¿Por qué la moratoria urbana?

Seduvi ha declarado su intención de convocar a consultas públicas para proceder a la elaboración de un nuevo programa.

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Ricardo Pascoe Pierce 04/04/2014 00:10
¿Por qué la moratoria urbana?

Desde que publiqué una columna (28 de marzo recién pasado, aquí en Excélsior) planteando la necesidad de declarar una moratoria urbana en el DF hasta en tanto no se apruebe un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano para toda la ciudad (incluso sería deseable que fuera para la zona metropolitana), he recibido múltiples comentarios o respuestas con interrogantes sobre la propuesta. Unos preguntan ¿de qué serviría, ante la corrupción reinante en la ciudad?, mientras que otros, menos pesimistas, sugieren ¿cómo funcionaría?, ¿se detendría toda la ciudad y sus desarrollos?

El punto de partida para sostener la idea de una moratoria urbana es que la Ciudad de México no cuenta, en este momento, con un marco regulador coherente en lo que al desarrollo urbano refiere. Es cierto que existe un Programa General de Desarrollo Urbano que fue aprobado en 2003, y publicado en la Gaceta Oficial en diciembre de ese año. Pero eso fue hace 11 años, cuando su vigencia era de seis años. También es cierto que, año con año, se le han restado o agregado nuevos elementos, enfoques insólitos, distorsiones del proyecto originario y adiciones que entran en contradicción con otras partes del programa. Es decir, se ha vuelto una Torre de Babel cuyos lenguajes son, simplemente, incoherentes. Ante esta situación, no solamente podemos declarar muerto el Programa General de Desarrollo Urbano, sino que es un  cuerpo putrefacto que debiera enterarse.

Es cierto que Seduvi ha declarado su intención de convocar, durante este 2014, a consultas públicas para proceder a la elaboración de un nuevo programa, que responda a la actual situación que enfrenta la ciudad y la zona metropolitana.  Pero, sabiendo cómo son estos procesos de consulta, elaboración y la posterior discusión y aprobación en la ALDF, es razonable llegar a la conclusión de que difícilmente se votará un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano del DF antes de que termine la actual legislatura su gestión, pues de ser así tendría que aprobarse antes de septiembre de 2015. 

Adicionalmente, se cruza un hecho político en el calendario nacional y de la ciudad: las elecciones intermedias de 2015, a verificarse en junio de ese año. Bien es sabido que dichos comicios presentan un escenario de gran incertidumbre en cuanto a sus posibles resultados en el DF.  Si al ambiente político capitalino, de por sí enrarecido por divisiones en, y entre, los partidos y con un gobierno local en plena crisis por su gestión y la de la administración anterior, se le agrega un componente adicional (que sería una discusión pública del Programa General de Desarrollo Urbano), lo más probable es que se retrase hasta 2016. Es decir, no hay para cuándo tener un nuevo y flamante Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Pero, al mismo tiempo, y en este marco de mínima y deficiente regulación, Seduvi avanza con el proyecto de desarrollo urbano más ambicioso que la ciudad haya conocido. La idea de transformar radicalmente a zonas enteras de la ciudad, empezando por la llamada ciudad de la salud, en las zonas de hospitales públicos y privados de Tlalpan, sin contar con un marco regulatorio adecuado, es un llamado a la destrucción de tejidos sociales, urbanísticos e integrativos, sin tener certeza alguna acerca de lo que vendría después, a raíz de la proyectada “modernización y renovación” de la zona.

Nadie puede estar en contra de la idea de mejorar la ciudad. El enigma a resolver es: ¿qué se entiende por mejorar?, ¿en qué se está pensando cuando se habla de modernizar y renovar a la colonia Doctores, o las 32 colonias de la parte norte de la delegación Miguel Hidalgo, o el amplio entorno a la Basílica de Guadalupe, en la Gustavo A. Madero? Si nos guiamos por las experiencias de la gentrificación de Nueva York o Paris, la modernización ha significado la expulsión masiva de población de sus barrios tradicionales, y su sustitución por ámbitos residenciales y comerciales trendy. Y, por supuesto, por una población de otro nivel de ingresos.

Si esto es lo que se está proponiendo, sin tomar en consideración las características tradicionales de zonas como San Ángel o Coyoacán, entonces urge poner un freno al proceso antes de que genere una situación irreversible en la ciudad. De ahí la necesidad de demandarle al gobierno que imponga una moratoria a sus proyectos que implican un cambio masivo y generalizado de usos de suelo sin consulta vecinal alguna. La moratoria es para devolverle algún tipo de racionalidad al proceso antes de que sea demasiado tarde. Moratoria ¡ya!

                ricardopascoe@hotmailcom

                Twitter: @rpascoep

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