Chalchihuapan: los hechos

En diferentes ocasiones he comentado en este espacio la tendencia que existe en la opinión pública mexicana de hacer debates en torno de suposiciones más que de datos duros.

Los acontecimientos del miércoles 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, son una nueva exhibición de esa costumbre. Se ha creado una narrativa de lo ocurrido durante el desalojo de una protesta en la carretera Puebla-Atlixco a la altura de esa población.

La versión difundida, por la diputada federal Roxana Luna, entre otras personas, sostiene que elementos de la Policía Estatal disolvieron violentamente una manifestación pacífica y que, al hacerlo, usaron balas de goma que causaron la muerte de un menor.

Esa versión también pretende hacer creer que la aprobación de una ley para regular el uso de la fuerza pública fue el antecedente y pretexto para realizar un acto represivo ese día; y que la Policía Estatal fue enviada al lugar porque no había intenciones de resolver mediante el diálogo la inconformidad de los pobladores.

Sin embargo, una revisión de las evidencias gráficas y auditivas de lo ocurrido entre las 13:40 y las 18:00 horas en la autopista permiten poner en duda, cuando no desmentir tajantemente, lo que muchas personas —incluyendo algunos comunicadores— asumen con grado de certeza.

Como lo que a mí me importa son los hechos, tomé la decisión de no escribir sobre lo ocurrido en tanto no tuviera la máxima información posible.

El siguiente es un resumen de lo que encontré:

Lo que origina los hechos es una ley promovida por un diputado de la anterior Legislatura estatal —el panista Mario Gerardo Riestra Piña— para quitarle a las juntas auxiliares municipales del estado el manejo del Servicio del Registro Civil.

En Puebla existen 647 juntas similares que funcionan como órganos desconcentrados de los 217 municipios, muy a la manera de las tenencias en Michoacán o las congregaciones en Veracruz.

Las juntas atienden las necesidades de la población que vive fuera de las cabeceras municipales. En ocasiones, la población de una junta es superior a la de la cabecera.

En el caso del Registro Civil, el gobierno estatal expide las actas pero antes de las modificaciones legales —que recién entraron en vigor— las entregaba en blanco a las juntas auxiliares para que éstas las usaran para dar fe de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, etcétera. Una de las razones que propiciaron el cambio del marco legal es que se comenzó a detectar la clonación de actas y el registro de nacimientos falsos en la entidad.

Muchas de esas actas terminaron en manos de migrantes extranjeros, al punto de que existe una alerta sobre actas de nacimiento poblanas en las oficinas que expiden pasaportes mexicanos.

De las 647 juntas auxiliares, el cambio generó una inconformidad en apenas una decena de ellas.

La protesta de Chalchihuapan fue una de las tres que tuvieron lugar ese día en Puebla y la única donde estalló la violencia.

A las 13:40, un miembro de la Policía Estatal pidió a los manifestantes, que ya bloqueaban la autopista —cosa que es delito— formar una comisión para dialogar. Esto fue rechazado. A las 13:54, se les dio un ultimátum para desalojar la vía.

En los videos puede observarse que, al cumplirse el plazo, los cerca de 300 policías comenzaron a avanzar hacia los manifestantes y éstos, en respuesta, les lanzaron piedras. De inmediato, los policías arrojaron granadas de mano de gas lacrimógeno, lo que hizo que los manifestantes se reagruparan en un puente que pasa sobre la autopista. Cuando los policías reabrieron la vía a la circulación, los pobladores arrojaron piedras a los vehículos particulares.

Esa acción llevó a los policías a avanzar sobre el puente, pero, cuando lo tomaron, fueron atacados con piedras y cohetones desde uno y otro lado. Paulatinamente, la fuerza pública se vio en desventaja, sobre todo cuando llegaron más habitantes de la localidad. Dos policías fueron retenidos por los manifestantes y golpeados salvajemente, con sus propios toletes y con piedras.

El resto de ellos emprendió la huida, bajando por la pendiente del puente, esperando a que llegaran refuerzos. Éstos llegaron a bordo de camionetas, en las que llevaban siete lanzadores de granadas de gas lacrimógeno, que serían disparadas en total 140 veces.

A las 14:35 horas, cuando los policías aún ocupaban el puente sobre la autopista, a unos 80 metros de ahí, en un lugar donde los videos y fotos no muestran presencia policiaca, el joven José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, de 13 años de edad, es herido en la cabeza. A las 14:45 es atendido por socorristas y subido en una ambulancia. A las 14:58 ingresa en el Hospital General de Cholula.

La diputada Luna y sus simpatizantes dicen que el joven fue alcanzado por una “bala de goma” de la policía. El gobierno estatal, que rechaza tener ese tipo de balas en su arsenal, defiende la tesis de que fue un cohetón de los propios manifestantes lo que hirió a Tehuatle.

Trágicamente, el joven falleció el 18 de julio, luego de sufrir muerte cerebral.

Es imposible para mí establecer qué fue lo que lo hirió. Escribo sólo lo que pude averiguar.

Porque así lo establece la ley, el gobierno estatal está obligado a investigar exhaustivamente las circunstancias de la muerte del menor y llevar ante la justicia a quien(es) la haya(n) ocasionado.

Y porque es lo ético, todos deberían abstenerse de distorsionar los hechos de Chalchihuapan, o especular sobre ellos, por razones políticas o las que sean.