Chapulines

Luego de ganar la elección, en julio de 2013, Benjamín Medrano se convirtió en noticia internacional porque a partir de septiembre de ese año sería el primer alcalde abiertamente gay en México.

Medios como la BBC le dieron espacio a la historia de este zacatecano, quien emigró a Estados Unidos por necesidad económica y fue parte de una caravana artística, experiencia que lo volvió cantante.

Hoy la nota es que Medrano, quien lleva menos de 16 meses al frente del ayuntamiento de Fresnillo ya se aburrió y ahora quiere ser diputado federal.

El miércoles pasado, el alcalde con licencia se registró como precandidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Zacatecas.

Al abrirse la etapa de precampañas, contemplada por la legislación electoral, se multiplican historias como la anterior: presidentes municipales y jefes delegacionales que abandonan sus cargos para ir por otras posiciones, que seguramente también botarán cuando llegue la hora de nuevas precampañas.

Deje usted de lado el deseo de servir a la gente que los eligió, pues sabemos que, fuera de algunas excepciones, ninguno de ellos está en la política por eso.

Uno pensaría que tiene mayor caché, influencia o margen de maniobra presupuestal ser alcalde de Fresnillo —el municipio más grande de Zacatecas, con sus 220 mil habitantes— que un diputado más en el Bronx de la bancada del PRI.

Y olvídese de Fresnillo, pues hay casos más llamativos. ¿Usted dejaría la alcaldía de Naucalpan para pelear por una comisión en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados?

Sí, Naucalpan, Estado de México, con sus más de 800 mil habitantes y un presupuesto anual de tres mil millones de pesos. ¿Dejar la presidencia de ese municipio para ser uno entre 500 diputados?

Pues, ¿qué cree? A David Sánchez Guevara sí le interesa. Hace una semana, el cabildo sesionó en privado —lo cual está prohibido en la Ley Orgánica Municipal— y le otorgó una licencia de 16 días para que vaya en pos de una diputación.

Pero no crea que el sigilo fue por la vergüenza de pasar de ser alcalde de uno de los municipios más importantes del país, en población y poderío económico, a ser un diputado del montón. No: una vez aprobada la solicitud de licencia, Sánchez Guevara celebró el acontecimiento con una fiesta con mariachis y un trío norteño.

Pero el alcalde de Naucalpan tampoco es el único en su especie. En la misma situación están los presidentes municipales de Tlalnepantla, Toluca y Metepec, entre otras demarcaciones del estado.

Aquí, en el DF, se espera que al menos diez de los 16 jefes delegacionales presenten su solicitud de licencia a la Asamblea Legislativa para buscar otras posiciones, incluso una diputación local.

De nuevo, yo pensaría que ser jefe delegacional en Benito Juárez, Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc —por mencionar tres de las 16 demarcaciones defeñas— es mejor, en todos los sentidos, que ser uno más en una Asamblea de 66 integrantes o en una Cámara de 500 diputados; pero, de nuevo, me equivoco.

La cosa es por qué. 

Una razón es que tenemos una clase política acomodaticia y mediocre, que prefiere deshacerse de un cargo de mayor importancia —más allá de lo que los candidatos hayan prometido a sus electores en campaña y su supuesto compromiso con la ciudadanía— para aterrizar suavemente en una curul.

Eso garantiza, a quien lo hace, al menos dos años más de vivir en el presupuesto. Tiempo suficiente para pensar a qué otra posición moverse.

Y esta práctica —que no distingue a partidos políticos, pues todos ellos le entran— continuará al menos hasta 2018 cuando legisladores y alcaldes puedan ser elegibles a la reelección. La entrada en vigor de ese cambio constitucional seguramente introducirá nuevas variables en el juego electoral.

Otra razón de que tengamos un número inusitado de alcaldes y jefes delegacionales dispuestos a perderse de varios meses de ejercicio del cargo para el que fueron elegidos —es decir, de chapulines— es por la entrada en vigor en pleno de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 31 de diciembre pasado, la cual complica la existencia de gobernadores y alcaldes que quieran aprovecharse del erario con fines políticos o personales.

El reciente destape de las irregularidades presuntamente cometidas por los alcaldes de Charapan, Michoacán, y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, debe haber puesto a pensar a más de uno sobre las posibilidades de ver truncada su carrera política por una investigación sobre sus manejos del presupuesto encomendado.

La ley, promulgada en 2008, contempla una serie de obligaciones en materia de transparencia y ejecución del gasto, que han ido entrando en vigor de manera paulatina.

Ya no es tan sencilla la vida del gobernante. Esos informes a la Secretaría de Hacienda y al Consejo Nacional de Armonización Contable y la obligación de colocarlo todo en internet, los hace más vulnerables que en el pasado.

Sin poder concluir que la corrupción desaparecerá en el corto plazo, sí puede afirmarse que el manejo laxo del dinero público es más sencillo en el Legislativo.

La segunda razón es una hipótesis, por supuesto. Habrá que pedir a los chapulines que nos digan por qué abandonan sus cargos para buscar otros. Y esperar que nos contesten en serio, sin la perogrullada de que es su “derecho”.

Por lo pronto, cuando escuche usted a un candidato prometer que no busca el cargo sólo para brincar al siguiente, póngalo en duda.