Michoacán: mismo diagnóstico, distinto tratamiento

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Pascal Beltrán del Río 21/08/2014 00:51
Michoacán: mismo diagnóstico, distinto tratamiento

Las investigaciones que han realizado los gobiernos federal y estatal en el último año sobre la expansión de la delincuencia en Michoacán parecen tener conclusiones similares a las que llegó el gobierno federal el sexenio pasado.

Las instituciones estaban corroídas. Los intereses delincuenciales habían penetrado las esferas del poder político sobre todo a través de los ayuntamientos. Muchos alcaldes estaban sometidos, obligados a entregar el control de la policía municipal, pero también varias funciones de la administración pública local, como el otorgamiento de licencias para operar establecimientos comerciales.

La extorsión sentó sus reales en Michoacán, junto con otros giros delincuenciales, como producción y tráfico de drogas y secuestro.

El panorama que encontró en Michoacán el comisionado federal para la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, luego de su nombramiento en enero pasado, no difiere sustancialmente —quitando el fenómeno de las autodefensas— del que encontró Felipe Calderón cuando tomó la Presidencia en diciembre de 2006.

Sin embargo, si bien la enfermedad detectada por el expresidente parece ser la misma que siguió afectando la vida pública en Michoacán durante los siguientes seis años, el tratamiento que uno y otro gobierno recetaron al estado sí es distinto.

El expresidente Calderón ordenó un amplio despliegue militar en Michoacán, una virtual ocupación de la plaza por parte de soldados y marinos, que comenzó el 11 de diciembre de 2006.

Si bien el llamado Operativo Conjunto Michoacán pareció pacificar momentáneamente el estado, con el tiempo ocurrieron dos fenómenos: las cifras de incidencia delincuencial se dispararon y aparecieron múltiples quejas por violaciones a los derechos humanos.

Es decir, Michoacán no solamente se volvió más inseguro sino que la población comenzó a señalar a quienes habían llegado a rescatarla de los criminales —no sólo los militares sino, especialmente, la Policía Federal— como parte del problema.

En 2006, último año del gobierno del presidente Vicente Fox, se cometieron en Michoacán —de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— 15 mil 374 robos, cuatro mil 193 lesiones, 661 homicidios dolosos, 16 secuestros y 238 violaciones. Para 2010, los números, en ese mismo orden eran 16 mil 937, cuatro mil 521, 661, 136 y 354. Es decir, cuatro años después, la inseguridad en el estado estaba igual o peor.

Cuando tuvo un diagnóstico más preciso de lo que ocurría en Michoacán —sobre todo gracias a escuchas telefónicas hechas por la PGR—, el gobierno federal ordenó, en mayo de 2009, la captura de 11 presidentes municipales y 16 funcionarios públicos de la entidad, por presuntos nexos con criminales, en un operativo que ha pasado a la historia con el nombre de Michoacanazo.

Con el tiempo, todos los detenidos quedarían libres. Unos afirman que esto ocurrió por la mala integración de expedientes y el uso de testigos protegidos por parte de la PGR, mientras otros sostienen que los acusados fueron exonerados por jueces que también estaban coludidos con la delincuencia.

El caso es que el Michoacanazo poco hizo por remediar la situación de inseguridad que vivía, y enturbió el ambiente político.

Personalmente, no dudo que los detenidos en el Michoacanazo, igual que muchos otros políticos del estado, hayan estado involucrados con la delincuencia, por voluntad propia o bajo presión.

He podido hablar con exfuncionarios federales de la época y he conocido algunos de los datos con que contaban y creo que al menos existían fuertes indicios de lo que se les acusaba.

Esa impresión se refuerza, ahora, con la detención —no de golpe, sino a cuentagotas— de diversos alcaldes y funcionarios.

La nota principal de Excélsior ayer fue que este año ya han caído 146 políticos en la entidad, sujetos a proceso por diversos delitos. Entre ellos está el exgobernador interino Jesús Reyna García.

Cabe esperar que las acusaciones contra todos estos personajes —también están los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Aguililla y Huetamo, entre otros— se sostengan ante un juez.

Llama la atención que muchos de los políticos acusados hayan sido detenidos luego de la revelación de videos en los que aparecen conversando con delincuentes, particularmente con Servando Gómez, La Tuta, el líder de los Caballeros Templarios.

El martes, el comisionado Castillo decía que la justicia no debe ser rehén de los videos y que, con éstos y sin éstos, se ha actuado en contra de los funcionarios que tienen pendientes con la ley. Y agregó que los videos deben vincularse con otras pruebas para ayudar a armar una investigación que derive en una orden de aprehensión.

Habiendo pocas razones para dudar de la penetración del crimen organizado en las instituciones en Michoacán, es de celebrarse que los funcionarios que la hubieran permitido estén ahora enfrentando a la justicia.

El diagnóstico que en su momento hizo el gobierno de Felipe Calderón hoy parece el correcto. No se equivocó. El tratamiento que utilizó no funcionó, y quizá agravó la salud del enfermo.

Desde principios de año se ha optado por un tratamiento distinto, no una terapia de shock, como la del sexenio pasado, sino una medicina que se aplica y actúa a largo plazo. Hasta ahora, a juzgar por los síntomas, parece estar dando resultado... aunque aún no podamos cantar victoria.

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