Comisiones y omisiones

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Pascal Beltrán del Río 05/02/2014 02:11
Comisiones y omisiones

En México, hace mucho que el abandono o la ineficiencia por parte de la autoridad se busca subsanar mediante estrategias o programas especiales que, con los años, sólo son recordados por el enorme gasto público que originaron.

Pensemos en las medidas extraordinarias que aplicó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en Michoacán y La Laguna, zonas donde el Presidente había perdido las elecciones.

En el caso de la segunda, se echó a andar el llamado Plan Nueva Laguna, el 22 de septiembre de 1989, que contemplaba miles de acciones en el campo y las ciudades para “sacar adelante” a la Comarca.

Ese día, en Torreón, Salinas se comprometió a que su proyecto fuera “prueba de nuestra vocación histórica de hacer de la incertidumbre, e incluso de la adversidad, oportunidad de cambio para el progreso y de progreso para hacer justicia”.

Un cuarto de siglo después, como pueden atestiguar sobradamente los laguneros, poco o nada quedó de esas promesas. El plan fracasó y una de las principales razones fue que, desde el inicio, lo movía el interés clientelar.

Al final, de lo único que se trató fue de recuperar los votos perdidos ante Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1988.

En el tema de la lucha contra el secuestro podemos encontrar resultados similares si revisamos las estrategias especiales mediante las cuales se buscó atacar ese flagelo en años anteriores.

Cuando en 2008 se decidió que hubiera una unidad antisecuestros en cada entidad del país, Sinaloa ya llevaba un trecho del camino andado.

El secuestro del empresario Ildefonso Salido Ibarra, en agosto de 2000, conmovió a la sociedad sinaloense, que vivía azotada por ese delito. Ese fue el origen de la creación de la Unidad Especial Antisecuestros (UEA), quizá la primera que existió a nivel estatal en el país.

Para encabezarla, el entonces gobernador Juan S. Millán designó a Iván Alejandro Ortega Colmenares. El llamado Comandante Simón llegó a Sinaloa envuelto en un aire de misterio. Venezolano de origen —o al menos eso decía—, le encantaba hacerle al cuento: en sus primeras apariciones públicas usó pasamontañas.

Se marchó al final de sexenio y dejó tras de sí una cauda de señalamientos por malos manejos. Se le acusó de haberse aprovechado del cargo para vender al gobierno estatal equipo de su empresa de seguridad. También se dijo que había cobrado favores a algunas de las víctimas.

La UEA logró sobrevivir dos cambios de administración en Culiacán. Sin embargo, se ha caracterizado por ser un ente caro y poco eficiente. Datos recientes del diario El Debate indican que el titular de la Unidad gana casi lo mismo que el procurador del estado y las secretarias perciben lo mismo que un agente del Ministerio Público.

En 2011, primer año del gobierno de Mario López Valdez, la incidencia de secuestros alcanzó el mismo nivel que en 2001, cuando se creó la UEA: 25.

No extraña, pues, que la organización México Unido Contra la Delincuencia haya colocado a la UEA sinaloense entre las seis con peor desempeño en el país, junto con las de Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz.

Hoy estamos ante la confirmación de la tendencia sexenal de atender los problemas desbordados del país mediante estrategias extraordinarias y comisiones especiales.

La crisis de seguridad que vivimos es imposible de negar. Pero es importante reconocer en ella la falta de constancia en la aplicación de la ley.

Cuando se dan a conocer planes o estrategias especiales para atender tal o cual problemática es porque las instituciones no cumplen las funciones para las que fueron creadas, porque los recursos públicos no se gastan bien y porque se ha permitido que reine la impunidad.

Para salir de la crisis que han provocado la inseguridad en Michoacán y el aumento explosivo en los secuestros, es necesario revertir las tres realidades anteriores.

Las comisiones especiales para Michoacán y contra el secuestro no pueden ser un borrón y cuenta nueva.

Al tiempo que se atienden los fenómenos coyunturales de violencia, es necesario diagnosticar las ineficiencias, omisiones, abusos y actos de corrupción que condujeron a la situación actual.

Simultáneamente, enviar una señal clara de que no se permitirá más la impunidad y que el cumplimiento de la ley no es discrecional.

Y eso significa castigar a los responsables de extorsiones, secuestros, asesinatos y otros delitos, pero también a los funcionarios que no cumplieron con su deber ni rindieron cuentas del presupuesto gastado, como los 453 millones de pesos destinados a las unidades antisecuestro el sexenio pasado.

De otro modo, dentro de cinco, diez o 25 años estaremos lamentando otra oportunidad perdida para tapar los pozos que continuamente vuelven a abrirse. Y estaremos echando a andar otra estrategia extraordinaria, otra comisión especial.

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