Político-electoral sin acuerdos locales

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Ruth Zavaleta Salgado 17/01/2014 01:56
Político-electoral sin acuerdos locales

Si bien es cierto que la Reforma Energética fue aprobada en un tiempo récord, no sucede lo mismo con la Reforma político-electoral. Aun cuando la mayor parte de su contenido es aceptado e impulsado por diversos actores políticos, hay un punto que, por su significado, puede estar influyendo para que los congresos locales no estén dispuestos a aprobarla o la estén dilatando: el cambio del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional de Elecciones (INE).

Al 15 de enero, la político-electoral ha sido recibida por todos los estados y sólo se ha aprobado por 11 legislaturas estatales: Estado de México (16 de diciembre), Coahuila, Nayarit y Puebla (17), Zacatecas (20) y en enero de este año Baja California (6), Guanajuato (7), Nuevo León (9), Jalisco (10), San Luis Potosí (14) y Morelos (15). Quedan pendientes 20: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Lamentablemente, las reformas constitucionales están a expensas de la voluntad política de quienes la integran porque, si bien es cierto que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma… que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados…”,  no existe una legislación secundaria que determine cuál es el término en que debe aprobarse o rechazarse por los congresos estatales un Proyecto de Decreto enviado por el Congreso de la Unión y, por lo tanto, no existe sanción definida al respecto, por lo que esta no es la primera vez que un cambio constitucional puede tardar meses o quizás años en concretarse.

Pero si bien es cierto que un elemento a considerar para el retraso de la discusión del Proyecto de Decreto político-electoral del Poder Legislativo estatal fue el periodo de descanso, también es cierto que existen resistencias respecto a la centralización que implica el cambio del IFE por el INE, toda vez que el argumento más fuerte por parte de los defensores de ese cambio en particular fue debilitar el control que ejercen los gobernadores sobre los nombramientos de los consejeros electorales locales, también es cierto que la decisión debilita la autonomía de los congresos locales y el principio del federalismo.

Pero aun con estas reflexiones, se entiende que la reforma político-electoral se ubica en el contexto del Pacto por México junto con el tema de Reforma Energética, por lo que se esperaría que, a pesar de los retrasos, se llegara a la aprobación de la mayoría del Constituyente permanente, pero lo que está sucediendo en algunos congresos locales proyecta quizá la falta de acuerdos internos de los partidos, pero más aún, los desacuerdos con los gobernadores que emanaron de sus propias filas, por ejemplo en el estado de Guerrero: en este momento el Congreso local que está en funciones es la LX Legislatura, cuyo periodo inició el 13 de septiembre de 2012 y terminará en 2015. El Congreso de Guerrero cuenta con 20 diputados del PRD, 13 del PRI, 5 de MC, 3 del PAN, 3 del PVEM, 1 del PT y 1 de Nueva Alianza, 28 de mayoría relativa y 18 de representación proporcional (46 en total). La dinámica de coaliciones es diferente a la de las cámaras de Diputados y de Senadores: entre PAN, PRI, NA y PVEM suman 20 diputados frente a 26 del bloque de izquierda. Sin embargo, la reforma político-electoral fue aprobada en el Congreso de la Unión con el apoyo del PAN, el PRD, el PRI y el PVEM, lo que significaría que ese mismo apoyo se manifieste en los estados. Sin embargo, el pasado 19 de noviembre, con la asistencia de 42 diputados y con la mayoría de los votos de los diputados del PRD, PT y MC, la Legislatura estatal rechazó el Proyecto de Decreto en materia energética y dejó pendiente la discusión de la reforma político-electoral.

Al igual que Tabasco, se entiende el rechazo en el primer caso, pero en el segundo la pregunta es: ¿los partidos no acordaron con sus gobernadores y sus congresistas locales?

                *Maestra en derecho constitucional por la UNAM

                ruthzavaletas@hotmail.com

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