El oficio de adaptarse

“Los líderes de gobiernos, corporaciones y otras grandes organizaciones generalmente toman decisiones con la expectativa de que los resultados serán lo suficientemente exitosos para cumplir con los objetivos que se proponen. Sin embargo, con mucha frecuencia terminan decepcionados”.

Así arranca Crucial decisions, la obra clásica de Irving L. Janis, padre de la sicología organizacional y creador de la teoría del pensamiento de grupo. Es un libro que todo político debería leer.

De acuerdo con Janis, quien estudió el manejo de crisis en ocho gobiernos estadunidenses de la posguerra, los obstáculos impredecibles, los obstáculos incontrolables y los contragolpes de los adversarios pueden interferir drásticamente en los resultados de las políticas.

“En otros casos, las causas de un fracaso político pueden atribuirse a información engañosa que los tomadores de decisiones no tenían modo de saber que era errónea porque provenía de informes de inteligencia aparentemente confiables o de testimonios de expertos, sin evidencia de contradicciones o falta de consenso”, apunta el investigador, cuyo trabajo en las universidades de Yale y Berkeley le valió muchos reconocimientos.

En ese escenario, que Janis califica como “caos teórico”, los gobiernos y empresas que subsisten y salen adelante son los que mayor capacidad de adaptación demuestran ante los factores inesperados e incontrolables que alteran sus planes.

Algunos hechos ocurridos recientemente en México quizá puedan servir para comenzar a trazar una teoría de la eficacia política en este país.

Me refiero a la forma en la que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto salió del atolladero en los casos Tlatlaya e Instituto Politécnico Nacional, al convertir sendas crisis en oportunidades mediante el recurso de la adaptación al que se refiere Janis.

En el primer caso, hay quienes están convencidos de que las más altas instancias del gobierno federal estuvieron enteradas desde el principio de que lo ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya fue una ejecución extrajudicial premeditada de presuntos delincuentes cometida durante una revisión de rutina —o una acción deliberada de una patrulla del 102 Batallón de Infantería, infiltrada por un grupo delictivo rival— y decidieron encubrir los hechos.

Sin embargo, también hay quienes piensan que los hechos fueron resultado de la calentura de los soldados participantes en un enfrentamiento con civiles armados —no ha sido infrecuente que ellos disparen ante la aparición de militares, pues la posibilidad de negociar con ellos es mínima—; que los agresores fueron acribillados cuando ya no representaban una amenaza, y que el responsable de la patrulla sólo informó del ataque recibido, cosa que fue reproducida en el primer boletín de la Sedena.

Eso, esperemos, lo dilucidarán las pesquisas.

Sin embargo, lo que es un hecho es que la decisión que tomó el gobierno federal, a partir de que la agencia AP y la revista Esquire investigaron los hechos, fue no aferrarse a la primera versión oficial de lo sucedido. El Ejército y la PGR pusieron en marcha una serie de acciones que hoy hacen ver al gobierno como preocupado por el debido proceso y la defensa de los derechos humanos.

Si esto es real o ficticio resulta irrelevante, pues en política las apariencias son hechos que califican la realidad, como estableció Francis Bradley, desde finales del siglo XIX.

En el caso del Politécnico, el gobierno federal tenía las siguientes opciones: 1) respaldar las decisiones tomadas por la directora general del IPN, en cuanto a la aprobación del nuevo reglamento interno y la posterior suspensión de su promulgación, y 2) relevarla del proceso de negociación de la crisis que dicho reglamento había ocasionado en la comunidad politécnica, lo cual implicaba dar un tratamiento político a la situación.

A la doctora Yoloxóchitl Bustamante se le dio un tiempo razonable para lidiar con el problema que había creado, pero desde sus primeras declaraciones públicas dio la impresión de caer en la negación, por lo que tuvo que ser relevada.

El martes 30 fuimos testigos de dos hechos inéditos en la política mexicana: 1) una marcha de 60 mil politécnicos, que transcurrió con orden y respeto, al punto de que los mismos manifestantes se encargaron de recoger la basura que encontraron a su paso, y 2) la decisión del secretario de Gobernación, quien salió de su oficina para dialogar públicamente con los inconformes, acompañado del subsecretario Luis Miranda, quizá la persona más cercana al Presidente que trabaja en la administración pública.

El gobierno federal dio muestra de adaptarse a la nueva realidad. Una crisis, surgida en el seno de una de sus dependencias, fue convertida en oportunidad. Cedió sin perder. Y dio la apariencia —contra la que algunos hoy se pelean— de ser sensible a una causa abrazada por miles de estudiantes.

Otra vez, si esa preocupación es real o aparente es lo de menos. La imagen de Miguel Ángel Osorio Chong en el templete está por encima de cualquier debate sobre la interpretación de sus intenciones.

Cuando se habla de la legendaria eficacia política del PRI no se habla tanto de sus resultados sino de la capacidad de muchos políticos y gobernantes surgidos de ese partido —no de todos, evidentemente— de adaptarse a lo imprevisible y lo adverso.

Y ahí surge una diferencia con los dos gobiernos del PAN: aunque hayan tenido razón en decisiones como construir el nuevo aeropuerto en Atenco o combatir al crimen organizado, no supieron identificar los contratiempos y los contragolpes, y no revisaron su estrategia, o lo hicieron cuando ya era muy tarde.