Feminicidios: vergüenza nacional

Los datos son duros, tristes, amargos. El recuento de los daños, formulado por el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Reproducen la Violencia contra las Mujeres, infiere el lamentable crecimiento de los feminicidios. Entre 2001 y 2010, nueve estados de la República se encuentran en esa situación y tan sólo siete de las 32 entidades escapan a ese crecimiento (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).

En México se estableció el 6 de noviembre como Día Nacional en Memoria de las Víctimas del Feminicidio. Tema poco afortunado para una nación que, paso a paso, va garantizando los derechos humanos de sus ciudadanos. La fecha se relaciona con los primeros hechos registrados en Juárez en 1993 y la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 2009), que obliga al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad internacional sobre los feminicidios de tres jóvenes en Juárez por razones de género (incluyendo la violencia institucional que sufrieron los familiares) y a instalar un monumento en memoria de éstas.

Los hechos ocurridos en Juárez en 1993 son un parteaguas en la visión de género porque —si bien ya había señales de alerta— fue a partir de ahí cuando la violencia en contra de las mujeres, por razón de género, tuvo mayor atención de los medios de comunicación. Pero el problema se hace extensivo en otros estados en que se han llegado a incrementar hasta en 20% los crímenes relacionados con odio de género.

La problemática en términos sociológicos puede analizarse desde diversos puntos, pero, sin lugar a dudas, el que mayor peso tiene es el de la impunidad. La falta de investigación y procuración de justicia, no sólo en este delito, hace imposible castigar a los responsables y frenar el crecimiento de los asesinatos, pero otro mayor problema implica la simulación y el doble discurso de aquellos que detentan el poder.

En los últimos diez años, el Congreso de la Unión ha reformado artículos constitucionales para garantizar los derechos humanos y políticos de las mujeres, ha impulsado nuevas leyes contra la violencia hacia ellas, y la Cámara de Diputados, desde 2007, ha aprobado presupuestos “transversales de perspectiva de género” que pasaron de siete mil a 20 mil millones de pesos a 2013, entonces, ¿cómo se explica que no se frene esta problemática y, por el contrario, siga creciendo?

Quizás una de las razones es la tardanza con la que los congresos locales armonizan las normas federales, como la de la igualdad entre mujeres y hombres y la de la erradicación de la violencia hacia ellas o la tipificación de delito el feminicidio, que a estas fechas hay tres estados que no lo hacen (Michoacán, Nuevo León y Sonora).

Tal vez también tiene que ver con la falta de visión de cómo impulsar políticas públicas para enfrentar la violencia, pero, sobre todo, desde mi punto de vista, falta la respuesta fuerte y organizada de la sociedad civil. La problemática que enfrentan las mujeres no es sólo de nosotras, es de toda la nación en su conjunto.

Falta que los que ejercen el Poder Ejecutivo en cualquier nivel asuman estos temas como de toda la sociedad y no los estigmaticen como un asunto de mujeres o, lo que es peor, como un asunto “privado” porque, lamentablemente, en la mayoría de los estados con más violencia hacia ellas, los agresores son esposos, novios y hasta padres de familia.

Falta que el Poder Legislativo cumpla más con su papel de equilibrio y control del ejercicio público, es decir, de la rendición de cuentas que tienen que hacer los funcionarios públicos, principalmente de aquellos encargados de la procuración de justicia, ya que memorar a las víctimas de la violencia contra la mujer debe avergonzarnos como nación y debe hacernos reflexionar sobre qué más tenemos que hacer para evitar la violencia contra las mujeres.

        *Maestra en derecho constitucional por la UNAM

            ruthzavaletas@hotmail.com