Abrir puertas y ventanas

GUADALAJARA.— Mucho se ha discutido qué salida institucional dar a la desazón —estado de intranquilidad o tristeza— que vive actualmente la sociedad mexicana.

Desde el gobierno federal ha surgido una iniciativa para resolver los problemas de penetración del crimen organizado en las instituciones y definir las competencias de cada nivel de gobierno en el combate a los delitos.

Como decía ayer aquí, esa propuesta de modificaciones constitucionales seguramente se topará, más allá de sus fortalezas y debilidades, con la incredulidad de muchos alcaldes poderosos y con el cálculo político de los partidos de oposición.

Pero no es necesario esperar a ver cómo progresa la iniciativa presidencial en el Congreso para imaginar otras respuestas, surgidas desde la ciudadanía, para tratar de canalizar el descontento que hemos visto en las calles.

Es necesario hacerlo antes de que los gritos cesen por cansancio o falta de liderazgos. Personalmente pienso que la inconformidad es señal de que hay democracia, así sea imperfecta. El autoritarismo sólo genera silencio.

Para mí, la energía social debiera destinarse a exigir mayor transparencia. Necesitamos abrir las puertas y ventanas de todas nuestras instituciones. Transparentar por completo la vida pública.

Ésa fue una iniciativa que caracterizó los primeros años de la alternancia. Fue fructífera, pues dio lugar a la Ley de Acceso a la Información y al IFAI, pero se estancó. En mi opinión, nunca logramos afincar en la sociedad una cultura de la transparencia.

Debemos reemprender ese esfuerzo y combatir todas las formas de opacidad. Sería inútil argumentar que no las hay.

La transparencia absoluta sería un gran antídoto contra la persistente corrupción en el servicio público.

Por ejemplo, si cada compra que hacen los gobiernos de todos los niveles se transparenta en todas sus etapas, desde la primera, daríamos al traste con suspicacias como la que llevó a cancelar la licitación del tren México-Querétaro.

Si los ciudadanos pudieran conocer los perfiles de todos los policías y los contenidos de sus programas de entrenamiento y el destino de sus gastos, no habría que sorprenderse cuando hacen mal su trabajo o atentan contra los ciudadanos, como en Iguala.

Soy un convencido de que la transparencia de la vida pública tiene un efecto civilizador de la política.

Desde luego, no elimina la discusión porque las subjetividades son parte consustancial de la democracia. Pero la transparencia puede lograr que el debate democrático se realice sobre premisas mejor informadas.

En ese sentido, la transparencia puede conducir a los participantes en la discusión pública a hacer preguntas más precisas y enfocarse en la resolución de problemas, haciendo a un lado las imposturas que se alimentan de la opacidad.

Esta semana he sentido una gran pena ajena (en el sentido más mexicano) por la falta de transparencia del país.

Al entrevistar a Thomas Piketty para Excélsior, el economista francés me dijo que no había podido incluir a México en la lista de los países analizados para su libro El capital en el siglo XXI porque aquí no existe la información fiscal suficiente.

Resulta que todo lo que sabemos públicamente sobre el ingreso y el gasto de los mexicanos es gracias a las encuestas que realiza el INEGI, en las que la información es aportada voluntariamente por los encuestados.

Por esa razón pudiera ser, me dijo Piketty en la entrevista que se publicó el domingo pasado, que la desigualdad en México estuviera subestimada.

Ayer, durante la mesa redonda con el también director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París —organizada por el Fondo de Cultura Económica, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y a la que fui invitado a participar—, salió el dato de que una solicitud ciudadana al gobierno federal para proporcionar información detallada sobre el ISR que se ha recaudado en México desde 1921, con la llamada Ley del Centenario, no ha merecido una respuesta.

Quiero pensar que dicha información no existe, no que está siendo negada. El que México no disponga de ese conjunto de datos, que en otros países está sistematizado, es una barbaridad.

Es terrible pensar que se han diseñado políticas públicas sin esa herramienta básica, y que la única manera en que podemos tener parámetros sobre la desigualdad sea mediante una encuesta.

“Esa información debe estar en algún lado”, dijo, optimista, Piketty. Yo me temo que hemos vivido a lo largo de casi un siglo sin ese espejo indispensable del país y que la falta de transparencia ha creado fugas de recursos públicos que pudieron tener mejor destino.

Es tiempo de clausurar definitivamente esas fugas, y acabar con ineficiencias y corruptelas. Eso sólo se logra ventilando la casa por completo, abriendo todas las puertas y todas las ventanas.