“Devuélvanme sus cuerpos…”

En Excélsior nos hemos interesado por reportear de quiénes son los cuerpos hallados —38, según la PGR— en las fosas de Iguala.

El que, afortunadamente, no sean de los estudiantes normalistas desaparecidos desde finales de septiembre no significa que las autoridades no deban hacer un esfuerzo por identificarlos.

Desgraciadamente, ese trabajo se está haciendo lenta y descuidadamente.

El martes pasado le conté aquí de un trabajo periodístico de mi compañera reportera Claudia Solera, quien, por su contacto con la policía comunitaria que ha estado escarbando en la zona rural cercana a Iguala, dio a conocer el hallazgo de una cartera en una de las fosas de la comunidad de La Joya que ha dado mucha certeza a la posibilidad de que uno de los cuerpos corresponda a Felipe de Jesús Parra, taxista desaparecido en septiembre de 2013.

Ahora es mi compañera Ángeles Velasco, corresponsal en el Estado de México, quien dio con una mujer en Chalco, cuya familia desapareció en Iguala apenas en agosto pasado, luego de ir a enterrar a un pariente en Teloloapan, Guerrero.

La historia es desgarradora.

La señora Andrea Modesto relató a Velasco que su esposo, Gildardo Lagunas, viajó a Guerrero para sepultar a un familiar. Iba acompañado de su hijo Luis Alfredo, de 21 años de edad, y de su sobrina Marlene Hernández, de 28, y el esposo de ésta, José Luis Cruz, de 29.

El 13 de agosto, cuando venían de regreso, se comunicaron con Andrea para decirle que habían sido detenidos por la Policía Municipal de Iguala, ciudad que está en el eje de los caminos que comunican a la Tierra Caliente de Guerrero con la zona metropolitana de la Ciudad de México.

“Luego te llamo porque me detuvo la Policía Municipal”, fue lo último que alcanzó a decir Gildardo a su esposa.

Como no se volvió a comunicar, Andrea comenzó a marcar al celular de su esposo, pero nadie contestó.

Al día siguiente, su angustia la hizo viajar hasta Iguala donde, creía ella, pagaría la multa para liberar a sus familiares. Andrea juraba que estaban detenidos y que por eso no se habían reportado.

Sin embargo, en la dirección de Seguridad Pública del municipio, que encabezaba el hoy prófugo Felipe Flores Velázquez, negaron saber del asunto.

Luego Andrea comenzó un peregrinaje por todas las dependencias municipales, estatales y federales de Iguala, donde tampoco le dieron información sobre sus familiares.

Finalmente decidió levantar un acta por desaparición, pero el agente del Ministerio Público José Luis Cuenca le dijo que no podía hacerlo porque no había sistema. Trató de levantarla en Ciudad Nezahualcóyotl, pero le indicaron que tenía que hacerlo en el lugar de los hechos, así que volvió a Iguala donde, a regañadientes, tomaron los datos.

Por decisión propia, dejó una muestra de su ADN.

Todo eso ocurrió antes de la noche trágica del 26 de septiembre, cuando los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula coludidos con el crimen organizado.

Hace una semana, 31 de octubre, Andrea recibió una llamada de la Fiscalía de Guerrero diciendo que su ADN coincidía con uno de los cuerpos encontrados en Iguala. Le pidieron viajar a Guerrero para liberar el acta y la PGR le pudiera entregar los restos.

En Chilpancingo, la Fiscalía le reiteró la información que le habían dado por teléfono. Peritos, entre ellos los argentinos que están trabajando en la desaparición de los normalistas, habían cotejado con éxito la información genética.

Pero cuando acudió a la delegación de la PGR le dijeron que no sabían de qué le estaban hablando.

Entonces le pidieron hacerse otra prueba de ADN, la cual se hizo. Los datos coincidieron nuevamente.

Andrea lleva varios días en esos trámites. Y hasta ayer no le habían entregado los cuerpos de sus familiares.

Peor aún, a Andrea no le han hecho justicia. Tampoco a los cinco menores, hijos de Marlene y José Luis, quienes quedaron en la orfandad.

Porque no sólo se trata de entregarles los cuerpos para cumplir con el trámite. Ya tendría que haberse iniciado una investigación para saber qué pasó con ellos, quién los mató y por qué, quién los enterró clandestinamente, y qué tuvo que ver en los homicidios la Policía Municipal de Iguala.

Es terrible tener que decirlo: si las pesquisas sobre la desaparición de esas cuatro personas hubiesen comenzado cuando correspondía, al levantarse el acta, quizá los investigadores hubiesen desentrañado la corrupción en la Policía Municipal de Iguala, y el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa pudo haberse evitado.

¿Qué hizo la Fiscalía para investigar la desaparición de Gildardo, Luis Alfredo, Marlene y José Luis? ¿Qué fue de la camioneta negra en la que viajaron a Teloloapan?

Si la Fiscalía no hizo nada, pudo ser por varias razones: incompetencia, falta de recursos, carga excesiva de trabajo... o colusión con quienes los desaparecieron.

Eso no puede quedar en el olvido. Por un lado, para hacerle justicia a las víctimas y sus deudos. Por otro, para saber qué relación guardan esos hechos con la desaparición de los normalistas.

La PGR no sólo tiene que entregar los cuerpos ya a Andrea Modesto, sino jalar la madeja para ver, si por ese lado, consigue comprobar qué tanto estaba metida la Fiscalía de Guerrero y el gobierno estatal en los negocios criminales de Iguala.