Cuidado con el tren

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Pascal Beltrán del Río 13/03/2014 02:30
Cuidado con el tren

Será una obviedad pero, dados los antecedentes, más vale recordarlo:

Los recursos que administran los gobiernos provienen en gran medida de los impuestos. No son suyos.

Si el costo final de una obra pública pasa de 17 mil 500 millones a 26 mil millones de pesos, una explicación a los contribuyentes, completa y sin tardanza, resulta indispensable.

Más aún si dicha obra —la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México— tiene que dejar de funcionar, después de 16 meses de su inauguración porque en ese lapso, dice la autoridad, se ha vuelto peligrosa para la seguridad de sus usuarios.

Con la información pública disponible no se sabe si las fallas en más de la mitad de la Línea 12 son de índole estructural o tienen que ver con la calidad de los materiales usados o fueron generadas por haber adquirido trenes no compatibles.

Eso supuestamente lo dará a conocer un peritaje que ha encargado el Gobierno del Distrito Federal a dos empresas europeas, que pagará —adivinó usted— el contribuyente, que, por cierto, también pagó el proceso de supervisión que hizo un consorcio alemán antes de la inauguración de la Línea 12, el 30 de octubre de 2012.

El contribuyente también tiene derecho a saber qué tanto se puso en riesgo la seguridad de los usuarios durante el tiempo que operó la Línea 12 hasta que el gobierno capitalino dispuso el cierre de 11 de sus 20 estaciones.

Y tendría que ser informado si el parentesco entre el anterior director del Metro y un vicepresidente de una de las empresas constructoras de la Línea 12 —detectado por la Auditoría Superior de la Federación— es una simple coincidencia.

Sólo por comparar, ¿por qué el proyecto del Crossrail Line de Londres, que incluye trenes de alta velocidad y estará listo en 2019, tendrá un costo por kilómetro de apenas el doble del de la Línea 12?

El mensaje que México envía al mundo, con la suspensión del servicio de una línea del Metro nueva —algo que no había ocurrido en los 47 años del Sistema de Transporte Colectivo—, es que este país es incapaz de hacer algo bien.

La conclusión es injusta porque México tiene sobrada capacidad técnica para obras de ingeniería. Basta decir que la Ciudad de México tuvo Metro antes que muchas urbes del continente, entre ellas Washington, Los Ángeles, Santiago y Sao Paulo.

Lo que ocurre, en realidad, es que la obra pública en este país, lamentablemente, choca a menudo con los usos y costumbres de la política: tramitología, corrupción, megalomanía y cálculo electoral.

Detrás del proyecto de la Línea 12 siempre estuvo presente la necesidad de lucimiento de los gobiernos federal y del Distrito Federal, las partes que aportaron recursos para su construcción.

La Línea Dorada o Bicentenario, como se le quiso bautizar, aparecía en los spots promocionales de uno y otro gobierno cuando aún estaba en construcción.

Y fue irresistible para el entonces Presidente de la República y el entonces jefe de Gobierno capitalino asistir a su inauguración, cortar el listón y tomarse la foto rodeados de funcionarios locales y federales.

Pero como ha venido ocurriendo con muchas obras en esta capital en años recientes, la fiebre por inaugurar supera a la obligación de revisar que los trabajos estén bien hechos.

Así pasó con la remodelación de avenida Juárez, que tuvo que hacerse dos veces; y también, con la construcción de la primera línea del Metrobús, donde fue necesario levantar el pavimento y colocar concreto porque a alguien se le olvidó que una unidad de 18 metros de largo de esa red de transporte pesa 30 toneladas, demasiado para lo que aguanta el asfalto.

En meses recientes, a los mexicanos les han estallado en el rostro errores provocados por muchos años de malas prácticas en la administración pública, la tradicional indolencia de sus funcionarios y el descrédito en que ha caído la necesidad de vivir en un Estado de derecho.

Lo sucedido con Línea 12 es un ejemplo doloroso de ello: el mal uso de recursos públicos, ya sea por corrupción o negligencia o ambas.

Es tiempo de recordar a autoridades de todos los niveles que los recursos que administran no son suyos. Y que los errores o corruptelas como los de la Línea 12 —ojalá sepamos pronto ante qué estamos—no tienen por qué ser cubiertos por el erario sino por quienes causaron el daño.

Apuntes al margen

Lo escribí en su momento y lo reitero hoy: el imperio de la ley es una condición indispensable para vivir en paz y no puede ser sustituido por ánimos justicieros, aunque sea entendible la irritación ciudadana con la ineficacia de las policías.

Lo que está ocurriendo en Michoacán con el movimiento de las autodefensas es la consecuencia lógica de consentir que personas armadas, que no forman parte de los cuerpos de seguridad, tomen la justicia en sus manos.

Los asesinatos que presuntamente han cometido miembros de las autodefensas son una llamada de atención —que parece estar atendiendo el gobierno federal— para detener una aventura justiciera que podría terminar como las malas experiencias del paramilitarismo en América Latina.

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