Exgobernadores y justicia

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Pascal Beltrán del Río 13/05/2014 01:38
Exgobernadores y  justicia

La semana pasada, con motivo del encarcelamiento de los exgobernadores Jesús Reyna García —cuya situación jurídica se define hoy— y Luis Armando Reynoso Femat, comenté aquí que nunca habían caído tantos exmandatarios estatales en un solo sexenio.

Si a los casos anteriores agregamos los de Mario Villanueva Madrid —quien purga sentencia en un penal de Ohio, Estados Unidos— y Andrés Granier Melo, llegó a haber cuatro exgobernadores en prisión al mismo tiempo, aunque la lista se redujo momentáneamente a tres, con la libertad bajo fianza otorgada a Reynoso.

El único antecedente que podemos encontrar de dos o más procesos penales contra exmandatarios estatales ocurrió en el sexenio de Luis Echeverría, cuando fueron encausados el sonorense Carlos Armando Biebrich y el guerrerense Israel Nogueda.

Durante la etapa autoritaria del país, no era raro que hubiera conflictos entre el Presidente y algunos gobernadores. La razón principal era que esos mandatarios estatales, que debían su cargo al anterior Ejecutivo, se hubieran equivocado de aspirante en la sucesión presidencial.

Sin embargo, los Presidentes de aquel tiempo tenían un catálogo de opciones para lidiar con los gobernadores sin tener que encarcelarlos.

El hidalguense Manuel Sánchez Vite y el presidente Luis Echeverría habían tenido muy malas relaciones antes de que éste llegara a Los Pinos. Para hacer peores las cosas, el primero había apostado por Emilio Martínez Manautou en la sucesión presidencial.

La forma de resolver ese conflicto fue que Sánchez Vite perdiera el liderazgo del SNTE y que viera caer, por la vía de la desaparición de poderes, al hombre que quiso dejar como su sucesor en la gubernatura de Hidalgo, Otoniel Miranda.

Pero cuando un gobernador renunciaba y, además, era encarcelado, es que había mucho más de fondo. Esos casos servían para materializar el dicho de que un político iba a prisión no por lo que había hecho sino por a quién se lo había hecho.

Lo que hizo Carlos Armando Biebrich a Luis Echeverría sigue siendo, a 38 años de su caída como gobernador de Sonora, uno de los temas más debatidos de la historia del sistema político mexicano.

Político precoz, Biebrich pasó en dos sexenios de ser dirigente juvenil del PRI en su estado a gobernador. Fue diputado federal en la XLVII Legislatura (1967-1970) donde llamó la atención del entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría.

El futuro candidato presidencial hizo a Biebrich secretario auxiliar en Bucareli, cargo para el que no tuvo que dejar la diputación federal. Luego fue ascendido a secretario particular en la campaña.

Tras de la toma de posesión de Echeverría, el sonorense —entonces de 31 años de edad— fue nombrado subsecretario de Gobernación. Su relación con el titular de la dependencia, Mario Moya Palencia, se fue volviendo cada vez más cercana.

En 1972 se reformó el artículo 70 de la Constitución del estado de Sonora para reducir la edad mínima para ser gobernador. Una modificación, hecha en 1954, había fijado el requisito en 35 años, lo cual impedía que Biebrich pudiera ser aspirante a la gubernatura en las elecciones de 1973.

Hecha la reforma a la medida, Biebrich fue candidato sin opositores. A la toma de posesión, fijada para el 13 de septiembre, se esperaba que acudiera Luis Echeverría. Sin embargo, el golpe de Estado en Chile, dos días antes, hizo que el Presidente tuviera un cambio súbito de planes.

Cuenta que cuando Echeverría consultó con Biebrich quién le gustaría que lo reemplazara en la toma de posesión, el gobernador entrante respondió de inmediato que Moya Palencia. Esto aparentemente produjo sospechas respecto de su lealtad, cosa que tendría consecuencias.

El 22 de septiembre de 1975 se dio a conocer que José López Portillo sería el candidato presidencial del PRI. El destape dejó sin oportunidad a Moya Palencia, quien también aspiraba a la candidatura, y significó el principio del fin de Biebrich en la gubernatura.

El 23 de octubre se produjo una matanza de campesinos invasores de tierras en el poblado de San Ignacio Río Muerto, en el Valle del Yaqui. Dos días después, Biebrich renunciaba a la gubernatura.

Pero el asunto no paró ahí. El gobernador interino de Sonora, a través de su procurador, César Tapia Quijada, integró una investigación contra Biebrich, a fin de acusarlo de peculado y abuso de autoridad, entre otros delitos.

El 26 de enero de 1976 se giró una orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, quien huyó del país antes de que pudiera ejecutarse. En el expediente lo acusaron de robarse 11 lingotes de plata así como casi 11 millones de pesos provenientes del gobierno federal para paliar la sequía, entre otros cargos.

Biebrich tardaría dos sexenios en ser exonerado y cuatro sexenios en reemprender su carrera política.

Hoy estamos en otro tiempo. Ahora que los exgobernadores van más fácilmente o en mayor número a la cárcel que en el pasado, el reto es que ese tipo de sanciones se vuelvan parte de un esfuerzo sistemático para apuntalar el Estado de derecho y abatir la impunidad, y no la continuación de una práctica que sólo buscaba aplacar escándalos o cumplir venganzas políticas.

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