A la francesa

El miércoles 7 de enero, a las 11.30 de la mañana, dos hombres encapuchados y armados se abrieron paso en las oficinas del semanario Charlie Hebdo, en el distrito XI de París, y asesinaron a 12 personas, entre ellas varios miembros de la redacción de ese medio.

Pocas horas después, las fuerzas de seguridad francesas habían identificado a los dos atacantes —los hermanos Said y Cherif Kouachi— y lanzaban una búsqueda masiva, que terminó en la madrugada del viernes 9 en un poblado al noreste de la capital, donde éstos se habían refugiado en su huida.

Antes, el jueves 8, dos policías fueron llamados para asistir a las víctimas de un accidente de automóvil en el suburbio parisino de Montrouge. Fueron recibidos a balazos por un hombre negro. Uno de los policías, la agente Clarissa Jean-Philippe, moriría a consecuencia de las heridas.

El atacante, que emprendió la fuga en un auto Clio, dejó olvidada una chamarra, que fue recuperada por las autoridades. En cosa de dos horas, gracias al ADN levantado de la prenda, se sabía que el agresor era un expresidiario de origen senegalés, Amedy Coulibaly, quien había estado encarcelado precisamente con uno de los hermanos Kouachi.

En la mañana del viernes, Coulibaly tomó como rehenes a una veintena de clientes de un supermercado de productos kosher, en un barrio predominantemente judío del este de París, y exigió a las autoridades suspender la persecución de los hermanos Kouachi, quienes ya estaban rodeados.

La fotografía de Coulibaly —y de su novia, Hayat Boumedienne— estaba en los medios. Cuando el terrorista hizo contacto con las autoridades para informarles de su exigencia, no tuvo reparo en decirles “ya saben quién soy”.

Entrevistado telefónicamente por la televisora BFMTV, Coulibaly admitió que sus acciones y la de los hermanos Kouachi estaban sincronizadas. La llamada sirvió a las autoridades para obtener información y concluir que Coulibaly estaba dispuesto a matar a todos los rehenes, como ya había hecho con cuatro.

Al anochecer del viernes, la policía tomó por asalto el supermercado. Simultáneamente, se enfrentó a balazos con los hermanos Kouachi, en una imprenta del poblado de Dammartin-en-Goële. El resultado fue la muerte de los tres terroristas.

Las autoridades francesas se anotaron un gran triunfo contra el terrorismo, apenas 54 horas después del ataque contra Charlie Hebdo.

Entre la población francesa surgió un gran sentimiento de solidaridad con las 17 personas asesinadas por los yihadistas, con el semanario... y con la policía.

El clímax fue una gran movilización ciudadana en las calles de París, el domingo, que congregó a cientos de miles de personas y contó con la asistencia del presidente francés François Hollande y varios mandatarios extranjeros.

Como mexicano, siento —además, claro, de simpatía con las víctimas y el medio atacado— una gran envidia por la capacidad de reacción de las autoridades francesas ante esta crisis.

Me hubiera encantado ver algo semejante en México ante los hechos de Ayotzinapa y las consecuencias que ese crimen ha acarreado.

Hubiera sido espléndido atestiguar el despliegue de los cuerpos de seguridad ante la noticia de la desaparición de decenas de personas, y que en cuestión de horas hubiera presuntos responsables identificados y perseguidos por las autoridades.

¿Qué hemos tenido en lugar de ese final? Una lenta actuación de las autoridades —de todos los niveles— y un caso que no logra cerrarse.

Da qué pensar que en un país se puedan hacer pruebas de ADN que en pocos minutos dan resultados y pistas precisas, sobre todo porque en Francia hay una base de datos de personas con antecedentes penales que no hemos acabado de armar aquí.

Pero la envidia no sólo tiene que ver con la actuación de las autoridades, sino con la reacción de la sociedad civil francesa.

Es cierto que en México ha habido muchas y muy nutridas manifestaciones ciudadanas que han exigido resultados a las autoridades sobre el caso Ayotzinapa. Pero, siendo justos, éstas no han podido sustraerse de la politiquería —“renuncia, Peña”— y en varios casos derivaron en actos violentos.

Desgraciadamente, lo que queda del movimiento de protesta por los hechos de Iguala es una serie de actos vandálicos en Guerrero y otros lugares, que se reproducen un día sí y otro también.

Bajo la mirada indolente de la autoridad, los maestros y normalistas de Guerrero han usado como pretexto la desaparición de los estudiantes para extorsionar a automovilistas en las casetas de la Autopista del Sol, robar mercancías y destruir propiedad pública y privada. Es una gran ironía que el gobierno federal hable de la preservación del Estado de derecho cuando casi diario vemos que personas encapuchadas ponen en vilo la gobernabilidad en Guerrero, e incluso tienen el atrevimiento de decir que no permitirán la realización de las elecciones en ese estado.

Ningún país está exento de que se produzcan en su territorio graves violaciones a la ley.

La diferencia es que en unas naciones las autoridades se comprometen a que los criminales paguen caro por sus acciones, mientras que en la nuestra simplemente atestiguan los hechos, dejando a la población en la indefensión y creando las condiciones para que los delitos se repitan.

Apunte al margen

Para los políticos mexicanos, los cargos de elección son simples peldaños en sus carreras políticas, como demuestra la renuncia de todos los jefes delegacionales en el Distrito Federal para ir en pos de otras posiciones. ¿Y el servicio público?