La repatriación de los dreamers

La educación es, sin duda, uno de los derechos fundamentales de mayor valía para el ser humano. Constituye un derecho de carácter social e implica que debe ser promovida, protegida, respetada y garantizada por todas aquellas autoridades que formen parte del Estado mexicano.

Mencionar lo anterior es conveniente, dada la reciente aprobación en el Senado de la iniciativa preferente que el Presidente de la República remitió para reformar diversos artículos de la Ley General de Educación.

Se busca dar facilidades para la revalidación de estudios de los mexicanos en el extranjero que —hoy en día— viven amenazados por la persecución ordenada por el actual Presidente estadunidense. Se trata de los llamados dreamers, es decir, aquellos niños y jóvenes que ingresaron a Estados Unidos de una manera irregular, llevados por sus padres y que se encuentran estudiando en el vecino país del norte.

Siniestro, pero cierto. Una “cacería” de indocumentados que se ha instruido por el mandatario estadunidense y que al parecer también está respaldada por muchos de los miembros del Congreso estadunidense, quienes, en un hecho insólito, aplaudieron a rabiar —en casi un centenar de ocasiones— el mensaje ofrecido por el magnate en el Capitolio durante su primera comparecencia.

La amenaza ha pasado al terreno de los hechos. Daniel Ramírez, un mexicano indocumentado de 23 años, y otra estudiante de origen argentino, amparados por el programa creado por Obama, llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia —DACA— se convirtieron en los primeros dreamers detenidos por agentes migratorios a partir de la llegada de Trump.

Ante este escenario, el Senado mexicano aprobó un total de ocho modificaciones a la Ley General de Educación para buscar facilitar la reinserción de los niños y jóvenes, en caso de ser deportados a México.

Los cambios propuestos facultan a la Secretaría de Educación Pública para establecer procedimientos que faciliten la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de dichos jóvenes; que en la mayoría de los casos jamás han pisado nuestro país. La iniciativa aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.

Diversas instituciones de Educación Superior —entre ellas la UNAM, a través, de su rector, el doctor Enrique Graue— han manifestado su preocupación por esta probable crisis y se han propuesto la construcción de una red de protección para estudiantes mexicanos que radican en la Unión Americana.

Desde luego, habrá que imaginar diversas estrategias que permitan apoyar a estos jóvenes repatriados, puesto que la labor —sin duda— no será sencilla, ya que nuestras universidades están saturadas. Sin embargo, la disposición existe.

Los cientos de miles de estudiantes en peligro de deportación significan un auténtico tesoro por su potencial futuro. Su expulsión sería una pérdida muy importante para aquella nación.

Ante los embates de la intolerancia y el odio que buscan atropellar los derechos de los mexicanos en EU, México debe responder con eficacia. Es una deuda que tenemos con ellos y la oportunidad de dotarles de algunas oportunidades sociales de que sus padres carecieron y les obligaron a abandonar el país.

Como Corolario, un viejo adagio holandés: “No podemos evitar el viento, pero podemos construir molinos”.