La facultad de iniciar leyes para la SCJN

Nadie niega que el Poder Judicial resulta ser un importante actor en las iniciativas de ley.

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Ruth Zavaleta Salgado 11/04/2014 02:03
La facultad de iniciar leyes para la SCJN

Este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos reformas importantes que tienen que ver con la facultad de iniciar leyes. Por una parte, apuntaló el derecho de los ciudadanos, y por otra, amplió la facultad al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Actualmente, si bien en las constituciones de 31 estados de la República hacen referencia al derecho de iniciativa  ciudadana, solamente en 18 de ellos está contemplado en sus constituciones  (Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).

La iniciativa ciudadana es un instrumento de la democracia directa y viene a complementar la posibilidad de que los ciudadanos expresen sus posiciones con mayor claridad, y conjuga dos aspectos sustanciales: extienden sus derechos (se convierten en casi legisladores), y fortalecen su vínculo con los gobernantes. En suma, se intenta que con ello se complemente y fortalezca la democracia representativa.

La reforma aprobada  es vanguardista no sólo en lo federal, sino en el ámbito local, pues pone orden al establecer un porcentaje de 0.13% de iniciantes para poner en la mesa de debate legislativo los temas que los ciudadanos quieren en cada estado (99 mil personas inscritas en la lista nominal de electores). En la actualidad, en Aguascalientes se necesita de 2.5%; en Colima, 2%; Chihuahua, 1%; Guanajuato, 3%; Jalisco, 0.5%; Morelos, 3%; Puebla, 2.5%; Sonora, 1%; Tabasco, 10%, y Baja California Sur, con 0.1 %, es una excepción. Otros estados no tienen definido cuál es el porcentaje necesario de ciudadanos que pueden presentar una iniciativa de ley.

Pero si bien es cierto que la iniciativa ciudadana amplía el conjunto de actores que pueden iniciar leyes en el ámbito federal, también es cierto que las constituciones estatales ya integran a mucho más actores participantes de la facultad de iniciativa. Por ejemplo, 31 estados tienen contemplado al Poder Judicial, algunos de forma restringida y otros de forma amplia; otras entidades incluyen a los ayuntamientos e incluso a los órganos de derechos humanos. Por ello resulta relevante la segunda reforma que se votó, referente al párrafo segundo del Artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que amplía la facultad al TSJDF para iniciar leyes.

En nuestro país, los estados de Baja California, Durango, México, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Querétaro y Zacatecas, integran en sus constituciones el derecho para que el Poder Judicial del estado inicie leyes sin alguna acotación. La reforma extiende la facultad del TSJDF para que pueda iniciar leyes “…en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; en las materias Civil, Penal, Familiar, de Justicia para Adolescentes y en sus respectivos códigos procesales, a excepción del penal”. Con dicha reforma, sus posibilidades para actuar con mayor eficacia son evidentes, ya que tenía la facultad acotada a  “todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia”.

Quizás ante esta reforma, que resulta muy importante para el Poder Judicial del Distrito Federal, se tenga que reabrir el viejo debate de otorgarle la facultad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay forma de negar la legitimidad de esta petición del Poder Judicial Federal, toda vez que los estados ya cuentan con esa apertura al órgano local. El entuerto a resolver por los legisladores tendría que ver con determinar si esa facultad es restringida o amplia, pero nadie niega que el Poder Judicial resulta ser un importante actor  en las iniciativas de ley por su preparación y experiencia en los temas relacionados a su ámbito de competencia.

Finalmente, para concluir estas reflexiones cabe mencionar que, si bien es cierto que los factores más relevantes de la gobernabilidad de un país son el Estado de derecho y la relación entre el Estado y la sociedad, las reformas mencionadas son importantes, pero queda pendiente que las instituciones informen plenamente a los ciudadanos sobre estos instrumentos y que ellos los asimilen y los pongan en marcha.

                *Maestra en derecho constitucional por la UNAM

                ruthzavaletas@hotmail.com

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