Los dos entierros de El Chayo

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Pascal Beltrán del Río 11/03/2014 01:25
Los dos entierros de El Chayo

La noticia del domingo por la tarde no era que hubieran matado, “ahora sí”, a Nazario El Chayo Moreno, sino que durante más de tres años el líder templario haya pasado por muerto, mientras seguía coordinando actividades delictivas en Michoacán y otras partes del país.

Y no es que hayan faltado señales sobre su existencia desde el 10 de diciembre de 2010, cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón dio a conocer que fuerzas federales lo habían abatido en las inmediaciones de Apatzingán.

Menos de un año después, fue detenido en Zamora el abogado Mario Buenrostro Quiroz, miembro del grupo de Los Aboytes, una célula de La Familia Michoacana, la organización criminal de la que se escindieron Los Caballeros Templarios.

Buenrostro, quien había actuado como representante legal de algunos detenidos de La Familia, así como cobrador de extorsiones en el Estado de México, dijo a la Procuraduría General de Justicia mexiquense —que fue la que lo presentó y consignó, el 11 de octubre de 2011— que él había acudido a una reunión con la cúpula de Los Caballeros Templarios, poco después de la separación de los dos grupos, y afirmó que El Chayo continuaba con vida.

El interrogatorio fue videograbado por la Procuraduría mexiquense cuando ésta era encabezada por Alfredo Castillo, el hoy comisionado para Michoacán.

En sus respuestas, el detenido dio una serie de pistas sobre la creación de Los Caballeros Templarios, así como el nombre de un poblado en Tumbiscatío, Michoacán —cercano a donde fue muerto, “ahora sí”, El Chayo— en el que se habría llevado a cabo una reunión del consejo de la organización en el verano de 2011.

El video lleva colgado más de dos años en YouTube. Formó parte de la evidencia que llevó a este diario a publicar una nota de primera plana, en su edición del 27 de noviembre de 2012 —antes de la finalización del sexenio de Calderón—, en la que se dio a conocer la posibilidad de que Nazario Moreno no hubiera muerto.

Otro dato que indicaba que el líder templario seguía vivo provino del interrogatorio de Juan Carlos Muñoz Vargas, El Pariente, jefe de plaza de La Familia Michoacana en el oriente del Estado de México y quien antes había controlado las operaciones del grupo en el sur de la entidad, zona que colinda con Michoacán y Guerrero.

Muñoz Vargas fue detenido en agosto de 2012, cuando circulaba sobre el paseo Tollocan, en Toluca. Se le vinculaba con 23 asesinatos y el manejo del tráfico de drogas y las extorsiones en Neza, Chicoloapan y otros municipios de la zona.

Es decir, las autoridades federales del sexenio anterior tuvieron información y tiempo para corregir el dato de la muerte de El Chayo. O cuando menos para matizarlo.

Con lo que conocemos del caso, es imposible afirmar que mintió Alejandro Poiré, quien se desempeñaba como vocero para temas de seguridad, cuando dijo contar con “diversos elementos de información” para “señalar que cayó abatido Nazario Moreno González”.

No puede descartarse que una cadena de datos erróneos llevó al funcionario a hacer tal aseveración, que luego sería replicada por otros altos miembros del gobierno, incluyendo el presidente Felipe Calderón.

Pero sí existe lo suficiente para pedir un deslinde de responsabilidades.

Y uno que vaya más allá de la explicación que dio en Twitter el propio Poiré (“los elementos al alcance de la Secretaría Técnica en diciembre de 2010 no fueron lo suficientemente precisos”).

También tendría que aclararse, por parte de los funcionarios del sexenio anterior y el actual, por qué sigue intocado un eslabón fundamental de la cadena que permite la actividad del crimen organizado: la corrupción de las autoridades.

En su interrogatorio ante la Procuraduría mexiquense, en octubre de 2011, el abogado Buenrostro Quiroz reconoció, a pregunta expresa, los pagos hechos a autoridades por parte del grupo delictivo en el que él se desempeñaba.

Sin dar nombres, mencionó a autoridades municipales y estatales. “Y la PGR… esa es de cajón”, agregó. “A la PGR, se le daba”.

No sobra decirlo: estas palabras fueron lo suficientemente valiosas para el entonces procurador mexiquense Alfredo Castillo, que decidió que se conocieran públicamente.

¿Qué hará el actual gobierno con declaraciones como esa, que tiene que ver con la PGR cuando su titular era Marisela Morales?

¿Las meterá en el cajón de anécdotas folclóricas contadas por un delincuente o llamará a cuentas a los funcionarios encargados de la seguridad en las zonas como Michoacán y el oriente del Estado de México, donde el crimen organizado ha aterrorizado o sigue aterrorizando a la población mediante secuestros y extorsiones?

Retomo las palabras que el escritor y periodista italiano Roberto Saviano dijo a mi compañero Carlo Pini y que publicó ayer Excélsior:

“Si México quiere quedarse con El Chapo (en lugar de extraditarlo a Estados Unidos) debe entonces emprender una revolución judicial que le permita a la ley indagar en la política. Si esto no ocurre en México, no habrá un renacimiento”.

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