País de capítulos inconclusos

Parte de la tragedia que como nación hemos vivido en los últimos años tiene que ver con nuestra incapacidad de cerrar bien los asuntos espinosos que nos ha tocado enfrentar.

Arranque usted de donde quiera —la matanza de Tlatelolco, por ejemplo— y verá que ya sea por indolencia de los gobernantes o incredulidad de los gobernados, pero hay decenas de capítulos inconclusos en la historia reciente.

Uno de ellos es la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, ocurrida hace ya más de cinco años.

Siete peritajes no han sido suficientes para que las autoridades convenzan a los dolidos padres de familia que el incendio, que ocasionó la muerte de 49 niños y heridas a otros 76, no fue un acto intencional.

A las víctimas no se les juzga. La desconfianza de los padres de esos niños es proporcional al nivel de eficacia de la autoridad.

“Hemos ido de decepción en decepción”, dijo ayer Julia Escalante —madre de la pequeña Fátima Sofía Moreno Escalante, fallecida en la guardería— respecto de las promesas que les han hecho y peticiones que han sido inatendidas.

Y así como, un lustro después, no logramos cerrar el expediente de ese incendio, podemos contar decenas de hechos que involucran la muerte de personas que no han concluido con una investigación que deje a la sociedad satisfecha.

Quizá sea porque el instinto de las autoridades ha sido aplicar el control de daños antes que ofrecer justicia.

Llama la atención cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto —al que sólo tangencialmente se puede atribuir alguna responsabilidad de los hechos de hace un mes en Iguala— se ha enredado en un control de daños antes que colocarse a la vanguardia de la exigencia de verdad y justicia ante un crimen cuya investigación apunta antes que nada a autoridades locales surgidas de un partido distinto al suyo.

¿Qué fue lo que provocó que, repentinamente, el Presidente de la República se convirtiera en el principal señalado de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa?

Probablemente ese instinto al que me refiero: mover las piezas para intentar que el daño ya ocasionado no salpique a las autoridades.

Había un tiempo en el que el control de daños era más fácil de realizar. No existían organizaciones de derechos humanos. Casi no había periodismo independiente. Y por cada manifestante que saliera a las calles para protestar contra el gobierno, éste podía movilizar a varios acarreados y dar la impresión de que “la República” estaba sólidamente de su lado.

Hoy eso es simplemente imposible. No hay forma de evitar que broten las críticas y se reproduzcan. Las redes sociales comparten un espacio que antes era sólo de los medios. Hay muchas organizaciones de derechos humanos. La pretensión de que ningún otro país se meta en los asuntos de México, a cambio de reciprocidad, se ha vuelto irrelevante.

La mejor forma de cerrar estos capítulos —y, de ese modo, evitar que se repitan— es olvidarse del manejo de crisis y aplicarse en hacer justicia.

Ningún gobierno al que se perciba como decidido en llegar al fondo de la comisión de un crimen, no discursivamente sino de facto, puede ser señalado como cómplice o indolente.

Se dice con razón que el hubiera no existe, pero se vale pensar que si en el pasado algún gobierno se hubiera empeñado en cerrar un capítulo trágico sin pensar en el control de daños, probablemente hoy no estaríamos lamentando muchos de los que sobrevinieron.

En frases como “caiga quien caiga” e incluso en las buenas intenciones, la impunidad ha encontrado su caldo de cultivo.

Quizá no sea el caso de Ayotzinapa, pero en masacres anteriores —como la de los migrantes en San Fernando— sí es posible ver cómo se asoma la intención de los criminales de meter a las autoridades en el juego del manejo de crisis, con lo que, obviamente, deja descubiertos otros flancos.

Las autoridades, de todos los niveles, deben hacer a un lado ese instinto, dejar de ver este tipo de tragedias y las reacciones que provocan como intentos de sabotearlas y dañar su imagen.

La mejor forma de proteger la imagen de un gobierno es hacer justicia. Tiene que dejar atrás el sentimiento de culpa y convertirse en el representante de la sociedad frente al acto criminal y abocarse a buscar la reparación del daño, que, en última instancia, es la justicia.

Es increíble que casi medio siglo después de los hechos del 2 de octubre de 1968 aún no tengamos una versión clara, creíble y documentada sobre quién hizo qué. Aún hoy existe la duda sobre cuántas personas murieron en Tlatelolco.

Y así podríamos hablar sobre el Jueves de Corpus, la masacre del río Tula, Tlalixcoyan, las explosiones de Guadalajara, las muertes en el mercado de Ocosingo durante el alzamiento zapatista, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, la represión en Aguas Blancas y El Charco, y tantos capítulos más.

Uno no quisiera que eso fuera a pasar con los hechos de Iguala, pero hay que admitir que, nuevamente, el reclamo de justicia pasó a segundo término frente al control de daños.

Sólo hay que recordar cómo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero publicó un desplegado en el que ofreció dar dinero a los familiares de las víctimas cuando la investigación apenas arrancaba.

Me temo que en el caso Ayotzinapa los hechos no acabarán por aclararse del todo. Aun así, ojalá el gobierno federal —que atrajo la investigación el 4 de octubre, una semana después del ataque a los normalistas— tenga por propósito cerrarlo bien.