiene que hacer en concreto para rescatar la confianza en las instituciones. En este momento hay una coyuntura en donde se han conjuntado variables que impactan de forma negativa la credibilidad en el quehacer público (la violencia en algunos estados, la situación económica cotidiana y la sospecha de corrupción de algunos actores). No obstante, es importante rescatar experiencias como las del antiguo IFE que surgió con gran éxito por la ciudadanización de los procesos electorales. También tener presente experiencias internacionales como la de Palermo, Italia, para restablecer el Estado de derecho y rescatar la credibilidad de las instituciones. Ellos lo consiguieron en la peor etapa de violencia del crimen organizado, a partir de la unidad de la participación de los ciudadanos organizados en diferentes sectores (religioso, empresarial, educativo, social, político, de periodistas, etc).
Para concretar la participación ciudadana local, se les puede involucrar formalmente por medio de los observatorios ciudadanos de combate a la corrupción y la impunidad, mediante la vigilancia del uso transparente de los recursos públicos, en la actuación apegada a la garantía de los derechos humanos y la procuración de justicia y, sobre todo, a la evaluación de los resultados en materia de seguridad pública de forma cotidiana. Incluso, los gobernadores y los alcaldes tienen que ser agentes activos del impulso de la participación ciudadana porque ello puede ser sinónimo del rescate de la confianza en las instituciones.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM