¿Qué hacemos con la corrupción? (I)

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Pascal Beltrán del Río 27/08/2014 01:29
¿Qué hacemos con la corrupción? (I)

Como la mayoría de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, la corrupción ha sido sobrediagnosticada.

Nadie niega el problema —igual que los de la desigualdad y el rezago educativo—, pero los acuerdos en la arena política y las ideas en el seno de la sociedad para enfrentar la corrupción suelen ser escasos.

Han pasado 31 años desde que el gobierno de Miguel de la Madrid declaró la guerra a este mal mediante su programa de “renovación moral de la sociedad”.

Como el propio expresidente reconoce en sus memorias (Cambio de rumbo, 2004), le tocó asumir el poder en un ambiente de linchamiento de su predecesor, y “la convicción popular de que los problemas actuales de México (se debían) al mal manejo de Pemex”.

Un dilema para De la Madrid al inicio de su gobierno era qué hacer con el exdirector de esa paraestatal, Jorge Díaz Serrano, quien aparecía ante la opinión pública como “claramente culpable” de la enorme corrupción que se había producido en el sexenio anterior.

Rememora el expresidente: “La cosa no es tan fácil. Se requieren pruebas concretas. El trámite tiene que ser ortodoxo, y es difícil pensar que Díaz Serrano, como director de Pemex, haya firmado algún papel que pueda constituir prueba en su contra.

“Yo no puedo actuar fuera de la ley en este caso, aunque amplios sectores de la opinión pública continúen condicionándome su confianza a que castigue a los corruptos”.

Finalmente, Díaz Serrano fue a la cárcel, luego de ser desaforado como senador, el 30 de julio de 1983. Permaneció cinco años en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, acusado de la compra de dos barcos que generó un quebranto al erario.

Tres décadas después de ese hecho, está claro que la corrupción del sector público goza de cabal salud y que la gran mayoría de las políticas y reformas legales adoptadas para hacerle frente han sido inútiles o han servido como pretexto para la vendetta.

Ni siquiera la alternancia en la Presidencia de la República —que generó tantas expectativas sobre la eliminación de prácticas típicas de la era autoritaria, como el patrimonialismo— pudo dar al traste con el mal uso de los recursos públicos y el abuso del poder para llenar los bolsillos de los funcionarios y sus socios y familiares.

De hecho, la repartición del pastel político entre un mayor número de jugadores —que, por desgracia, ha sido el signo más visible de la alternancia mexicana— parece haber desatado el apetito voraz de quienes antes no tenían lugar en el festín de la corrupción.

Para quienes pensaban —y me cuento entre ellos— que el advenimiento de la democracia daría lugar a una nueva camada de servidores públicos, marcada por una pasión por servir y no servirse de los cargos que la ciudadanía les confía, lo ocurrido en las últimas tres décadas en materia de lucha contra la corrupción resulta sumamente decepcionante.

Bajemos por un momento al nivel municipal (o delegacional en el DF): ahí siguen vendiéndose los permisos para abrir negocios y las inspecciones siguen siendo pretexto para la mordida.

La corrupción no es monopolio de partido alguno. El caso de la construcción de una sucursal de la cadena Walmart en San Juan Teotihuacán —que remonta a 2004—, exhibió cómo toca la corrupción a las tres principales fuerzas políticas.

De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, a fin de obtener los permisos para acelerar la apertura del negocio, un intermediario de la empresa estadunidense corrompió a funcionarios de los tres niveles: municipal (PRD), estatal (PRI) y federal (PAN).

Otra señal de lo boyante que está la corrupción es el hecho de que, en los últimos años, muy pocos servidores públicos hayan sido procesados o siquiera inhabilitados como resultado de pesquisas contra el mal uso de recursos del erario o por haber sacado ventaja de su posición.

Cómo no recordar las palabras de Francisco Barrio, extitular de la Secretaría de la Función Pública —la desaparecida dependencia que se fundó durante la época de la “renovación moral”—, quien aseguró que iría por los “peces gordos” de la corrupción y los metería a la cárcel.

Desde entonces, apenas unos cuantos charales han caído en las redes, y no sé a usted, pero a mí generalmente me queda la impresión de que quienes caen no son necesariamente los beneficiarios principales de los actos de corrupción sino quienes han caído de la gracia de los poderosos o resultan el hilo más delgado de la cuerda.

Los casos los conocemos todos. Ninguno de los partidos actuales es inocente de procurar la corrupción, pero ésta tampoco fue inventada por alguno de ellos.

En el siglo XVII la corrupción fue un problema tan grande en la Nueva España y otras colonias de ultramar que en las Reales Cédulas promulgadas por el rey Felipe V en 1707, conocidas como los Decretos de Nueva Planta, había disposiciones para combatirla.

Y en los escritos de Jean de Monségur, capitán de navío francés enviado por Felipe V en misión secreta a la Nueva España, se puede leer que los virreyes no eran personas honorables sino funcionarios cuya principal misión era hacerse rico en el corto plazo.

Pero no tiene mucho sentido escudriñar en la historia de la corrupción en México ni debatir cómo se implantó en el país ni filosofar sobre su naturaleza si no hay disposición de ponerle freno.

¿Tiene solución la corrupción? Yo creo que sí. Otros países han avanzado mucho contra ella, como expondré aquí mañana.

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