Homofobia legal, no sólo en Rusia y Uganda

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Pascal Beltrán del Río 10/03/2014 01:47
Homofobia legal, no sólo en Rusia  y Uganda

La criminalización de la homosexualidad ha avanzado en el mundo en meses recientes.

Las legislaciones antigay aprobadas en Rusia, en junio pasado, y en Uganda, hace dos semanas, contemplan severas penas de cárcel no sólo para quien practica una preferencia distinta de la heterosexual sino incluso para quien hable de ella.

Sin embargo, no es necesario cruzar el océano para encontrar semejantes manifestaciones de odio inscritas en la ley.

En el caso de México, basta cruzar el puente internacional que une a las poblaciones de Subteniente López, Quintana Roo, y Santa Elena, Belice. En el país centroamericano existe un vestigio del código penal británico del siglo XIX, que expresamente prohíbe y sanciona la homosexualidad.

El artículo 53 del código penal beliceño prevé una pena de diez años en prisión para quien incurra en “relaciones carnales contra el orden natural”. Y el artículo 5 de la ley migratoria prohíbe la entrada en el país de homosexuales o personas que hayan percibido ingresos por “conductas homosexuales”.

En mayo del año pasado, Caleb Orozco, activista por los derechos sexuales, acudió ante la Suprema Corte de Belice para cuestionar la constitucionalidad de dichos preceptos, que provienen de la época colonial del país y son similares a los que existen en Guyana y algunas naciones caribeñas que estuvieron bajo la tutela británica.

La acción legal, que aún no ha sido resuelta, se encontró con la oposición frontal de las iglesias evangélicas beliceñas e incluso de muchos sacerdotes católicos. Durante una marcha de grupos opuestos a la modificación de las leyes antigay en el distrito de Toledo, en el extremo sur del país, se exhibió una horca y un muñeco colgado, sobre el que se escribió “UniBAM”, las siglas de la organización que denuncia la homofobia y lucha por su proscripción.

Igual que ocurre en Uganda, en Belice son los pastores evangélicos estadunidenses quienes levantan la voz para condenar la homosexualidad.

Uno de ellos es el texano Scott Stirm quien ha dicho a los medios que “la enorme mayoría del pueblo de Belice no quiere que las motivaciones secretas de los homosexuales sean legalizadas aquí”.

Belize Action, el grupo de Stirm, tiene nexos con una asociación cristiana estadunidense encabezada por la teleevangelista Patricia King, quien a su vez tiene vínculos con Sarah Palin, la excandidata a vicepresidenta de Estados Unidos y una de las figuras más destacadas del movimiento Tea Party.

Stirm ha dicho que el artículo 53 es “una buena ley que defiende la dignidad humana”.

En su oposición a cualquier cambio a la ley, el pastor ha llegado al punto de atacar al primer ministro beliceño, Dean Barrow, quien —durante la celebración de la independencia del país, en septiembre pasado— dijo que su gobierno protegería los derechos de todos los ciudadanos del país, al margen de su preferencia sexual.

“El gobierno respetará el derecho de las iglesias de propagar sus ideas sobre moralidad, o inmoralidad, y homosexualidad, pero el gobierno no puede rehuir a su deber de garantizar que todos los ciudadanos, sin excepción, gocen de la plena protección de la ley”, afirmó el mandatario.

Y mientras los bandos debaten qué hacer con la vetusta legislación —el caso podría ir hasta la Corte de Justicia del Caribe, de la que Belice forma parte—, los gays beliceños son blanco de actos de hostigamiento por su preferencia sexual.

Éstos han ido más allá de las amenazas o los golpes, como las que ha conocido de sobra el activista Caleb Orozco. El 13 de enero pasado, en la Ciudad de Belice, un travesti fue asesinado a plena luz del día.

Joseph Sánchez, de 18 años de edad, iba a una fiesta, cuando fue mortalmente herido. Aunque la policía atribuyó el asesinato a un robo, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los hechos diciendo, en un comunicado, que “nadie debe ser agredido por quien es o por quien ama”.

Claramente, para encontrar la homofobia no es necesario ir a Uganda o Rusia. La puede uno encontrar en México mismo, o en Belice, donde ha resistido más de un siglo y cuarto inscrita en la ley.

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