¿Es imposible aplicar la ley?

A menudo he argumentado en este espacio que la resistencia de muchos mexicanos para cumplir con las leyes no tiene su explicación en la cultura o la biología, como creen algunos. Simplemente es resultado de la forma en la que hemos decidido organizarnos.

Me parecieron terribles las escenas del domingo pasado, de policías municipales de Múgica (Nueva Italia), Michoacán, acostados boca abajo, con las manos en la nuca, sometidos por personas armadas que dicen estar luchando contra las acciones de grupos criminales.

Qué irónico es que se viole la ley con el pretexto de castigar a otros que la han transgredido. Y que, encima, haya quien lo justifique y lo solape.

Imágenes como esas tienen un efecto muy negativo sobre la vigencia del Estado de derecho.

¿De verdad podrán más el influyentismo, la corrección política, el victimismo, la discrecionalidad y la conveniencia de los gobernantes que la ley?

Afortunadamente no siempre es así. Cualquiera que haya sido sorprendido manejando en estado de ebriedad al pasar por alguno de los puntos móviles de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol en esta capital sabe que de la red del alcoholímetro no se escapa nadie.

No importa que sea líder de un partido político o personalidad del mundo del espectáculo, ex secretario de Estado o reina de belleza, diputado o senador, ciudadano mexicano o extranjero, hombre o mujer, joven o viejo, pobre o rico… Nadie que rebase el límite tolerado de consumo de alcohol para conductores en la prueba de alcoholemia se salva de la sanción administrativa.

¿Cuál es ésta? Como sabe prácticamente cualquier capitalino, el arresto administrativo inconmutable del infractor, por un lapso de entre 12 y 36 horas, determinado por un juez cívico.

No hay vuelta de hoja: si al soplar por la boquilla del Intoxilyzer 400P aparece que el nivel de alcohol en su cuerpo rebasa la norma de 0.4 mililitros —para conductores de autos particulares—, usted será remitido al Centro de Sanciones Administrativas conocido como El Torito.

En los poco más de diez años que ha operado el Programa Conduce Sin Alcohol no han sido raros los casos de personas famosas que son remitidas. Tampoco los de conductores que intentan corromper al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o que lo amenazan con hacer uso del influyentismo para evitar la sanción.

En 2013, casi 20 mil conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia, en los puntos de revisión del programa, que pasaron de diez a 20 y funcionaron a lo largo de los festejos de fin de año.

Desde que se echó a andar el alcoholímetro en la Ciudad de México, 137 mil individuos han sido sancionados por manejar en estado de ebriedad. Pero, más importante que eso, se han reducido en 70 por ciento las muertes por accidentes provocados por conductores alcoholizados.

Este programa demuestra que sí hay modo de aplicar la ley de manera pareja. El alcoholímetro no discrimina ni abre la puerta a casos de excepción mediante la discrecionalidad de un funcionario. Así deberían aplicarse todas las leyes.

Además, el programa infunde respeto. Quien se topa repentinamente con un punto de revisión se encuentra con personal bien entrenado, generalmente cortés pero firme. Y sabe que si ha bebido de más, tendrá que pasarse unas horas en El Torito, por mucho que eche mano de un amparo que sólo le permitirá cumplir la sanción en otro momento.

A veces da la impresión de que el alcoholímetro es lo único que funciona bien en este país en materia de leyes y reglamentos.

Para casi todo lo demás parece haber excepciones o formas de evitar su cumplimiento. Por ejemplo, si usted no cumplió con sus obligaciones fiscales, no se preocupe pues podrá beneficiarse de prórrogas y descuentos.

Y a fuerza de minar la respetabilidad de los cuerpos de seguridad pública —y eso, por desgracia, incluye a las Fuerzas Armadas— no hay muchos encargados del orden a los que la ciudadanía tome en serio.

Por eso los miembros de las autodefensas michoacanas y guerrerenses pueden andar armados por las carreteras. Por eso muchos manifestantes pueden bloquear calles por días enteros, destruir bienes públicos y hasta agredir físicamente a la policía. Contra eso hay pocas o nulas sanciones, o así ha sido hasta ahora (ya veremos si es atendido el emplazamiento lanzado ayer por el secretario de Gobernación a las autodefensas).

¿Es imposible aplicar la ley en México? Yo no lo creo, pero implica organizar a las instituciones encargadas de sancionar su incumplimiento de un modo que elimine la discrecionalidad y reduzca los casos de excepción, para así cerrar la puerta a la corrupción.

Y que cuando la autoridad diga que va a castigar a quien desacate una norma –si es que realmente hace falta anunciarlo—, que de verdad lo haga.