Quiero creerle a Barbosa

A los políticos mexicanos les encanta estar del lado de la corrección política.

Por eso, cuando las cámaras apuntan, los vemos montados en una bicicleta. O cuando están frente a un micrófono dicen cosas como que les indigna el maltrato a los animales. Los políticos mexicanos dirán y harán todo lo que los haga ver bien ante la opinión pública… siempre y cuando eso salga en los medios.

El tema políticamente correcto de moda es el combate a la corrupción. Saben que la opinión pública aborrece el peculado, el patrimonialismo y otras formas de abuso del poder.

Pero también están conscientes de que la mayoría de la gente, porque no sabe por dónde empezar o porque ha terminado por aceptar que política y corrupción son sinónimos, no llevará su rechazo al terreno de la acción.

Por eso a muchos les basta hacer una declaración tronante contra la corrupción y los corruptos —y decir que ahora sí, ahora sí, ahora sí van a hacer algo al respecto— para cumplir con el trámite que impone la corrección política.

En días recientes, los medios se han llenado de declaraciones semejantes: sentencias fulminantes de que la corrupción llegó al límite y no puede seguir igual, y promesas conmovedoras de que pronto veremos en el terreno legislativo cómo se toman medidas al respecto.

Mientras tanto, somos testigos de cómo avanzan la opacidad y el cinismo. La más reciente, en el Senado, donde un legislador del PAN acusa a su coordinador de haber intentado sobornarlo, sólo para que, dos días después, el líder de ese partido afirme que todo es un vulgar invento de los medios.

Los expertos en el tema de la lucha contra la corrupción que Excélsior ha venido entrevistando desde finales de agosto no dejan lugar a dudas: la corrupción es un problema de raíces muy profundas, y se van a requerir más que simples declaraciones para ponerle un freno.

Probablemente el caso más grave de opacidad que existe en México en materia de rendición de cuentas está en el Congreso. No porque no la haya en los otros dos Poderes, o en los gobiernos estatales, las Legislaturas locales o en las administraciones municipales, sino porque los diputados federales y los senadores deberían ser los más transparentes y escrupulosos en el uso de los recursos públicos.

Pero no: no solamente se pierde la huella de uno de cada seis pesos que gasta la Cámara de Diputados —a eso ascienden las subvenciones ordinarias y extraordinarias a las bancadas, de acuerdo con un estudio de la consultora Integralia— sino que prácticamente cada año desde el inicio de este siglo, los diputados, que se fijan su propio presupuesto, votan por aumentarlo. Y 2015 no será la excepción.

En el cúmulo de declaraciones que le he leído y escuchado a los legisladores sobre el tema de la corrupción en días recientes, hay una que, me da la impresión, no obedece sólo a la corrección política.

Me refiero a lo dicho el jueves pasado por el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, el perredista Luis Miguel Barbosa Huerta.  

Quiero pensar que este hombre —que vio cerca la muerte el año pasado— ha entendido que la opacidad del Congreso es simplemente insostenible.

En conferencia de prensa, Barbosa anunció que habrá transparencia total en el Senado para que todos los ciudadanos puedan conocer los gastos en viajes, asesores, trabajadores administrativos e incluso en café que se realizan en la Cámara alta.

“Se hará una revisión de los procesos para mejorar la administración de los recursos del Senado y el Comité de Transparencia (que preside la senadora priista Arely Gómez) entregará un plan de trabajo (a la Mesa Directiva) para fortalecer el acceso a la información”, afirmó Barbosa.

“Se trata de establecer mecanismos para que el Senado cumpla cabalmente con lo que establece la ley en la materia y, al mismo tiempo, sirva para mejorar la percepción de los senadores ante la ciudadanía”, agregó el legislador poblano.

La tarea a la que se ha comprometido Barbosa públicamente es enorme. Porque, desde la construcción de su nueva sede hasta la compra de café de grano, el Senado es un hoyo negro en materia de administración.

Hace un año, la Mesa Directiva, que presidía el priista Raúl Cervantes, y la Junta de Coordinación Política, representada por el panista Jorge Luis Preciado, ofrecieron hacer pública toda la información administrativa de los órganos de gobierno del Senado… cosa que nunca ocurrió.

En los informes sobre las erogaciones siguen subsistiendo rubros como “servicios generales” sin que aclare a qué se refieren.

Pero no nos vayamos solamente al pasado. Hoy mismo, la Cámara de Senadores está pidiendo, como parte de su presupuesto para 2015, que se destinen mil 156 millones de pesos para los cinco grupos parlamentarios, ¡34% más que en 2014! Es justo el tipo de gastos sobre los cuales la rendición de cuentas es pobre o nula.

Personalmente, le tomo la palabra a Barbosa. Quiero creer que el compromiso público que ha hecho no es una simple declaración para salir del paso. Sabe que si no cumple, no faltará quién se lo reclame, pero si lo hace —y vence las resistencias que seguramente encontrará en el camino— despuntará entre muchos otros políticos y su horizonte se abrirá.

Anoche lo entrevisté para Titulares de la Noche de Excélsior Televisión. Fui al grano: “¿Vas en serio con esto o terminará siendo otra promesa incumplida?”.

Esto me respondió: “Mi objetivo es que el Senado tenga dos apellidos: transparente y austero”.

Quiero creerle, porque como él mismo dijo anoche, esas son cosas que ya se hicieron hace dos siglos en otros países. Como que ya es hora.