Irresponsabilidad concurrente

Hace días, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la Mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora; cuya explotación está concesionada al Grupo México, derramó parte de su contenido y escurrió en aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora.

Miles de metros cúbicos de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina hacia las afluentes del cauce de las aguas, en lo que algunos llaman como la peor catástrofe ecológica de México.

Ante tal desastre, las autoridades federales y estatales trataron de deslindarse de inmediato de cualquier responsabilidad por la falta de prevención y vigilancia que pudiera haberlo evitado.

El artículo 27 de la Carta Magna, determina que son propiedad de la nación todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos; así como las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras.

Sin embargo, la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución, establece la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios —en el ámbito de sus respectivas competencias— en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En tanto se hacían las investigaciones y se preparaban las averiguaciones previas y sanciones a la empresa minera, surgió un evento que desvió el curso de la atención de las cosas, de manera inopinada.

Sobre el río Manzanal, cercano al ejido de Bacanuchi, se detectó una presa construida que desvía su afluente en beneficio del rancho El Pozo Nuevo de Padrés, propiedad —nada más y nada menos— que del gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías.

Al saberse descubierto y ante el embate de los medios de comunicación, el gobernador mandó a hacer una inserción periodística de una plana, una carta al Presidente, que intituló “Sonora alza la voz” en la que señaló como culpables del desastre: al Grupo México; al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  y a los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría del Medio Ambiente, así como, al de la misma Procuraduría, a quienes —posteriormente— declaró personas no gratas en el estado. El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, respondió de inmediato,  conminó al gobernador a que se conduzca en el marco de la ley y le advirtió que la permanencia de los delegados del sector ambiental en ese estado, es facultad exclusiva del Presidente de la República.

El titular de la Comisión Nacional del Agua investiga si la presa construida en el rancho del gobernador cuenta con los permisos correspondientes para su edificación y operación; y explicó que de encontrarse irregularidades en las obras hidráulicas se podrían clausurar e incluso demoler.

Explicó que en 2010 no había una construcción que desviara este afluente, pero en 2011 comenzó a apreciarse una infraestructura y en marzo de 2012, ya aparece una cortina de concreto que desvía el cauce del río. Es decir, la presa se construyó durante la gestión del mandatario.

El  7 de junio del año entrante, habrá elecciones para renovar gobernador en Sonora. Es evidente que la desgracia ecológica va a jugar un papel importante en la intención del voto de los ciudadanos sonorenses.

El incendio de la Guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos, ocurrió precisamente el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. La confrontación entre los funcionarios federales de Felipe Calderón y el entonces gobernador Eduardo Bours, le costó al PRI la pérdida de la gubernatura de la entidad.

Parece que la fatalidad viene otra vez a determinar las irresponsabilidades concurrentes entre los gobiernos.

El Corolario es que como decía Ambrose Bierce, en su Diccionario del diablo, hay dos clases de calamidades: las desgracias propias y la buena suerte ajena.