Ley y reproducción asistida

De sobra he comentado en este espacio la necesidad urgente de regular todos los temas relativos a la reproducción asistida, seguimos en nuestro país sin un marco regulatorio adecuado a la realidad. La proliferación de clínicas y servicios está ocurriendo de manera explosiva en buena parte debido a la demanda de la población que demanda estos servicios. La ciencia médica ha progresado rápidamente brindando cada día respuestas más rápidas y eficaces para las personas que desean descendencia, simplificando los esquemas de medicamentos, el seguimiento de la paciente que brindará los óvulos, y de quien albergará al embrión y al feto. Tenemos hoy día, un número cercano al centenar de clínicas, solamente en la zona metropolitana del Valle de México, trabajando sin un marco legal que les brinde seguridad jurídica, ni a los profesionales involucrados ni a las mujeres y niños objeto y producto de esta tecnología. Es el peor escenario sin duda y para mi sorpresa me encontré recientemente el mismo texto en extremo conservador, que pretende en términos concretos prohibir y/o acabar con las clínicas, pero ahora aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, inconcebible. Nuestra realidad nacional, con una democracia en ciernes (que por cierto ya son muchos años para que siga en “ciernes”) provoca que fácilmente un grupo de legisladores, sin consultar a los expertos involucrados, articule otro “albazo legislativo” intentando terminar con alguna actividad que ya ocurre en el país desde hace muchos años, por razones estrictamente ideológicas, sin tomar en cuenta lo más elemental de las leyes e incluso actuando en contra de la Constitución de la República. A pesar de que yo no soy un profesional del Derecho, entiendo claramente que la reciente modificación al texto constitucional implica el reconocimiento más amplio a los derechos humanos expresados en los tratados internacionales firmados por muchos países latinoamericanos, entre los que se encuentran los derechos reproductivos, por lo que restringir esos derechos significa ir en contra de la Constitución; aún así la Comisión de Salud, elabora, presenta, aprueba y está a punto de llevar al pleno del Congreso el mismo texto restrictivo (haciendo un copy-paste) que ya no pudieron sacar adelante en el Senado, prohibiendo la preservación de embriones y gametos, que son parte constitutiva, esencial de las técnicas, para alcanzar el éxito. No tienen legitimidad alguna, carecen del derecho que les otorgamos los ciudadanos en las urnas porque es para defender los intereses de la población, no sus mezquindades y mucho menos es una patente de corzo para que aprovechándose de la realidad mediática en la que cualquier tema está por debajo de los maestros, saquen adelante una iniciativa basada en sus moralinas. Eso va a ser un acto de corrupción legislativa, no tiene otro nombre, es necesario y urgente llamarlos a cuentas, que nos expliquen quién redactó ese texto, que nos aclaren cómo lo cabildearon y las razones de fondo para actuar de esa manera.