Vienen 13 días de furia

Conforme se acerque el 1 de diciembre, una parte de los manifestantes que se han agrupado en torno de la denuncia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa —que hoy martes cumple 53 días —acelerará sus acciones de protesta.

¿Por qué es importante esa fecha? Porque esa parte del movimiento ha convertido en su causa principal no la aparición con vida de los estudiantes sino la renuncia del Presidente de la República.

El artículo 84 de la Constitución prevé que si existe la falta absoluta del Ejecutivo durante los primeros dos años del periodo respectivo —que se cumplen el lunes 1 de diciembre, es decir, dentro de 13 días—, el Congreso de la Unión deberá designar a un Presidente interino y convocar a comicios para elegir a quien termine el sexenio.

Desde 1934, cuando se inauguraron los periodos presidenciales de seis años, México ha gozado de estabilidad en el proceso de nombramiento de autoridades y representantes federales.

El Presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión han sido elegidos y han tomado posesión cuando corresponde constitucionalmente. ¿Cuántos países de América Latina pueden decir lo mismo?

La última vez que se interrumpió un periodo presidencial fue el 2 de septiembre de 1932, cuando Pascual Ortiz Rubio —quien había sido elegido el 17 de noviembre de 1929 para terminar el cuatrienio del asesinado Álvaro Obregón— renunció a su cargo en una atmósfera que olía a golpe de Estado.

El homicidio de Obregón había creado una gran inestabilidad política en el país. Durante el periodo para el que fue elegido hubo tres presidentes, tutelados por Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo.

Yo no sé si eso es lo que quisieran repetir quienes llaman a la renuncia o derrocamiento de Enrique Peña Nieto. Quizá no alcanzan a ver que países donde recientemente han caído gobiernos, como Egipto y Libia, entraron en una espiral de descomposición peor que la que había antes.

No, esa no es una solución.

Lo digo sin desconocer que el país se encuentra en una de sus peores crisis en al menos medio siglo.

La credibilidad de las autoridades locales y federales se ha visto seriamente deteriorada.

La fuerza pública, en la que los ciudadanos depositan constitucionalmente la defensa de sus vidas y sus bienes, se muestra incapaz o indolente para frenar las expresiones de violencia de algunos que han salido a las calles —los menos, afortunadamente— con el objetivo o pretexto de repudiar la desaparición de los normalistas.

El sábado pasado, tras volver de su gira por China y Australia, el presidente Peña Nieto volvió a condenar esos “actos cargados de violencia” y recordó que el Estado está facultado para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”.

Hasta ahora, luego de casi dos meses de los terribles hechos de Iguala, el gobierno federal ha mostrado una prudencia extrema para enfrentar hechos de vandalismo como el saqueo de mercancías y el incendio de vehículos y edificios públicos.

Algunos pretenden hacer creer que esas medidas están justificadas para protestar contra el acto represivo y criminal que ocurrió en Iguala.

Sin embargo, no han sido los directamente afectados —en particular, los familiares de los normalistas— quienes han incurrido en la violencia. Incluso, en diversos momentos, estos la han condenado.

Sería un error ver homogeneidad en el movimiento de protesta. Para mí, éste tiene varios componentes: hay personas sin militancia política que simplemente están hartas de la impunidad, hay maestros de la CNTE que buscan tumbar la Reforma Educativa, hay militantes de partidos de izquierda —principalmente Morena— y hay miembros de organizaciones que se hacen llamar anarquistas.

No todos persiguen lo mismo, pero, en el río revuelto, a ratos es difícil distinguir.

Las autoridades tienen la obligación de hacerlo. No sólo es imposible detener a todos los que protestan sino que sería arbitrario e ilegal hacerlo.

Quienes cometan delitos, afectando a terceros, tienen que ser detenidos y procesados, no sólo porque es una buena idea sino porque es la obligación de las autoridades. Igual que es su obligación investigar los crímenes de Iguala y llevar a los responsables ante la justicia.

Con la violencia no se debe transigir, no se debe negociar. Lo digo incluso más claro: es una ilusión pensar que se puede. Quien está dispuesto a matar a una persona con el pretexto de protestar —como casi lo hicieron, en Acapulco, con el policía Gabriel Benítez, cuya historia contamos ayer en estas páginas— está dispuesto a lo que sea.

El objetivo de los violentos no es que aparezcan los normalistas. El objetivo es tirar al gobierno, como lo han dicho públicamente.

¿Tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto un plan para enfrentar a quienes generan violencia con ese propósito?

No estoy seguro. Tal vez sus funcionarios estén leyendo encuestas, como la de BGC-Excélsior, que publicamos ayer en estas páginas, y que dicen que la mayoría de la gente (52%) sigue viendo como “prudente” al gobierno federal en el tratamiento de los hechos.

Sin embargo, hay que leer las encuestas completas. Un número creciente de mexicanos no justifica las protestas violentas (73%) e incluso el apoyo a los manifestantes ha comenzado a descender (ya sólo 30% dice que simpatiza con ellos).

Los que vienen serán días difíciles, que seguramente marcarán el resto del sexenio.