El recuento legislativo (I)

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Ruth Zavaleta Salgado 23/05/2014 01:49
El recuento legislativo (I)

Hace 20 años, en el prólogo a su Ingeniería constitucional comparada, Giovanni Sartori escribió: “Es claro que instituciones y constituciones no pueden hacer milagros. Pero difícilmente será que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno”.

Las reformas constitucionales que se aprobaron posterior a los los acuerdos del Pacto por México son parte de una gran reforma de Estado para delinear y perfeccionar nuestros instrumentos de gobierno y lograr con ello no sólo instituciones más fuertes, sino un nuevo pacto para generar  riqueza, distribuirla, vigilar su uso de forma transparente y sus resultados.

Durante estos dos años, el Constituyente Permanente aprobó 12 modificaciones constitucionales que comprenden la reforma a 40 artículos, adiciones de incisos o párrafos a 17 y la derogación de una fracción a uno. Los artículos que más modificaciones tuvieron son el 73, con siete (facultades del Congreso de la Unión), y el 116, con cinco (facultades de los estados de la República). Queda pendiente de aprobación por el Constituyente Permanente la reforma al artículo 41 referente a la adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión como causal de nulidad de una elección. De los 12 decretos, dos comprenden la reforma político-electoral.

Entre las leyes reglamentarias derivadas de ello están las de Consulta Popular (14/03) y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (20/05). Además, en la última sesión extraordinaria del día 15, fue reformada esta última, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y aprobadas las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos.

Lamentable y justificadamente, la indignación que originó la aprobación sobre pensiones a magistrados fue una cortina de humo que sepultó lo bueno que se logró con los acuerdos legislativos.

Por ejemplo, el hecho de lograr, por fin, una norma que regule la vida de los partidos políticos. El asunto no es menor si consideramos que de estos emanan los gobiernos y los cuerpos legislativos que a la vez toman las decisiones de quienes constituyen el tercer Poder, es decir, el Judicial. Es fundamental contar con hombres y mujeres capacitados para desarrollar las actividades del quehacer público, por lo que no sólo basta la reelección para lograrlo, sino que hacen falta reglas claras al interior de los partidos políticos para impulsar una clase política que responda a los retos de eficacia, eficiencia, institucionalidad y visión de Estado que no sólo el país requiere, sino América Latina.

La Ley de Partidos Políticos incluye temas que generan “la expansión de la participación política” (Huntington). Sumada a otros instrumentos, como las Cartas Ciudadanas, se fortalece el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas y promover consultas en materias antes exclusivas del Congreso de la Unión. Además, las candidaturas independientes son una alternativa real para aquellos que, sin compartir ideología con algún partido político, aspiran a representar a los ciudadanos. Otro punto significativo es el incluido en el párrafo 4 del artículo 3 que indica que: “Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales…”

Por otra parte, ante la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral se construyó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Si bien es cierto que esta nueva norma responde por igual tanto a los actores como a los ciudadanos que exigen mayor transparencia y verdaderos castigos a quienes trasgreden las reglas del juego electoral y causan dudas que desembocan, incluso, en la “ilegitimidad” del gobierno electo como lo fue en 2006. Pero más allá del sentido justiciero, está el preventivo, porque el conjunto de artículos contenidos en la Ley impone más controles para tener procesos electorales más claros y efectivos como, por ejemplo, el del párrafo 5 del artículo 169, que prohíbe las llamadas campañas negras en contra de algún candidato por medio de la radio o televisión.

Finalmente, se pretende que, antes de que comience la cuenta regresiva del último año legislativo de los diputados, en los siguientes dos periodos extraordinarios se apruebe lo referente a telecomunicaciones y energía, algo de lo que hablaremos en la próxima ocasión.

                *Maestra en derecho constitucional por la UNAM

                ruthzavaletas@hotmail.com

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