Federalismo disfuncional

La primera década de este siglo pasará a ser conocida en la historia de la política mexicana como la de la orgía de poder de los gobernadores.

Hasta que el PRI perdió la Presidencia de la República en 2000, quien llegaba a una gubernatura era siempre por una decisión de partido corporativizada.

Llegaban los amigos del Presidente en turno (como el sonorense Carlos Armando Biebrich), los amigos del expresidente (como el bajacaliforniano Bob de la Madrid) y hasta los amigos de quien llegaría a ser Presidente (como el chiapaneco Patrocinio González Garrido).

También se cubrían con una gubernatura los pagos al partido (como sucedió con el guanajuatense Rafael Corrales Ayala), así como a los sectores y organizaciones aliadas del PRI (como el oaxaqueño Heladio Ramírez o el potosino Carlos Jonguitud).

Las excepciones, antes de 2000, fueron las gubernaturas ganadas por la oposición, la primera fue la de Baja California, en 1989.

A partir de que aparecieron los gobernadores pertenecientes a partidos distintos al del Presidente de la República, éstos empezaron a tener un trato especial, no de empleados del centro.

En los años 90 eran raros los conflictos públicos entre los gobernadores surgidos de la oposición y la Federación. Quizá el único destacable fue el del zacatecano Ricardo Monreal con el presidente Ernesto Zedillo.

En 1997 arrancó el activismo de dos gobernadores en pos de la candidatura presidencial de 2000: Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas.

A partir de que las cosas comenzaron a cambiar, varios gobernadores de origen priista se rebelaron al control que tradicionalmente se les había impuesto desde la Ciudad de México. En ese caso estuvieron, destacadamente, el tabasqueño Roberto Madrazo y el poblano Manuel Bartlett.

Con la alternancia en la Presidencia, y el debilitamiento de las funciones metaconstitucionales que por décadas había gozado el Ejecutivo, los gobernadores se fortalecieron en sus entidades. Y comenzaron a ver que, todos juntos, podían retar al poder del centro.

“El 1 de diciembre de 2000 el federalismo mexicano cambió dramáticamente”, escribió Guillermo M. Cejudo, profesor-investigador del CIDE en la revista Nexos de agosto de 2012.

“No hubo una reforma constitucional, ni se transformaron las competencias, los montos presupuestales o las responsabilidades de política pública. Lo que cambió con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia fue la relación política entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales.”

Al inicio del sexenio de Fox, más de la mitad de los estados nunca había tenido un gobernador que no fuera del PRI. Y apenas siete mandatarios estatales eran de la misma filiación política que el Presidente.

La descentralización financiera del Estado mexicano —que había comenzado, años atrás, con la transferencia de responsabilidades y recursos a los estados en materia de salud y educación—simplemente se aceleró.

En julio de 2002, se constituyó en Cancún, Quintana Roo, con la presencia o representación de todos los gobernadores que no eran panistas, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), un organismo que se convertiría en un jugador político primordial en los años de la alternancia, que entró en abierta competencia con Los Pinos por los reflectores, pero sobre todo por los recursos.

Los gobernadores se habían desecho del yugo que les había impuesto la Presidencia y comenzaron a acudir a San Lázaro para negociar su presupuesto.

El sexenio pasado se escuchaba un dicho entre los políticos encumbrados: “Yo no quiero ser Presidente, prefiero ser gobernador”.

Como desde 1997 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, el consenso en la construcción del presupuesto se ha dado en torno de la cantidad de recursos que corresponde a cada estado. En el ejercicio presupuestal más reciente, uno de cada tres pesos lo están ejerciendo estados y municipios (1.45 billones de pesos).

Disponer de esas cantidades de dinero convirtió a los gobernadores en caricaturas de señores feudales. Aunado a su poder económico, dos de las últimas tres sucesiones presidenciales (2000 y 2012) fueron decididas en favor de políticos que brincaron de la gubernatura a la candidatura a Los Pinos; la otra (2006) estuvo a punto de terminar igual.

Sin embargo, este nuevo federalismo no ha sido particularmente bueno para los ciudadanos como lo ha sido para los gobernadores y algunos alcaldes.

La autonomía de los gobernadores ha generado, citando a Cejudo, “un entramado complejísimo de políticas intergubernamentales con competencias empalmadas y no siempre bien definidas”.

Los gobernadores acumularon poder político y económico, pero su desempeño rara vez incidió en favor de la prosperidad de sus habitantes ni de la transparencia. Cada vez que ha habido problemas locales —como contingencias de orden climático—, los gobiernos estatales no han dudado en estirar la mano y pedir el auxilio de la Federación.

El actual modelo, que se forjó en los años de la alternancia parece estar haciendo explosión.

Una década de gobiernos perredistas en Guerrero, por citar un ejemplo, ha sido insuficiente para llevar desarrollo al estado. Y el actual fue incapaz de evitar una masacre como la de Iguala e investigarla con prontitud.

Si para lo único que sirven los gobiernos estatales es para gastar recursos que ellos casi nunca ayudan a recaudar, ¿no valdría la pena revisar en serio este disfuncional federalismo nuestro?