Inversión y conflicto en la Ciudad de México

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Ricardo Pascoe Pierce 27/06/2014 00:00
Inversión y conflicto en la Ciudad de México

El Bando 2, decretado por Andrés Manuel López Obrador, a los pocos días de haber asumido la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, instaló a la administración pública de la ciudad en una nueva lógica urbanística, desconocida hasta ese momento, por lo menos en la magnitud planteada, y que es la línea rectora que prevalece hasta el día de hoy. Básicamente en lo que se traduce esta nueva lógica es en la usurpación por parte del gobierno local de los instrumentos legales necesarios para cambiar los usos de suelo en donde le parezca útil y necesario para lograr sus objetivos —sean éstos los que sean– sin tener que hacer engorrosas y conflictivas consultas ciudadanas a cada paso.

El método del Bando 2 permitió, simplemente, cambiar todos los usos de suelo de las cuatro Delegaciones centrales de la ciudad por decreto: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Fue muy fácil, pues el decreto estaba cobijado en un razonamiento “políticamente correcto”: era, se decía, para promover vivienda de interés social. Bajo este supuesto, nadie iba a sospechar lo que vendría, que era la violación sistemática de los preceptos del Bando, para revalorar la plusvalía del suelo y legitimar, vía el mercado, la construcción de vivienda de interés medio y alto, y, a lo largo de los años, ignorar la vivienda de interés social.

Del Bando 2 transitamos al rescate de la Norma 26 (decretada desde 1996) como sustituto y hoy estamos viendo nacer Zodes, Ages, Ades y las normas 30 y 31. En la secuencia del desfile de instrumentos, hay un denominador permanente y común a todos ellos: facilitar el cambio de los usos de suelo discrecionalmente y con una mínima de interferencia vecinal. La Seduvi y Sedeco son las instancias encargadas de elaborar los proyectos urbano-económicos para responder a la presión que ejercen los principales desarrolladores para transformar zonas enteras de la ciudad: en Tlalpan se proyecta la Ciudad de la Salud, en la colonia Doctores se proyecta eliminar toda la zona conocida como la Buenos Aires para convertirla en un área comercial y residencial de alta plusvalía, 32 colonias populares y de clase media de la Delegación Miguel Hidalgo serán convertidas en un “Nuevo Polanco” a través del Plan Maestro Granada, habrá un corredor “cultural” del Metro Chapultepec al Metro Insurgentes, La Ciudad del Futuro se construirá en Coyoacán, teniendo como su ancla el terreno que albergaba la Planta de Asfalto, la Ciudad Administrativa y Judicial se asentará en la Delegación Cuauhtémoc y la Ciudad Verde, se ubicará en la Delegación Azcapotzalco, a pesar de que prácticamente no se sabe nada acerca del proyecto. Por último, y hasta donde se sabe, se reconvertirá  la Santa María La Ribera en la “Nueva Condesa”.

Adicionalmente, las normas 30 y 31 facilitarán el cambio de usos de suelo en 600 colonias de la ciudad, permitiendo realizar proyectos constructivos predio por predio, sin reglamentación o planificación alguna. El concepto que subyace detrás de estas normas es que la planificación integral y visionaria hacia el futuro es un estorbo para lograr los objetivos de corto plazo que fijan los desarrolladores: ante la mínima inversión, la máxima utilidad. Las Aages y Ades se crearon para dar respaldo legal a todo el esfuerzo que se hace por permitir las construcciones sin responder a una visión de largo plazo de la ciudad, en virtud de que se ha demostrado la ilegalidad de las Zodes.

En términos sociales, estos megaproyectos urbanos enlarvan, como efecto inmediato, la tendencia a expulsar a números importantes de habitantes de las zonas afectadas. Las expulsiones de poblaciones enteras vendrá a causar lo que la propaganda oficial dice que no quiere que suceda: crecerán las zonas periféricas de la ciudad que carecen de los servicios urbanos básicos para albergar a migraciones de nuevos pobladores. Este fenómeno expulsor de población, junto con la revalorización del suelo de los espacios abandonados y su reconversión en espacios de alto valor económico, es lo que algunos llaman gentrificación. El discurso oficial de la “ciudad policéntrica y socialmente integradora” no se sostiene bajo el impacto de sus propios proyectos, pues la gentrificación destruye el concepto de la ciudad policéntrica, al destruir el tejido de la integración social. Así, la concepción urbanística de la administración pública local abre las puertas a dos cosas: por un lado, a los megaproyectos que generan grandes utilidades y, por el otro, a una secuencia de conflictos sociales ante una comunidad que se resiste a perder sus patrimonios y abandonar sus tradiciones y formas históricas de convivencia.

                ricardopascoe@hotmail.com

                Twitter: @rpascoep

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