¿Por quién votar?

Faltan 138 días para las elecciones del 7 de junio —las primeras intermedias de la historia reciente en las que estarán en juego casi dos mil 200 cargos locales y federales en todo el país—, y la sombra del abstencionismo se cierne sobre ellas.

No hay precisamente una luna de miel entre la clase política y los gobernados y, como los principales partidos han sido marcados por escándalos recientes, las diferencias entre unos y otros no parecen ser un aliciente para salir a votar.

Sin embargo, no tiene sentido desear que tuviéramos otro tipo de contendientes. Hay lo que hay, y, al margen de qué porcentaje de los ciudadanos haga uso de su derecho de elegir a autoridades y representantes, algunos de los candidatos postulados por los partidos serán declarados ganadores de los comicios y ejercerán los cargos.

¿No valdría entonces la pena tratar de que estas elecciones cuenten para algo?

La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a no votar por políticos chapulines, es decir, aquellos que hubiesen dejado inconclusos sus cargos para buscar otros. Me parece muy bien la convocatoria, pues hay algunos que ni siquiera cumplieron la mitad del periodo para el que fueron elegidos —lo cual es un acto de deshonestidad con las personas a las que se pide el voto—, pero no puede ser el único criterio.

Hay que exigir a los candidatos que nos digan para qué quieren ser elegidos. Pedirles una serie de compromisos que vayan en sintonía con lo que esperan los ciudadanos respecto de quienes los gobiernan y los representan.

¿Como cuáles compromisos? No creo que haya otro más concreto en estos momentos que el de ejercer sus cargos con honestidad.

De nada serviría que prometieran eso en abstracto. Lo que podemos hacer es pedirles la suscripción pública de una serie de compromisos, como los siguientes:

• Hacer pública su declaración patrimonial, certificada ante notario, en los primeros diez días de la campaña y repetir esto de manera periódica (semestral, por ejemplo) una vez que hubiesen tomado posesión de los cargos que buscan.
• Nombrar únicamente a colaboradores dispuestos a hacer lo mismo, y removerlos en caso de que se negaran a revelar el monto de sus bienes.
• En el caso de los candidatos a gobernador, comprometerse a presentar una iniciativa de ley al Congreso del estado —cuyas líneas generales fuesen incluidas en la carta compromiso— para combatir la corrupción.
• En el caso de los aspirantes a diputados, aprobar la iniciativa mencionada o presentar la propia si el Ejecutivo no cumpliera con enviarla.
• En la medida de sus facultades, promover sanciones para quienes usen los procesos de licitación de obras y servicios para obtener ventajas personales.
• Declarar que no serán candidatos a otro cargo mientras no cumplan con las promesas hechas en campaña.
• Comprometerse a aplicar las leyes sin distingos.
• Comprometerse a transparentar todas las tomas de decisiones que impliquen el gasto de recursos públicos que no caigan en las excepciones contempladas por las leyes de transparencia, sin esperar las peticiones de información que hagan los ciudadanos.

La lista, por supuesto, podría ser más larga, pero más valdría una serie de compromisos concretos, para hacer más sencilla la supervisión de los resultados.

Una o varias organizaciones no gubernamentales podrían encargarse de elaborar esa lista y presentarla a los candidatos que sean registrados por los partidos para contender por los dos mil 179 cargos que estarán en juego el 7 de junio.

Se podría poner un plazo para que los aspirantes suscriban los compromisos y obtengan una certificación. Pasado ese plazo, se publicaría qué candidatos hicieron suya la lista y quiénes se negaron a firmarla.

De ese modo, los votantes sabrían a qué atenerse a la hora de ir a las urnas: votar por un candidato comprometido con causas ciudadanas o por uno que no lo hubiese hecho.

El momento de las campañas es el único en el que los políticos parecen interesarse por lo que opinan sus votantes. Una vez elegidos se olvidan de sus promesas y de rendir cuentas.

La reelección de diputados y alcaldes, que entrará en vigor a partir de 2018, probablemente sirva para la supervisión ciudadana, pero no deberíamos esperar a que llegue ese nuevo escenario ni depender totalmente de él.

La relación entre los partidos y los ciudadanos se ha deteriorado de manera grave. En otros países, ése ha sido el preludio para la aparición de formaciones políticas populistas que desplazan a los partidos desprestigiados sin ofrecer una solución real para depurar los procesos de toma de decisiones.

En México hay muchas organizaciones no gubernamentales que en meses y años recientes han presentado propuestas para ello, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción.

Si el único momento en que los políticos parecen tener oídos para los ciudadanos es durante las ocho semanas que duran las campañas, deberíamos usarlas para imponerles la agenda que nosotros queremos que impulsen. Y creo que hay suficiente consenso en la sociedad mexicana para saber qué queremos de ellos, más allá de las diferencias de estilo que tienen los partidos políticos.

Dejar que los aspirantes prometan cosas sin exigir concreción y resultados es exponernos a lo mismo de siempre y a tener que lamentarlo cuando muy poco se pueda hacer al respecto.