Los resultados del primer año
Los ciudadanos hemos demandado que los Poderes de la nación funcionen de forma coordinada.
Durante mucho tiempo los ciudadanos hemos demandado que los Poderes de la nación (Ejecutivo y Legislativo, principalmente) funcionen de forma coordinada. Con ello se exige que se eviten las confrontaciones para que el ejercicio de gobierno sea más eficaz y eficiente. Lamentablemente, cuando inició el periodo de la alternancia con el presidente Vicente Fox electo, los desencuentros se agudizaron al grado de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para dirimir diferencias respecto al Presupuesto y, después, electo Felipe Calderón Hinojosa, los acuerdos tardaron en concretarse para hacer cambios legislativos, incluso, el clima de debate y confrontación fue constante en los primeros tres años con un grupo de la izquierda y en los otros tres años con el Partido Revolucionario Institucional.
Hoy, son otros tiempos, en una semana el Ejecutivo federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, cumplirá su primer año de gobierno, que tiene el sello de un gabinete conciliador y constructor de acuerdos que han permitido cambios legislativos importantes.
La legitimidad con la que cuenta el titular del Poder Ejecutivo ha permitido que los proyectos y compromisos de campaña se transformen en acciones concretas. Si bien es cierto, aún no se advierte un cambio sustancial en la vida de los mexicanos, los cimientos están puestos para que en mediano plazo se rindan frutos de los cambios legislativos en educación, telecomunicaciones, transparencia, fiscales y, por supuesto, en lo político y lo social.
Se entiende que la percepción de los mexicanos aún no cambie en ciertos rubros de la vida nacional como el de la seguridad pública, el empleo o el combate a la pobreza porque son problemas estructurales que, para resolverse, tienen que ir de la mano con políticas públicas relacionadas con la economía, la reconstrucción del tejido social y la educación, pero en lo que respecta al trabajo legislativo, vale la pena hacer un recuento de los resultados que se han alcanzado en muy corto plazo por el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo (este último, sustentado en el Pacto por México, encabezado por la Secretaría de Gobernación).
Como base de comparación recordemos que la LIX Legislatura (2003-2006), durante los tres años de ejercicio, aprobó 248 reformas, es decir, 82 por año, 18 a la CPEUM. En tanto, la LX Legislatura (2006-2009) aprobó 214, 71 en promedio, 25 a la CPEUM; y, por su cuenta, la LXI Legislatura (2009-2012), aprobó 259, 86 por año, 17 de ellas constitucionales.
Por su parte, la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados ya aprobó 79 reformas a diversos ordenamientos, incluyendo las constitucionales: en materia educativa para plantear un nuevo modelo, el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (art. 3 y 73); el de competitividad económica (art. 25); sobre telecomunicaciones (arts. 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105); en materia de deuda de los estados (arts. 25, 73, 79, 108, 116 y 117); para fortalecer las candidaturas independientes (arts. 116 y 122); para homologar los registros públicos inmobiliarios y catastros y la legislación procesal penal única (art. 73); en materia de arraigo (art. 16); sobre propiedad de extranjeros (art. 27) y para crear la pensión para adultos mayores y el seguro de desempleo (arts. 4, 73 y 123), entre otras.
De acuerdo con los números, la LXII Legislatura se encuentra sobre el promedio de aprobación de reformas realizadas por las últimas tres legislaturas (79). Sin embargo, la trascendencia de éstas sobrepasa a las anteriores, inclusive a la LX Legislatura, donde se aprobaron modificaciones fundamentales sobre todo relacionadas a la seguridad pública y procuración de justicia. En contraste, a las reformas promovidas en las anteriores legislaturas, nueve de las aprobadas por la actual legislatura, son modificaciones sustanciales a los modelos social y económico de las políticas públicas. Es decir que, frente a las reformas del pasado que atendían una visión de gobierno enfocado a la seguridad pública, la visión de esta administración es el desarrollo económico y, sobre todo, el social, considerándolos como ejes sobre los cuales se promueve el desarrollo.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM