El derecho de la movilidad
Esta semana, en la Cámara de Diputados, a propuesta del diputado Marcos Aguilar Vega de la fracción del Partido Acción Nacional, fueron aprobadas reformas constitucionales para garantizar el derecho a la movilidad universal de los mexicanos. La adición al artículo 73 ...
Esta semana, en la Cámara de Diputados, a propuesta del diputado Marcos Aguilar Vega de la fracción del Partido Acción Nacional, fueron aprobadas reformas constitucionales para garantizar el derecho a la movilidad universal de los mexicanos. La adición al artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de movilidad universal, mientras que al artículo 11 adiciona un párrafo que observa: “Toda persona tiene derecho a la movilidad universal. La Ley General que emita el Congreso de la Unión establecerá las bases para hacer efectivo este derecho, atendiendo a los principios de disponibilidad y sustentabilidad”.
El dictamen, que fue aprobado por una mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales antes de los hechos de Iguala, Guerrero, observa que, por “movilidad” se entiende “…el derecho al libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura, cuya satisfacción permite que las personas alcancen múltiples fines que dan valor a la vida”.
El concepto no es nuevo, la movilidad se ha construido como un derecho ante la obligatoriedad que tienen los gobiernos a garantizar el desplazamiento de los ciudadanos. No hace mucho tiempo, en la denominada Carta de los Derechos Humanos Emergentes, promovida en Cataluña, afirmaba a los derechos de movilidad universal y de movilidad y accesibilidad como necesarios para ser asumidos por los Estados. La misma carta manifiesta: “…toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas”.
No obstante estos antecedentes, algunos legisladores afirmaron durante el debate en tribuna que las reformas pretendían abrir el paso a la prohibición de manifestaciones y marchas. Inclusive, algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática manifestaron su rechazo. Resulta extraña su posición porque el 14 de julio de 2014, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó la Ley de Movilidad del Distrito Federal que señala en su artículo 5: “La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona”. Ese mismo día, la Secretaría de Transporte y Vialidad dejó paso a la Secretaría de la Movilidad.
Sin lugar a dudas, durante las últimas semanas después del 26 y 27 de septiembre, algunos legisladores han utilizado cualquier tema a discutir para relacionarlo con los lamentables hechos de Guerrero, incluso, en relación a este dictamen, sus argumentos han llegado mucho más lejos, mencionando que todo es parte de un plan del Estado para reprimir las manifestaciones y en especial a los estudiantes.
Nada resulta tan lejano como eso toda vez que, quienes hemos dado seguimiento a las actuales manifestaciones, hemos sido testigos a través de los medios de comunicación, de cómo aquéllos que han sido violentos y han destruido todo a su paso, incluso, han agredido a los ciudadanos que se manifiestan en paz, han sido protegidos por supuestos grupos de derechos humanos e incluso, les han abierto las puertas del Metro para que puedan retirarse sin ninguna consecuencia por sus acciones.
Por otra parte, el debate entre el derecho de manifestarse y el de libre tránsito es viejo y cada vez que se le consulta el tema a los ciudadanos que habitan en el Distrito Federal, en su gran mayoría, han estado de acuerdo en que deberían establecerse reglas para garantizarse ambos derechos constitucionales igual como sucede en los países democráticos de cualquier región del mundo.
Seguir lucrando con el dolor que permea a toda una sociedad resulta redituable porque estamos en el preámbulo del año electoral, pero también es a todas luces falto de ética, porque a partir de la mentira buscan abonar a un clima de inestabilidad e ingobernabilidad en el que hay muchos adversarios y enemigos participando de forma tácita.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM