Ahora, sin guantes

“No more Mister Nice Guy” es una expresión que usan los estadunidenses cuando están hartos del abuso de una persona y se preparan para endurecer su actitud hacia ella.

Por lo visto, al gobierno federal le colmaron el plato. Su postura tolerante en exceso hacia los manifestantes que reclaman la presentación con vida de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre resultó a todas luces contraproducente.

No, ya no quiere seguir siendo el dejado de esta historia.

Durante cuatro meses, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete se pusieron de tal manera a la defensiva que se colocaron ellos solos contra las cuerdas.

Un hecho criminal, que no debió escalar política ni judicialmente más allá de los límites de Guerrero, se convirtió en una acusación contra el Estado mexicano. Y ante ello, el gobierno federal se fue hundiendo bajo el peso de un inentendible sentimiento de culpa.

En esos cuatro meses, tuvo tantas atenciones con los familiares de los normalistas desaparecidos que se convirtió en sospechoso ante la opinión pública nacional e internacional.

Los grupos violentos que se han montado en la causa de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa no tuvieron problema para aprovecharse de la situación y colocar a Guerrero en la ingobernabilidad, mientras cometían actos de saqueo y destruían propiedad pública y privada.

El colmo quizá vino el lunes, cuando, luego de una de las investigaciones más exhaustivas que haya realizado la PGR en toda su historia —y que determinó que los 43 estudiantes fueron asesinados brutalmente en la barranca de Cocula—, el vocero de los familiares rechazó de tajo los hallazgos y exigió “pruebas científicas” de los dichos.

Ayer, durante su conferencia de prensa, la tercera que realiza sobre el tema desde el 7 de noviembre, el procurador Jesús Murillo Karam dijo lo que tal vez debió decir desde aquella fecha: que los normalistas están muertos y no pueden ser presentados con vida, que casi todos los restos desaparecieron y no se pueden ver, que hay suficientes pruebas jurídicas y científicas, y que todos los autores materiales e intelectuales de este crimen abominable, salvo seis, están detenidos y serán procesados.

Hay 22 mil desaparecidos en México y ni uno solo de esos casos ha merecido tantas horas de investigación como el de los 43 normalistas ausentes.

Mientras el gobierno federal prodigaba toda clase de atenciones a los padres de los normalistas —y a algunas personas que ni familiares son—, grupos de la CNTE, no solamente de Guerrero sino de otros estados del país, aprovechaban la situación para pelear contra la Reforma Educativa e incluso inconformarse con el hecho de que sus quincenas, muy mal devengadas, se depositaran en un banco que no era el de su preferencia.

Y no sólo eso: los inconformes se dieron el lujo de inventar su propia versión de la desaparición de los normalistas y decidieron que la culpa de todo era del Ejército, después de lo cual emprendieron agresiones contra instalaciones militares y exigieron que se les permitiera revisar todas las que quisieran, con el pretexto de que ahí se encontraban los estudiantes o las pruebas de que habían sido asesinados e incinerados por soldados.

Increíblemente, el gobierno federal volvió a ceder y públicamente aceptó que los familiares y sus acompañantes visitaran el cuartel del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, cosa que aquéllos se dieron el lujo de rechazar, pues, según ellos, el ofrecimiento no se limitaba a una sola instalación.

Quizá esperaba el gobierno federal que tantas concesiones le darían una buena imagen ante la opinión pública, pero no sólo no ocurrió eso sino que surgieron inconformidades por otro flanco: de empresarios y organizaciones ciudadanas, hartos de la permisividad con quienes, incluso, se atreven a decir que nadie podrá votar mientras no aparezcan los normalistas.

Por fin, el gobierno federal se dio cuenta que de nada le ha servido agachar la cabeza, fuera de arruinar su imagen, distraer a la administración pública e inflar las ilusiones de quienes creen que es posible tomar el poder por las armas.

Ayer, el gobierno federal despertó a la realidad y asumió que tiene el poder, y que el poder es para ejercerse.

Paralelamente a la conferencia de prensa de Murillo Karam, policías federales impidieron que los manifestantes en Guerrero hicieran algo que venía volviéndose costumbre: tomar las casetas de cobro de la Autopista del Sol y exigir una cuota a los automovilistas. Nuestro corresponsal Rolando Aguilar relató que los encargados de realizar la extorsión estaban anonadados de que la autoridad se hubiera decidido a actuar y ni resistencia pusieron.

Además ocurrió algo en lo que pocos habían reparado ayer por la tarde: la derogación de la Ley de Amnistía de 1978, que sirvió para que quienes habían participado en acciones guerrilleras en los años 60 y 70 se incorporaran a la actividad política legal.

Esta última es, sin duda, una señal para quienes sueñan con empuñar un arma y emular a Lucio Cabañas, y que en los últimos días han ido a los cuarteles a manifestarse violentamente, seguro con la esperanza de que los militares disparen primero.

El gobierno, pues, se ha quitado los guantes. Ahora tendrá que dedicarse a desmontar el teatro que su indecisión hizo crecer.