¿Qué hacemos con la corrupción? (II)

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Pascal Beltrán del Río 28/08/2014 01:34
¿Qué hacemos con la corrupción? (II)

Tras de hacerse del trono de España, en 1700, la dinastía de los Borbón quiso centralizar el poder en las colonias, que la Casa de Habsburgo había depositado en otras manos.

El 18 de julio de 1765, llegó a Veracruz el visitador José de Gálvez y Gallardo, enviado por el rey Carlos III para poner orden en la administración de la Nueva España y aplicar las reformas borbónicas.

Desde que el primer rey Borbón, Felipe V, envió en misión secreta al capitán de navío Jean de Monségur, a principios de ese siglo, la Corona sabía que la Nueva España era un nido de corrupción, y los virreyes, personajes nada honorables cuya propósito era enriquecerse.

Dos enviados de Gálvez en la península de Yucatán dieron fe de lo arraigado que estaba el contrabando. En las playas yucatecas, informaron Juan Valera y Francisco Corres, “cuantos más soldados, más contrabando”, refiriéndose a la presencia de militares que resguardaban el territorio.

En 1770, poco antes de volver a España, el poderoso visitador Gálvez dio su gran golpe contra la corrupción. Destituyó al administrador de rentas de Veracruz y lo envió detenido a La Habana, ordenando al virrey Carlos Francisco de Croix que autorizara el traslado.

Sirvan los pasajes anteriores para mostrar que la corrupción estaba enraizada en el territorio mexicano desde antes de que este país fuera independiente, pero sobre todo para ilustrar que las medidas para enfrentar ese mal no han dejado de ser, desde tiempos de la Colonia, castigos contra ciertos personajes —culpables o inocentes— que dejan intactas las causas de la corrupción.

¿Se acabó la corrupción en México con la detención y destierro del administrador de rentas de Veracruz (cuyo nombre era Martín José Alegría)? ¿Se acabó con el encarcelamiento del exdirector general de Pemex Jorge Díaz Serrano y otros políticos? Es evidente que no.

En respuesta a la Bitácora de ayer, algunos lectores señalaron que la corrupción es imposible de desarraigar, ya sea porque consideran que forma parte de la cultura nacional o porque la clase política no tiene ni tendrá la voluntad de enfrentarlo.

Yo, en cambio, creo que sí se puede. Y no lo digo por simple optimismo (que de eso tengo bastante) sino porque otros países, con problemas de corrupción tan graves como el nuestro, han podido.

Por ejemplo, la República de Georgia estaba plagada por la corrupción heredada de su pasado soviético, cuando recuperó su independencia en 1991. A raíz de la Revolución Rosa de 2003, emprendió un combate serio contra esa práctica en todos los niveles de la administración pública.

En 2005, la nación caucásica se encontraba en el lugar 130 (de 158) en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, y gracias a su empeño por deshacerse de ese lastre, subió al número 64 en apenas seis años.

El éxito georgiano en la lucha contra la corrupción, reconocido por el Banco Mundial, se basó en la puesta en práctica de medidas tanto preventivas como coercitivas, pero sobre todo en la voluntad política de sus autoridades de acabar con un fenómeno que, a decir de Naciones Unidas, “tiene un impacto desproporcionado en los pobres y los desfavorecidos” y afecta el tejido social.

Entre las medidas adoptadas por los georgianos está la tolerancia cero a los actos de corrupción, el fortalecimiento de las instituciones, el uso de la tecnología y la comunicación, y la simplificación administrativa, entre otras.

Si usted quiere conocer en detalle lo que ha hecho Georgia para combatir la corrupción, puede consultar el estudio Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms, que dio a conocer hace dos años el Banco Mundial (http://goo.gl/NoeTQ).

Otro ejemplo, incluso más reciente, es el de la lucha contra la corrupción en el Consejo General del Poder Judicial de España.

Su presidente, Carlos Lesmes Serrano, explicaba apenas el martes pasado, en una entrevista publicada en el diario El País, que la vacuna contra la tentación del patrimonialismo es la transparencia total.

“El antídoto contra la corrupción es abrir las puertas y ventanas de la instituciones”, afirmó.

El antecesor de Lesmes Serrano cayó de su puesto luego de que se supo que pagaba con dinero público sus viajes de fin de semana.

El nuevo presidente cree que, además de la transparencia, es necesario fomentar una conciencia pública despierta y exigente frente a la corrupción.

Dijo: “Las leyes por sí mismas no pueden atajar estos problemas. Pueden paliarlos, pero no eliminarlos. Es precisa una conciencia sensible frente a los comportamientos corruptos a través de la propia manifestación del voto y la exigencia de la sociedad”.

No hay excusa para no comenzar a luchar seriamente contra la corrupción en México. Hablar de ella no es suficiente, pues no desaparecerá por acto de magia. Hay que actuar y hacerlo desde todos los frentes.

Por supuesto, desde el Legislativo, que tiene que afinar procedimientos y sanciones contra los corruptos. Pero también desde el Ejecutivo, que debe tener un mensaje inequívoco de que no tolerará esas prácticas y proceder en consecuencia, lo cual incluye abrir las puertas y ventanas de todas las dependencias.

Y no olvidemos lo que puede y debe hacer la sociedad mediante la exigencia a sus autoridades, pero también en la contención de la corrupción socialmente tolerada, la que cotidianamente se practica en las calles y en las filas de las oficinas públicas.

Porque, no nos hagamos, esa también existe.

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