Transición

Durante una gira por Europa, a principios de 1996, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, afirmó que las elecciones que lo llevaron a Los Pinos fueron “legítimas, pero inequitativas”.

Dijo que por ello el país debía hacer “la reforma electoral definitiva”. Hoy sabemos que la ciudadanización del IFE (hoy INE) y la independencia del Tribunal Electoral no acabaron con las polémicas por motivos electorales, pero sí significaron un paso definitivo para cambiar del sistema de partido de Estado al pluralismo político.

La voluntad presidencial fue definitiva para realizar un cambio que México había esperado por muchos años: la equidad en las contiendas electorales.

México venía saliendo de un sexenio cuyo sello fue, entre otras cosas, el de las reformas estructurales. Éstas no pudieron dar los frutos esperados —véase la del campo, por ejemplo—, en parte porque se realizaron antes de la que resultaba imprescindible en el ánimo de la ciudadanía: la Reforma Electoral.

La situación que vivimos actualmente se parece un poco a aquélla: acabamos de aprobar reformas estructurales, que muchos consideran necesarias —y me incluyo—, pero sin haber atendido una demanda general: acabar con la impunidad, lo cual significa acabar con la inseguridad y la corrupción.

En 1996, Zedillo reconoció —por cierto, en medio de una de las crisis más graves que haya vivido el país— que México no podía avanzar sin resolver la demanda ciudadana de elecciones libres.

Tuvo como aliada a la oposición, encabezada entonces por dos hombres inteligentes y visionarios: el panista Carlos Castillo Peraza y el perredista Porfirio Muñoz Ledo, que aterrizaron aquella “reforma electoral definitiva” de modo que todos, o casi todos, quedaron satisfechos.

En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, y en 2000, la Presidencia de la República. Se abrió la etapa de alternancia en el poder. Y México fue reconocido por ello en el mundo entero.

Después, como digo arriba, sobrevinieron otros problemas. Problemas que, en buena medida, han vuelto para complicarnos la existencia como país. Marcadamente, la forma en que la partidocracia generada a partir de 1997 se repartió los privilegios que antes de ese año habían sido de un solo partido.

Esos son los conflictos que debemos atender. Hubiera sido ideal hacerlo antes —en el marco del Pacto por México, por ejemplo—, pero, como no se puede echar atrás el reloj, hay que hacerlo ahora.

Así como a mediados de los años 90, México estaba ansioso por dejar atrás la falta de equidad en las contiendas electorales, hoy lo está por dejar atrás la impunidad que todo lo pudre.

La que comenzó hace 20 años fue la transición hacia el pluralismo. La que se requiere hoy es una transición hacia el Estado de derecho.

Para hacer posible esa transición necesitamos una declaración de voluntad del Presidente, como aquélla de Zedillo, de que las cosas van a cambiar.

No necesitamos, pienso yo, que el Presidente renuncie ni que pida perdón —si hay una revisión de cuentas que hacer, existen instancias legales para ello— ni que copie modelos extranjeros de contrición no aplicables en México.

También requerimos que la oposición esté a la altura, como lo estuvo en 1995-1997. Una oposición que se olvide momentáneamente de ganar votos en las urnas y se concentre en rescatar el país.

Finalmente, se necesita una ciudadanía que proponga con el mismo ahínco con el que protesta. Una ciudadanía que se haga cargo del cambio.

Y, si lo que se exige es el fin de la impunidad y de la corrupción, se requiere de una ciudadanía que entienda que también ella tiene que cambiar. Si hasta ahora el Estado de derecho ha significado “aplíquese la ley a todos menos a mí”, ahora tendrá que significar legalidad y justicia para todos, igualdad de todos ante la norma.

Para salir del hoyo en el que estamos, el gobierno, la oposición y la ciudadanía deben demostrar su voluntad de cambiar.

Cambiar significa dejar atrás las viejas formas de hacer las cosas: renunciar a beneficiarse de la cercanía de los polos de poder, dejar de taparse los unos a los otros, dejar de pensar que el mal de muchos es el consuelo de todos, dejar de dar mordidas sólo porque el resto de la gente lo hace.

No puedo decir que estoy optimista. La forma en que el Congreso de la Unión clausuró su periodo de sesiones sin atender temas fundamentales de su agenda —como el combate a la corrupción— es decepcionante.

Tampoco vi que el gobierno federal haya salido en defensa y promoción del decálogo que lanzó el presidente Peña Nieto el 30 de noviembre en Palacio Nacional.

El único motivo de esperanza es que la sociedad ha comenzado a trascender la mera protesta en las calles para hacer propuestas de cambio en que pudiera fincarse una transición hacia el pleno Estado de derecho.

Me parecen dignas de atención las iniciativas anticorrupción que presentó la semana pasada un conjunto de organizaciones, entre las que están la Red por la Rendición de Cuentas, México ¿Cómo Vamos?, el Imco y Causa en Común.

Recuerdo esfuerzos ciudadanos, como la Asamblea Democrática para el Sufragio Efectivo, que fueron fundamentales, para aquella transición en los 90, justo por las propuestas que hizo.

Si han de funcionar y dar frutos las reformas estructurales ya aprobadas, se requiere una sólida base de credibilidad y respeto a la ley.

La sociedad puede sacar a la clase política del pasmo y guiarla, con propuestas responsables, por esta nueva transición.