Iguala: crimen de Estado por comisión y omisión
Crimen de Estado es el artero asesinato de los jóvenes normalistas y de los integrantes del equipo de futbol de Chilpancingo, confundidos con estudiantes de Ayotzinapa. Crimen de Estado, porque se decidió matar cobardemente a opositores políticos por el simple hecho de ...
Crimen de Estado es el artero asesinato de los jóvenes normalistas y de los integrantes del equipo de futbol de Chilpancingo, confundidos con estudiantes de Ayotzinapa. Crimen de Estado, porque se decidió matar cobardemente a opositores políticos por el simple hecho de manifestarse y molestar al gobernante local. Aún falta conocer el paradero de más de 40 jóvenes, casi niños que se encontraban en el lugar de los hechos.
Pero la violencia en Guerrero ha sido constante y no coyuntural. El caso de Iguala ya era de horror hace mucho tiempo, tan sólo el 30 de mayo de 2010 se rescataron más de 50 cadáveres de un respiradero de una mina de Taxco, entre los muertos había personas secuestradas que nunca fueron devueltos a sus familiares, representantes de los ministerios públicos y policías que fueron víctimas de los llamados levantones, incluso, el director del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota.
La impunidad y la falta de procuración de justicia son los principales factores para que estos crímenes se hayan diversificado y escalado hasta afectar a los propios representantes de las instituciones públicas. Ejemplo emblemático fue el asesinato del entonces presidente del congreso local, Armando Chavarría, que continua sin aclararse.
Pero también se puede hacer un recuento de asesinatos de varios funcionarios de seguridad pública o expresidentes municipales, o diputados locales o representantes de diversos partidos políticos, por ejemplo: Trinidad Zamora Rojo, Abel Uribe Landa, Rey Hernández García, Genchi Casiano, Homero Lorenzo Ríos y Braulio Zaragoza.
Por supuesto que lo que ahora vivimos no tiene comparación, con incredulidad e indignación en la Cámara de Diputados se ha conformado una Comisión Especial para darle seguimiento a las investigaciones sobre los hechos de Iguala, Guerrero.
No obstante, el compromiso de evitar hacer escarnio político de esta situación tan delicada, los partidos políticos tienen que asumir que le han fallado a los ciudadanos, que es indispensable cambiar la forma de hacer política y que se tiene que reencauzar el objetivo del ejercicio del poder. La rentabilidad política no puede estar por encima del bien público, y se tiene que rescatar la posibilidad de nombrar a representantes que se les reconozca por su honestidad, por su congruencia y no por su poder económico que muchas veces no se sabe de dónde proviene.
Mientras continúe esta forma perversa de hacerse de candidatos rentables, no nos extrañemos si se reproducen gobernantes como los de Guerrero o Michoacán o cualquiera que descubramos constantemente en cualquier estado de la República.
Hoy, lamentablemente, desde diferentes voces podemos exponer nuestro dolor, pero nunca se podrá comparar con el de una madre o un padre que pierde a su hijo por el solo hecho de no conformarse con su destino, el destino de los pobres que no tienen oportunidad de estudiar más que en una Normal como la de Ayotzinapa o de los que —terriblemente— se integran al crimen organizado porque carecen de empleos y capacidades para salir de la pobreza.
Los hechos ocurridos en el municipio de Iguala de la Independencia han puesto en los ojos del mundo —de nueva cuenta— al estado de Guerrero, pero no lo hacen en el sentido positivo, sino como el territorio donde la violencia, en este caso institucional porque emanó de la propia autoridad, cobra víctimas. Éste, siendo un crimen de Estado, tiene que resolverse con miras de Estado, un nuevo pacto social y político que restablezca el Estado de derecho, la paz y la seguridad de los ciudadanos es urgente en cada lugar que se requiera, eso sólo se puede lograr con justicia y combate la impunidad.
Hoy pasaron los días de gloria donde México estaba a la vanguardia con las reformas estructurales, hoy es momento de llevar a la práctica el restablecimiento de las instituciones locales en los tres órdenes de gobierno por medio de un pacto entre la Federación y los gobiernos estatales, para blindar el futuro de todo nuestro país.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM